176 medidas para robarse un país
El régimen cubano propone 176 medidas económicas que podrían replicar el modelo de privatización soviético, favoreciendo a la élite gobernante con información privilegiada y control político.
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Por Luis Flores
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Lo que el régimen cubano presentó el 18 de junio como «la gran transformación económica de Cuba» es, en el fondo, el mismo truco que usaron los jerarcas soviéticos para quedarse con todo cuando cayó la URSS. Solo que esta vez lo están haciendo con más cuidado.
El 18 de junio de 2026, la dictadura cubana presentó ante la Asamblea Nacional un paquete de 176 medidas económicas. En los medios oficiales lo llamaron histórico. Hablaron de apertura, de descentralización, de reconocer al mercado. Algunos analistas lo celebraron como un paso hacia la normalidad económica.
No lo es.
Cuando uno se sienta a leer las 176 medidas con calma, una por una, aparece un patrón que no tiene nada de nuevo. Es exactamente lo que pasó en Rusia entre 1992 y 1998, cuando los jefes del Partido Comunista soviético usaron el caos de la caída de la URSS para quedarse con las fábricas, los bancos, las minas y las tierras que supuestamente eran «del pueblo». El resultado fue la oligarquía rusa: un puñado de personas que en cinco años se hicieron con la riqueza que tardaron generaciones en construir trescientos millones de soviéticos.
En Cuba el proceso va a ser más ordenado, más silencioso y más difícil de revertir. Pero el destino final es el mismo.
Primero, la lección de historia
Para entender lo que se viene en Cuba, hay que entender cómo los soviéticos crearon a sus oligarcas.
Cuando colapsó la URSS, el Estado era dueño de absolutamente todo: fábricas, bancos, tierras, hoteles, puertos, refinerías de petróleo. El gobierno de Yeltsin anunció que iba a repartir esa riqueza entre el pueblo. A cada ciudadano ruso le dieron un papel —lo llamaron «voucher»— con el que podía comprar acciones de las empresas estatales que se iban a privatizar.
Suena bonito. La realidad fue otra.
Los directores de esas empresas —que eran los mismos cuadros del Partido de siempre— sabían exactamente cuánto valía cada fábrica, cada banco, cada pozo de petróleo. El ciudadano común no tenía ni idea. Muchos necesitaban dinero urgente para comer. Entonces los directores y los funcionarios del Partido les compraban los vouchers por casi nada, acumulaban miles y miles de esos papeles, y con ellos se quedaban con las empresas.
En cinco años, los jefes del Partido se convirtieron en dueños de imperios. Los demás soviéticos quedaron en la miseria.
Ahora, lo que dice el papel cubano
Las 176 medidas están escritas en el lenguaje enredado de los burócratas. Pero cuando uno las traduce al español de verdad, el mensaje es claro.
«Transformar la empresa estatal en sociedad por acciones»
Esta es la más importante de todas, aunque casi nadie la está discutiendo. Lo que dice, en cristiano, es lo siguiente: las empresas que hoy son del Estado cubano van a emitir acciones. Esas acciones se podrán comprar. Y el documento dice que podrán comprarlas empresas y personas particulares.
¿Quiénes van a comprar esas acciones? Los que mandan las empresas ahora mismo.
En Cuba existen los llamados «grandes jefes de los conglomerados estatales» —los que supervisan grupos de empresas del Estado: los de la industria azucarera, los de los laboratorios, los del turismo, los de las importaciones. Esos señores conocen desde adentro cuánto vale cada empresa que controlan. Saben qué tiene deudas, qué tiene activos, qué contrato acaba de firmarse, qué instalación está por revalorizarse.
Cuando las acciones salgan al mercado, ellos van a comprar primero y mejor. Con información que el ciudadano común no tiene. Exactamente como hicieron los directores soviéticos en 1992.
«Programa Nacional de Valoración de Activos»
Antes de privatizar, hay que poner precio a las cosas. El paquete crea un programa para hacer un inventario de todos los bienes del Estado y ponerles valor.
El problema es quién pone ese valor.
En Cuba no hay jueces independientes. No hay prensa libre que pueda investigar. No hay organismo de control que no obedezca al Partido. Entonces las personas que van a tasar las empresas son designadas por el mismo aparato que luego va a beneficiarse de esas tasaciones.
En Rusia tasaron deliberadamente barato. Una refinería de petróleo que valía mil millones de dólares la pusieron en diez millones. El que la compró hizo el negocio del siglo. El pueblo soviético pagó la diferencia.
El mismo documento también habla de «arrendar activos subutilizados a largo plazo». Cuando el arrendamiento es por cincuenta o noventa y nueve años, ya no es arrendamiento. Es propiedad con otro nombre.
«Usufructo de la tierra por tiempo indeterminado, sin límite de extensión»
Hoy, quien recibe tierra del Estado en Cuba tiene que trabajarla para mantener el derecho de usarla. La nueva medida elimina ese requisito. Y además no pone ningún límite a cuántas hectáreas puede pedir una sola persona o empresa.
Sin tope de extensión y sin obligación de trabajarla, la puerta queda abierta para que los conectados acumulen miles de hectáreas, no para producir comida, sino para especular. Para esperar a que la tierra valga más y venderla después.
Los cubanos que llevan años pidiendo una parcela para sembrar malanga van a seguir esperando. Los que conocen al funcionario que firma las solicitudes van a recibir las mejores tierras sin trabajarlas nunca.
«Bancos privados»
El paquete autoriza la creación de bancos privados en Cuba.
Quien controla el crédito controla quién puede crecer y quién no. Si las licencias para crear bancos privados van a parar —como es lógico esperar en una dictadura sin transparencia— a los mismos de siempre, esos bancos prestarán dinero a sus propios dueños para que compren más empresas, y le pondrán trabas al que no sea de confianza.
En Rusia los oligarcas crearon sus propios bancos, usaron los ahorros de la gente para prestarse dinero a ellos mismos, compraron empresas del Estado con ese dinero, y cuando los bancos quebraron, los depositantes perdieron todo. Los empresarios, no: ya habían transferido los activos.
«Devaluaciones sucesivas. Las empresas que no soporten serán liquidadas»
Esta frase del paquete cambiario es la que más daño puede hacer a la gente de a pie.
Una devaluación brusca destruye el valor de los ahorros en pesos. El que tiene su dinero guardado en pesos cubanos amanece más pobre. El que tiene sus ahorros en dólares o en activos reales —tierra, equipos, propiedades— no pierde nada.
¿Quién sabe cuándo va a ocurrir la devaluación? Los mismos que la van a ordenar. Ellos se protegen antes. Los demás se enteran después.
Y las empresas que quiebren por la devaluación quedarán disponibles a precio de remate. Sus activos los comprarán los que tienen dinero. Los que tienen dinero son los conectados.
«Activos turísticos: aprobación caso a caso»
El turismo en Cuba —hoteles, cayos, marinas— ya está en manos del GAESA, el holding empresarial de las Fuerzas Armadas. El nuevo paquete permite «concesiones de áreas y venta de inmuebles» en zonas turísticas.
Y entonces aparece la frase que lo dice todo: «aprobación caso a caso».
No hay licitación pública. No hay criterios transparentes. No hay competencia abierta. Cada hotel, cada cayo, cada marina turística se adjudicará por decisión de un funcionario, sin que nadie pueda cuestionarlo ni recurrirlo. El mejor cayo de Cuba no irá al mejor proyecto. Irá al que mejor conozca al funcionario que firma.
¿Quiénes van a ser los oligarcas cubanos?
No hace falta adivinar mucho. El perfil está claro.
Los grandes jefes de las empresas estatales tienen la información privilegiada para comprar barato y bien. Los militares del GAESA, que ya controlan el turismo, las importaciones y buena parte del comercio minorista, van a recibir títulos legales de propiedad sobre activos que ya manejan de facto. Los cuadros del Partido con años de acceso a divisas y con familia fuera de Cuba van a invertir el dinero que acumularon en el exterior.
El propio paquete crea un «Programa de Inversión para cubanos residentes en el exterior». Algunos de esos cubanos son emigrantes trabajadores que no tienen nada. Pero otros son familiares de funcionarios que llevan años sacando dinero del país. Para ellos, ese programa es la puerta de regreso con intereses.
La diferencia con la URSS: aquí el desorden está bajo control
Hay un detalle que distingue lo que viene en Cuba de lo que pasó en la URSS, y ese detalle no es bueno para los cubanos.
En la naciente Rusia el proceso fue caótico. El Estado colapsó. En medio del desorden, algunos actores sin vínculos directos al Partido también encontraron oportunidades. Hubo violencia. Hubo sorpresas.
En Cuba el proceso lo están diseñando desde arriba los mismos que llevan sesenta años controlando todo. No habrá caos. No habrá colapso. Habrá una transferencia ordenada, silenciosa y completamente legal —legal según las leyes que ellos mismos escriben— de los bienes del pueblo cubano al bolsillo de la nomenklatura.
Cuando termine, los nuevos dueños tendrán escrituras. Tendrán títulos. Tendrán abogados. Y cualquier intento de revertirlo se enfrentará a la misma respuesta que usaron los oligarcas rusos cuando alguien quiso quitarles lo que habían robado: «Está todo legal. Aquí están los papeles.»
Lo que está en juego
Cuba es un país pequeño, pero sus activos son considerables: tierras agrícolas, litoral costero, infraestructura hotelera, instalaciones industriales, capital humano calificado. Todo eso hoy es, en teoría, propiedad del pueblo cubano.
Las 176 medidas son el mecanismo para transferir esa riqueza a unas pocas manos. No a las del emprendedor que montó su negocio desde cero, no al campesino que lleva décadas trabajando la tierra, no al médico que cobró en pesos toda su vida.
A las manos de los que ya mandaban. Solo que ahora con títulos de propiedad.
Los soviéticos tardaron diez años en entender lo que les había pasado. Para entonces los activos ya no tenían dueño recuperable.
Cuba tiene la ventaja de que el proceso acaba de comenzar. Y tiene el ejemplo de Rusia para no necesitar repetir el error.
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