Un nuevo informe revela que más de 29,000 agentes estatales y locales fueron habilitados por el Servicio de Inmigración y  Control de Aduanas (ICE) para realizar funciones migratorias entre enero de 2025 y octubre de 2026, una cifra que duplica la de hace apenas ocho meses y supera ampliamente los 11.600 oficiales de deportación que emplea directamente la agencia federal.

El análisis fue publicado este miércoles por FWD.us —organización estadounidense sin fines de lucro enfocada en la reforma de la inmigración y del sistema de justicia penal— a partir de registros públicos de ICE y datos del Deportation Data Project, proyecto académico de UC Berkeley y UCLA.

El Departamento de Seguridad Nacional defiende el programa como herramienta crítica para reducir el crimen y la inmigración ilegal.

El mecanismo detrás de esta expansión es el programa 287(g), que autoriza a departamentos de policía y oficinas de alguaciles a realizar arrestos migratorios.

Más de 1,850 agencias en 30 estados participan actualmente en su modalidad más agresiva, cubriendo jurisdicciones donde reside al menos una de cada tres personas en el país.

Felicity Rose, vicepresidenta de investigación de FWD.us, describió el giro táctico de la administración Trump: «Estos agentes estatales y locales son una palanca clave en el enfoque más silencioso de la aplicación de la ley. Están cambiando lo que antes eran operativos llamativos en ciudades como Chicago y Minneapolis por simples paradas de tráfico rutinarias bajo el programa 287(g)».

Florida y Texas concentran cerca de la mitad de los más de 47,000 arrestos migratorios realizados bajo el 287(g) en todo el país entre enero de 2025 y el 6 de agosto de 2026.

Florida acumuló unos 29,000 arrestos totales de ICE en lo que va de 2026, situándose segunda solo tras Texas, que superó los 63,000 en el mismo período.

Durante el verano, Florida promedió más de 200 arrestos diarios —casi el doble que en la primera parte del año— y más de la mitad de los detenidos no tenía cargos ni condenas penales.

Análisis independientes del Cato Institute y del New York Times coinciden en que solo entre el 5% y el 7% de los arrestados por ICE tenía condenas por delitos violentos.

El impacto es especialmente grave para la comunidad cubana del sur de Florida. Los arrestos de cubanos por ICE se dispararon un 463% entre finales de 2024 y comienzos de 2026, según el Cato Institute.

Más de 42.000 cubanos tienen órdenes finales de deportación activas, y quienes portan formulario I-220A, tienen parole vencido o casos pendientes son particularmente vulnerables: una parada de tráfico puede terminar en custodia de ICE, ya que la ley de Florida obliga a los 67 alguaciles de condado a firmar acuerdos 287(g).

La Policía de Miami lidera los arrestos bajo 287(g) en Miami-Dade con 451 detenciones entre agosto de 2025 y agosto de 2026, de las cuales 131 —el 29%— corresponden a cubanos. WUSF documentó múltiples casos de inmigrantes detenidos inicialmente por infracciones de tráfico y luego transferidos a ICE.

El dinero impulsa esta expansión. El Departamento de Justicia ofreció este verano 3,000 millones de dólares en subvenciones para agencias que se sumen al programa, mientras Florida administra un fondo estatal de hasta 250 millones para reembolsar a las participantes; al 30 de junio ya había aprobado unos 148 millones.

Joseph Nohava, organizador del Tampa Immigrants Rights Committee, resumió la dependencia estructural creada: «Sería imposible para ICE hacer su trabajo sin la ayuda de las fuerzas del orden locales». Añadió que en ninguna caminata comunitaria reciente ha faltado alguien que relate la detención de «un amigo, compañero de trabajo o familiar» a manos de ICE.

Rose anticipa que el crecimiento no se detendrá: la promesa de financiamiento, afirma, seguirá atrayendo a más agencias. Para los cubanos con estatus migratorio incierto en Florida, eso significa que el riesgo de una detención inesperada no hará más que crecer.