EE.UU. sanciona a dos empresas chinas por suministrar equipos al Ejército cubano

El Departamento de Estado de EE.UU. designó este jueves a dos compañías chinas por haber suministrado componentes y equipos militares al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR), en una nueva ronda de sanciones que en total afecta a ocho entidades, dos individuos y cinco buques identificados como propiedad bloqueada, según el comunicado oficial del Departamento de Estado.
Las dos empresas chinas designadas son China National Electronic Import and Export Company (CEIEC), empresa estatal exportadora de electrónica de defensa y sistemas de seguridad, y Beijing H&C Technologies Co., Ltd., filial de China Electronics Technology Group Corporation International con sede en el distrito de Xicheng de Pekín. Ambas actuaron como proveedoras del ejército cubano a través de la empresa cubana Sociedad Mercantil Duna S.A., que ya había sido sancionada el 6 de agosto por facilitar importaciones de armamento desde China y Rusia al MINFAR.
CEIEC no es desconocida para las autoridades estadounidenses. En noviembre de 2020, el Departamento del Tesoro ya la había sancionado por apoyar al entonces gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela con tecnología de vigilancia digital —descrita en aquel momento como una versión comercializada del «Gran Cortafuegos» chino— para restringir el acceso a internet y perseguir a opositores. Su redesignación ahora por el Departamento de Estado revela un patrón sostenido de apoyo a regímenes autoritarios aliados de Pekín en el hemisferio occidental.
La designación de Beijing H&C Technologies marca la primera vez que una filial de China Electronics Technology Group Corporation International es sancionada en relación con Cuba.
Además de las dos empresas chinas, las sanciones apuntan a redes de transporte petrolero vinculadas al régimen. Fueron designados Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja y cuatro compañías marítimas: CAROIL Transport Marine Ltd (Chipre), TENTACOOL Commercial Inc (Panamá), Internacional Marítima S.A. y PETROMARCA, ambas cubanas. Los cinco buques bloqueados son el Esperanza, el Gloria C, el Maria Cristina, el Emilia y el Lourdes.
El Departamento de Estado también sancionó a Any Rodríguez Lastres, hija de la presidenta del conglomerado militar GAESA, Ania Guillermina Lastres Morera, quien ya estaba previamente designada. Rodríguez Lastres ejerció como directora comercial de la Terminal de Contenedores de Mariel S.A. El comunicado señala que los allegados al régimen y sus familiares «continúan lucrándose del control que ejerce la dictadura sobre la economía de la isla, a través de redes opacas vinculadas a GAESA».
Dos entidades estatales cubanas del sector tecnológico también quedaron en la lista: CUBAELECTRÓNICA, importadora de suministros para la industria electrónica, y TECNOSIME, dedicada a actividades comerciales y de servicios técnicos que generan ingresos para el Estado.
Paralelamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro emitió una determinación que amplía el alcance potencial de las medidas: a partir de ahora, cualquier persona extranjera que opere en los sectores cubanos de manufactura, tecnología, electrónica y actividad marítima puede ser objeto de sanciones. El Departamento de Estado aclaró que la medida «apunta al régimen y a quienes lo facilitan, no al pueblo cubano», y que el comercio humanitario —alimentos, medicamentos y dispositivos médicos— sigue autorizado.
Todas las designaciones se realizaron bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Trump el 1 de mayo de 2026, que autoriza sanciones contra personas vinculadas a la represión en Cuba y a amenazas a la seguridad nacional estadounidense. Esta acción se inscribe en una campaña escalonada contra las redes petroleras y militares del régimen que Washington ha intensificado a lo largo de 2026, respaldada por el informe del Departamento de Estado «Cuba: The Capital of 21st Century Communism», publicado en julio, que documenta cómo China opera tres de las 18 instalaciones cubanas de inteligencia de señales conocidas y califica esa presencia como un «riesgo agudo» para la seguridad militar operativa de EE.UU.
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