Una trabajadora por cuenta propia denunció haber recibido una multa de 28.000 pesos cubanos por una supuesta violación relacionada con el etiquetado de mercancías: uno de los hisopos de un paquete tenía el precio visible y otro no.

Según relató la afectada a CiberCuba, durante una inspección las autoridades detectaron que uno de los productos carecía del precio marcado de forma individual. Aunque se trataba del mismo artículo y otro ejemplar sí mostraba el valor correspondiente, los inspectores procedieron a imponer la sanción.

Lo que más indignó a la trabajadora no fue únicamente el monto de la multa, equivalente a varios meses de ingresos para muchos cubanos, sino la explicación que recibió. Según su testimonio, los funcionarios le aseguraron que debían imponer la sanción porque ese dinero se utiliza para financiar el pago de las pensiones de los ancianos.

El caso vuelve a poner sobre la mesa las contradicciones del modelo económico cubano en momentos en que el régimen intenta proyectar una imagen de apertura y modernización.

Mientras altos funcionarios defienden la ampliación del espacio para la iniciativa privada y prometen un entorno más favorable para los emprendedores, en la práctica continúan aplicándose mecanismos de control y castigo que generan inseguridad y desconfianza.

La situación ilustra lo que algunos críticos describen como un sistema donde el Estado, incapaz de generar suficiente riqueza, termina dependiendo cada vez más de la presión fiscal, las multas y las sanciones sobre quienes producen bienes y servicios.

En lugar de incentivar el crecimiento económico y la creación de riqueza, el aparato burocrático castiga errores mínimos con penalizaciones desproporcionadas.

Para numerosos trabajadores privados, este tipo de medidas refleja una realidad difícil de conciliar con el discurso oficial sobre reformas económicas: mientras se habla de apertura, las inspecciones y multas continúan siendo una de las principales amenazas para quienes intentan ganarse la vida por cuenta propia en Cuba.