El régimen cubano despliega vehículos y efectivos de ETECSA en los puntos donde se producen protestas para cortar la señal de telefonía móvil e internet, impidiendo que los manifestantes filmen la represión o transmitan imágenes en vivo. Así lo denunció Alain Espinosa, abogado de la organización cubana de derechos humanos Cubalex, en declaraciones recientes que forman parte de un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según Espinosa, la maniobra tiene un propósito doble: evitar que las imágenes de la represión circulen en tiempo real y neutralizar el llamado «efecto contagio» que convirtió las protestas del 11 de julio de 2021 en un fenómeno masivo. «Tienen efectivos o carros de ETECSA que se mueven hasta el lugar de la protesta, inhiben la señal para que no haya filmaciones o no salgan las informaciones en vivo cuando ellos están reprimiendo», afirmó el abogado.

Espinosa subrayó en entrevista con Tania Costa, en CiberCuba, que aquel 11J fue masivo precisamente porque la información circuló de forma simultánea por todo el país. «Ese fue el detonante real de las protestas del 11 de julio: cuando la información fluyó de manera pareja en todo el país, las personas se fueron sumando paulatinamente y de manera espontánea». Ahora, dijo, el régimen ha incorporado la inhibición de señal como una evolución deliberada de su entramado represivo. «Lo que han hecho con esta nueva evolución de su entramado represivo es precisamente eliminar esa posibilidad».

Esta táctica se enmarca en el informe que Cubalex presentó ante la CIDH el 4 de agosto, que documenta 215 acciones verificables de militarización entre febrero y el 24 de julio de 2026. Los eventos registrados pasaron de diez en febrero a 54 en junio, y la organización sitúa el período mayo-julio en el nivel más alto de su escala propia, equivalente a la sustitución plena del orden civil por lógica militar.

Los cortes de internet durante protestas en Cuba tienen antecedentes documentados en múltiples ocasiones durante 2026. En mayo se registró una caída masiva en La Habana coincidiendo con manifestaciones por la crisis energética, y en junio se reportaron interrupciones en Centro Habana y Regla durante protestas por los apagones.

En el mismo fragmento, Espinosa abordó la estrategia del «efecto ejemplarizante». El régimen no apunta a líderes conocidos del activismo, sino a personas anónimas que participan en protestas —vecinos de barrio que tocan cacerolas— para enviar un mensaje disuasorio al resto de la población. «La seguridad del Estado, el gobierno cubano, como decimos en buen cubano, no da su objetivo. Su objetivo en este caso es poder llegar a ese tan ansiado efecto ejemplarizante», señaló.

El abogado lanzó además una advertencia directa a las familias de detenidos que guardan silencio creyendo que así reducen la condena de sus seres queridos. Tania Costa mencionó específicamente a vecinos del barrio Bahía, en La Habana del Este, presos por cacerolazos, cuyas familias se niegan a dar sus nombres públicamente por temor. «Tienen miedo, creen que si no dicen el nombre, si no se habla de ese muchacho, la sanción va a ser menor, lo van a soltar. Los están engañando», describió la situación.

Espinosa fue categórico al respecto: «Por supuesto que los están engañando y es algo en lo que desde Cubalex hemos insistido mucho». Explicó que la Seguridad del Estado recurre primero a presiones indirectas sobre los familiares antes de llegar a la amenaza directa, buscando siempre el efecto disuasorio sobre el conjunto de la población.

El contexto en que se producen estas denuncias es el más grave desde el 11J: Cuba alcanzó un récord histórico de 1,327 presos políticos al 31 de julio de 2026, según Prisoners Defenders, mientras Cubalex contabilizó casi dos mil acciones represivas en el primer semestre del año.