El Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR), una de las principales organizaciones de defensa de los derechos civiles de los musulmanes en Estados Unidos, anunció la suspensión de sus operaciones en Florida después de que las autoridades estatales lo designaran como organización terrorista doméstica, una decisión impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, confirmó este jueves en su cuenta de X la suspensión de actividades con un breve mensaje: «CAIR ha suspendido oficialmente sus operaciones en Florida».

La organización confirmó la decisión mediante un aviso publicado en su sitio web oficial, donde responsabilizó directamente a DeSantis y a otros funcionarios estatales de haber creado las condiciones que la obligaron a detener su trabajo.

«Hemos suspendido nuestras operaciones en Florida debido a la aplicación infundada e inconstitucional, por parte del gobernador DeSantis y otros funcionarios estatales, de las nuevas y sin precedentes leyes del estado sobre organizaciones terroristas domésticas», expresó CAIR.

La entidad anunció que continuará su batalla legal contra la designación, con la representación de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el Southern Poverty Law Center (Centro Legal para la Pobreza del Sur, SPLC) y otros abogados.

El litigio cuestiona la constitucionalidad de la medida por posibles violaciones de la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión y asociación, y de las garantías del debido proceso.

CAIR, cuyo nombre en inglés es Council on American-Islamic Relations (Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas), es una organización sin fines de lucro dedicada a combatir la discriminación, promover la tolerancia religiosa y ofrecer representación jurídica en casos relacionados con los derechos civiles.

Su capítulo de Florida desarrollaba actividades de asistencia legal, educación comunitaria, defensa de personas que denuncian discriminación y participación pública en asuntos relacionados con la comunidad musulmana.

Según la ACLU, ni CAIR ni su capítulo estatal han sido acusados penalmente o condenados por delitos de terrorismo. La organización rechaza las acusaciones formuladas por las autoridades de Florida.

El enfrentamiento con DeSantis comenzó antes de la legislación actual. En diciembre de 2025, el gobernador firmó una orden ejecutiva que designaba a CAIR y a la Hermandad Musulmana como organizaciones terroristas y ordenaba restringir determinadas formas de apoyo estatal.

En marzo de 2026, un juez federal bloqueó parcialmente aquella orden al considerar que existían problemas constitucionales con las facultades ejercidas por el gobernador.

Posteriormente, DeSantis firmó el 6 de abril la ley HB 1471, que entró en vigor el 1 de julio y estableció un procedimiento para designar organizaciones terroristas dentro de Florida, independientemente de las clasificaciones del Gobierno federal.

La norma permite al gobernador y a su gabinete aprobar las designaciones a partir de recomendaciones del jefe de Seguridad Interior del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida.

También contempla restricciones al uso de fondos públicos, contratos gubernamentales y determinadas actividades de apoyo a organizaciones designadas, además de sanciones penales para quienes proporcionen conscientemente apoyo material en las circunstancias previstas por la legislación.

En septiembre, Florida estableció las reglas para crear su propia lista de organizaciones terroristas, con mecanismos de notificación, objeción y revisión de las decisiones adoptadas por el gobernador y su gabinete.

El Gobierno de DeSantis defendió oficialmente la aplicación de esta normativa al argumentar que Florida necesita herramientas propias para impedir que recursos públicos beneficien a organizaciones consideradas amenazas para la seguridad.

El 29 de septiembre, las autoridades estatales aprobaron la inclusión de más de 90 grupos en esa lista, entre ellos CAIR, la Hermandad Musulmana, Antifa y organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

La designación formal de CAIR y CAIR-Florida tenía prevista su entrada en vigor para este jueves 5 de noviembre, una fecha que la organización y sus abogados intentaron aplazar mediante acciones judiciales.

La ACLU había advertido que, si los tribunales no detenían la aplicación de la medida, las organizaciones se verían obligadas a cerrar sus operaciones en Florida debido a la amplitud de las posibles consecuencias legales.

«Si los tribunales no bloquean la aplicación de la ley a partir del 5 de noviembre, nuestros clientes, CAIR y CAIR-Florida, tendrán que cerrar sus puertas en el estado porque las sanciones de la ley son extremadamente amplias y severas», declaró Ashley Gorski, abogada del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU, en una entrevista con Tampa Bay 28 publicada antes de la fecha límite.

Gorski explicó que las organizaciones ofrecen representación legal gratuita, realizan actividades comunitarias y educativas y participan en debates públicos sobre derechos civiles, labores que considera protegidas por la Constitución estadounidense.

La abogada también cuestionó el procedimiento mediante el cual Florida aprobó la designación. Según su versión, representantes legales de CAIR acudieron a la reunión del gobernador y su gabinete para defender a la organización, pero no recibieron autorización para intervenir.

«Eso no es debido proceso», afirmó Gorski, al sostener que las entidades afectadas deben contar con una oportunidad efectiva de presentar sus argumentos antes de que se adopten medidas con consecuencias tan severas.

CAIR y CAIR-Florida solicitaron una medida cautelar ante los tribunales federales para impedir que la designación comenzara a aplicarse, o al menos para suspender determinadas sanciones mientras se examina el fondo del litigio.

Este jueves, un juez federal rechazó la solicitud urgente para detener la entrada en vigor de las designaciones, según informó la prensa de Florida. La decisión permite mantener la medida estatal por el momento, aunque no pone fin a la demanda sobre su constitucionalidad.

La suspensión de CAIR-Florida no significa que la organización nacional haya dejado de existir ni que haya sido declarada terrorista por el Gobierno federal. La clasificación procede de las autoridades de Florida y continúa siendo objeto de impugnación judicial.