El abogado de inmigración Willy Allen aclaró este lunes, en un programa en vivo transmitido por CiberCuba, el Día de la Hispanidad, junto a la presentadora Tania Costa, que la audiencia del 9 de octubre en el caso de los 992 cubanos con formulario I-220A no produjo ninguna decisión judicial. Ese día simplemente venció el plazo para que el gobierno de Estados Unidos presentara sus argumentos, dijo.

«Todavía no hay una decisión y no iba a haberla ese día. Acuérdate que esa era la fecha tope para que el gobierno presentara sus argumentos de por qué no debe ser una acción general, por qué no debe ser una acción puntual», explicó Allen.

El gobierno presentó el 9 de octubre una nueva moción para desestimar la demanda enmendada Bello-Rubio v. Noem (expediente 1:25-cv-23665), ante la jueza federal Jacqueline Becerra, del Distrito Sur de Florida, argumentando falta de jurisdicción federal y ausencia de una reclamación jurídicamente válida.

Allen subrayó que la presentación de esa moción no equivale a que la demanda haya sido desestimada: la jueza aún debe revisar los argumentos de ambas partes antes de pronunciarse.

Ahora la pelota está del lado de los demandantes. Según Allen, el abogado Mark Prada y su equipo tienen hasta el 23 de octubre para responder a la moción gubernamental: «Ellos tienen el derecho, claro que lo van a tomar, van a responder a lo que el gobierno ha sometido. En este momento está todo en papeles».

Sobre los pasos siguientes, el abogado anticipó que la jueza Becerra probablemente no actuará de forma aislada. «Yo sospecho que la jueza lo que va a hacer es juntar todos los casos que hay pendientes y de ahí tomará una decisión futura».

El litigio tiene una cronología procesal intensa. La jueza rechazó una primera moción de desestimación el 10 de septiembre, permitiendo que el caso continuara. Una semana después, los demandantes presentaron una demanda enmendada, a la que el gobierno respondió con esta nueva moción.

El caso gira en torno a si el formulario I-220A —una orden de libertad bajo supervisión emitida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)— puede equipararse legalmente a un parole, requisito que permitiría a los demandantes solicitar la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano de 1966.

El gobierno sostiene que ningún tribunal puede convertir retroactivamente un I-220A en parole ni tiene autoridad para conceder la reparación solicitada. Estimaciones periodísticas sitúan entre 400,000 y 600,000 los cubanos en situación migratoria comparable a la de los demandantes, aunque la demanda actual solo representa a 992 personas.

En paralelo, Allen advirtió sobre el endurecimiento generalizado de las fianzas en casos de detención migratoria, vinculado a una decisión reciente de la Junta de Apelaciones de Inmigración publicada el 7 de octubre. Según el abogado, desde 2025 los jueces de inmigración han comenzado a negar fianzas usando multas de tráfico menores como pretexto. «Multas que nunca se hubieran tomado en serio en el pasado. Desde el año 2025 se han tomado como razones para negar fianza en detención».

La próxima fecha clave en el caso es el 23 de octubre, cuando los demandantes deben presentar su respuesta a la moción del gobierno, tras lo cual la jueza Becerra tendrá en sus manos los argumentos completos de ambas partes para tomar una decisión.

El caso de los cubanos con I-220A sigue en desarrollo. Para mantenerte al día con todo lo relacionado a procesos migratorios, visas y decisiones judiciales que afectan a la comunidad cubana, sigue la cobertura en Inmigración en EE.UU.