La periodista independiente cubana Camila Acosta y su esposo, el escritor y exprisionero político Ángel Santiesteban Prats, fueron citados por la Policía para el jueves 19 de noviembre, después de que las autoridades les comunicaran que ambos enfrentan una denuncia por el supuesto delito de “atentado”.
Acosta informó este martes en sus redes sociales que recibió una llamada telefónica de un hombre que se identificó como el coronel Márquez, jefe de la unidad policial de Zapata y C, en La Habana.
Según explicó, el oficial les indicó que debían presentarse a las 10:00 a. m. en esa estación, donde el capitán Pileta les ofrecería más detalles sobre la acusación.
“Desconocemos los motivos de esta nueva acción represiva en nuestra contra”, señaló la reportera, quien considera que la citación podría tener como objetivo instruirles de cargos.
De acuerdo con el artículo 182 del Código Penal cubano, el delito de atentado contempla penas de entre dos y cinco años de prisión para quienes empleen violencia o intimidación contra una autoridad, funcionario público o sus agentes, en relación con el ejercicio de sus funciones. Se trata de un delito usado con fines políticos en la isla.
Acosta cuestionó la utilización de esta figura penal contra ambos y aseguró que ni ella ni su esposo han cometido delito alguno. “Nuestra única ‘infracción’ se basa en ejercer la libertad de expresión y denunciar las violaciones de derechos humanos en Cuba, así como en exponer a quienes las ejercen”, manifestó.
En declaraciones ampliadas al medio independiente CubaNet, Acosta expresó sus sospechas de que la acusación pudiera estar relacionada con un video que grabó a finales de octubre, cuando un presunto agente de la Seguridad del Estado le impidió salir de su vivienda sin mostrar una orden judicial.
La periodista recordó que ese incidente precedió a su detención del 3 de noviembre, cuando fue interceptada por agentes mientras se dirigía al veterinario con su mascota. Tras permanecer varias horas detenida e incomunicada en una estación policial, recibió un acta de advertencia por el supuesto delito de “actos contra la intimidad personal y familiar”.
Acosta también denunció que las autoridades intentaron responsabilizarla de presuntas amenazas contra familiares del agente que había grabado. Sin embargo, rechazó cualquier vínculo con esos hechos y cuestionó que su esposo también esté incluido en la denuncia, pues, según explicó, Santiesteban no estuvo presente durante el incidente ni durante su detención.
“Lo que sí es seguro es que es otro montaje más de la Seguridad del Estado para presionarnos, ya bien sea a abandonar nuestro activismo, nuestra labor como periodistas independientes”, declaró a CubaNet.
Nueva presión contra Santiesteban tras condena judicial
La acusación contra la pareja llega pocos días después de que Santiesteban fuera condenado, junto a otros tres miembros de la masonería cubana, por el supuesto delito de tráfico ilegal de divisas.
El pasado 5 de noviembre, el Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre, en La Habana, le impuso dos años de limitación de libertad y una multa de 20.000 pesos cubanos. El proceso estuvo relacionado con dos operaciones de cambio de moneda que involucraron un total de 300 dólares pertenecientes al Asilo Nacional Masónico Llansó.
Santiesteban, actual soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba, fue uno de los cuatro masones procesados en una causa que también terminó con condenas de entre dos y cuatro años de limitación de libertad para los implicados.
El escritor ha rechazado las acusaciones y ha denunciado que el proceso responde a una persecución política para apartarlo de la dirección de la masonería cubana. La sentencia también incluyó la prohibición de salida del país y la inhabilitación para ejercer cargos u oficios.
Años de hostigamiento contra Camila Acosta
Por su parte, Camila Acosta lleva años enfrentando detenciones arbitrarias, interrogatorios, vigilancia, restricciones de movimiento y otras formas de hostigamiento por su trabajo como periodista independiente.
La reportera de CubaNet y corresponsal del diario español ABC comenzó a sufrir presiones de la Seguridad del Estado poco después de incorporarse al periodismo independiente en 2019. Desde entonces ha denunciado arrestos, amenazas, multas y daños a sus equipos de trabajo, así como intentos de las autoridades de forzarla a abandonar el país.
En las últimas semanas, la persecución contra la periodista se ha intensificado, con restricciones para salir de su vivienda y nuevos episodios de detención e intimidación.
Acosta considera que la nueva acusación contra ella y su esposo forma parte de una ofensiva más amplia contra las voces críticas dentro de la Isla.
“El régimen cubano ha iniciado una ola represiva al estilo ‘cacería de brujas’ contra todas las voces disidentes dentro de la Isla”, denunció. Según afirmó, las autoridades pretenden silenciarlos, llevarlos a prisión o forzarlos al exilio.
