Randy Fine, congresista republicano por Florida,  propuso revisar todas las ciudadanías estadounidenses obtenidas por naturalización desde 1990, una iniciativa que, de llevarse a la práctica, podría alcanzar a cientos de miles de cubanos que adquirieron la ciudadanía durante las últimas décadas. 

Fine hizo el planteamiento el lunes durante una entrevista con la periodista Nichole Berlie en el canal NewsNation, recogida por el medio estadounidense Mediaite.

«Creo que deberíamos remontarnos a 1990 y reevaluar a todos los que se han convertido en ciudadanos naturalizados», afirmó el legislador, al defender una revisión de los procedimientos mediante los cuales millones de inmigrantes obtuvieron la nacionalidad estadounidense.

Su planteamiento abarcaría 36 años de naturalizaciones y no se limitaría a una nacionalidad o comunidad migrante.

Entre las personas que podrían quedar comprendidas en una revisión de semejante alcance figurarían numerosos cubanos residentes en Florida y otros estados.

El congresista justificó su postura con acusaciones de presuntas irregularidades migratorias relacionadas con la representante demócrata Ilhan Omar, de Minnesota, cuya ciudadanía ha cuestionado públicamente.

Fine aseguró que considera necesario investigar posibles fraudes en las solicitudes de naturalización y mencionó a Omar como una de las primeras personas cuyos expedientes deberían examinarse.

Durante la entrevista, Nichole Berlie preguntó al congresista si aplicaría ese mismo criterio a otras figuras conocidas que también obtuvieron la ciudadanía estadounidense por naturalización, como la primera dama Melania Trump y el empresario Elon Musk.

Fine respondió que desconocía las circunstancias particulares de sus procesos migratorios y que no tenía conocimiento de acusaciones contra ellos.

No obstante, defendió que el mismo principio debería aplicarse a cualquier persona que hubiera proporcionado información falsa para conseguir la ciudadanía.

«Creo que cualquiera que haya mentido en sus documentos para convertirse en ciudadano debería perder la ciudadanía por naturalización y ser deportado», declaró.

La respuesta dejó abierta la posibilidad de que una revisión alcanzara incluso a personas cercanas a la administración Trump, aunque Fine no afirmó que Melania Trump o Elon Musk hubieran cometido irregularidades.

Para la comunidad cubana en Estados Unidos, el planteamiento tiene especial relevancia por la cantidad de inmigrantes procedentes de la isla que se han naturalizado durante las últimas décadas.

Florida concentra una de las mayores comunidades de origen cubano del país, formada por distintas generaciones de inmigrantes que han adquirido la ciudadanía mediante los procedimientos establecidos por las leyes estadounidenses.

Sin embargo, haber nacido en Cuba, haberse naturalizado después de 1990 o contar con un pasaporte estadounidense no constituye por sí mismo motivo para perder la ciudadanía.

El congresista expresó una posición política durante una entrevista, pero no anunció un proyecto de ley concreto, un procedimiento administrativo ni una medida gubernamental para ejecutar esa revisión general.

La legislación estadounidense permite revocar una ciudadanía obtenida mediante naturalización cuando se demuestra que fue adquirida ilegalmente, mediante el ocultamiento de hechos relevantes o declaraciones falsas deliberadas.

Así lo establece el artículo 1451 del Título 8 del Código de Estados Unidos, que regula la revocación de naturalizaciones.

En los procedimientos civiles, el Gobierno debe acudir a un tribunal federal y presentar pruebas que justifiquen la retirada de la ciudadanía. La mera sospecha de fraude o la apertura de una investigación no provocan automáticamente su pérdida.

Además, no cualquier error en un formulario migratorio constituye motivo suficiente para anular una naturalización. En los casos de declaraciones falsas u ocultamiento, debe establecerse su relevancia legal para la obtención de la ciudadanía.

Si un tribunal finalmente revoca una naturalización, la persona puede quedar expuesta a consecuencias migratorias adicionales, incluida una eventual deportación, dependiendo de sus circunstancias. Sin embargo, perder la ciudadanía y ser deportado son procedimientos diferentes.

La preocupación surge porque sus declaraciones coinciden con una ofensiva del Departamento de Justicia para identificar y perseguir casos en los que las autoridades consideran que la ciudadanía fue obtenida mediante fraude u ocultamiento de información relevante.

El pasado 5 de octubre, el Departamento de Justicia anunció demandas para revocar la ciudadanía de 40 personas naturalizadas, entre ellas dos cubanos.

Las acciones fueron presentadas ante tribunales federales entre el 21 de agosto y el 2 de octubre de 2026, por presuntas irregularidades que, según las autoridades, habrían impedido que los demandados obtuvieran legalmente la nacionalidad.

Los dos ciudadanos de origen cubano incluidos en esos procedimientos son Javier Marrero Pando, residente en Georgia, y Lázaro Eduardo Trujillo Vitón, cuyo caso fue presentado en el Distrito de Columbia.

En ambos expedientes, el Gobierno sostiene que los acusados ocultaron conductas delictivas o proporcionaron información falsa durante sus respectivos procesos de naturalización.

El Departamento de Justicia confirmó oficialmente la presentación de las 40 acciones judiciales, pero las acusaciones contenidas en ellas todavía deben ser examinadas por los tribunales correspondientes.