La represión contra la libertad de expresión en Cuba alcanzó durante 2025 uno de sus niveles más altos de los últimos años. Un informe del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) documentó 1.188 violaciones relacionadas con censura, hostigamiento, vigilancia, detenciones arbitrarias y restricciones impuestas contra periodistas, activistas y ciudadanos que ejercieron su derecho a informar o expresar opiniones críticas.
Según el balance anual de la organización, la cifra representa un incremento del 54,7 % respecto a los 768 casos registrados en 2024, reflejando una intensificación de los mecanismos de control utilizados por el régimen para limitar el espacio cívico y la circulación de información independiente.
El informe señala que, en promedio, se produjeron 99 agresiones mensuales contra la libertad de expresión y de prensa. Julio fue el período más crítico, con 184 incidentes documentados, convirtiéndose en el mes de mayor represión registrado en los últimos tres años.
Para ICLEP, este comportamiento confirma la existencia de una estrategia sistemática destinada a desalentar el activismo, restringir el trabajo periodístico y castigar cualquier manifestación pública de disenso.
La escalada comenzó a hacerse evidente a partir de marzo, cuando las violaciones documentadas se duplicaron respecto al mes anterior. El incremento coincidió con nuevas acciones contra integrantes de las Damas de Blanco, organización que continúa siendo uno de los principales objetivos de la persecución política en la Isla.
Durante los meses siguientes la tendencia continuó al alza hasta alcanzar un pico represivo en torno al aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021. En ese período se reportaron citaciones, vigilancia, restricciones de movimiento y bloqueos de comunicaciones contra periodistas y activistas.
El informe identifica a los activistas como uno de los grupos más afectados durante el año. También documenta un elevado número de acciones represivas contra integrantes de las Damas de Blanco, incluyendo amenazas, intimidación psicológica y vigilancia permanente.
Más allá de las detenciones o restricciones físicas, la organización advierte sobre el uso creciente de mecanismos de presión psicológica para fomentar la autocensura y limitar la participación ciudadana. Según ICLEP, estas prácticas impactan no solo a las víctimas directas, sino también a familiares y entornos cercanos.
En medio de la crisis económica y social que atraviesa el país, organizaciones defensoras de derechos humanos continúan alertando sobre el deterioro de las libertades fundamentales y la persistencia de la persecución contra periodistas independientes y voces críticas.
Fundación Robert A. Paneque
