Cuba quedaría incluida en una ampliación de los controles estadounidenses sobre inversiones en tecnologías sensibles, según una propuesta del Departamento del Tesoro publicada este lunes 26 de octubre en el Registro Federal. La norma propuesta exige la notificación de determinadas operaciones y prohíbe otras, por motivos de seguridad nacional.

El proyecto incorpora a la isla como “país de preocupación”, junto con Irán, Corea del Norte, Rusia y Venezuela “bajo el régimen de Nicolás Maduro Moros”, dentro de un programa que hasta ahora se concentraba en China, incluidos Hong Kong y Macao. La ampliación responde a una ley aprobada por el Congreso en diciembre de 2025 (COINS Act).

En el caso de Venezuela, el Tesoro aclara en el preámbulo que ese régimen ya no existe: el 5 de marzo de 2026 Estados Unidos reconoció a Delcy Rodríguez como jefa de Estado. No obstante, la norma propuesta mantiene la formulación exacta de la ley del Congreso y sigue incluyendo esa referencia en la definición de país de preocupación.

El Tesoro sostiene que ciertas inversiones estadounidenses pueden facilitar el desarrollo de tecnologías que contribuyan a las capacidades militares, de inteligencia, de vigilancia o cibernéticas de esos países de preocupación.

Las disposiciones propuestas alcanzarían operaciones vinculadas con personas y empresas (covered foreign persons) que desarrollen actividades tecnológicas específicas y mantengan los vínculos de nacionalidad, propiedad, control o ubicación establecidos en el reglamento. En el caso cubano, podrían comprender tanto entidades constituidas en la isla como otras sujetas al control de personas o instituciones cubanas.

La iniciativa abarca semiconductores y microelectrónica, sistemas de superinteligencia (antes referidos como inteligencia artificial), tecnologías cuánticas, computación de alto rendimiento y supercomputación, sistemas hipersónicos y biotecnología. Este último sector fue añadido por el Tesoro al amparo de las facultades concedidas por la legislación.

Al anunciar la propuesta el 22 de octubre, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó: ‘Bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos comprometidos a poner en primer lugar la seguridad nacional de Estados Unidos’. Añadió que las regulaciones propuestas fortalecerían el programa existente para impedir que adversarios usen la inversión estadounidense en tecnologías críticas que amenazan la seguridad nacional, y que también buscan dar mayor claridad a los inversionistas.

El departamento explicó que busca impedir que el capital estadounidense favorezca tecnologías estratégicas de doble uso que puedan beneficiar la modernización militar, los aparatos de vigilancia y los abusos de derechos humanos de adversarios extranjeros. También señaló que pretende ofrecer mayor claridad a los inversionistas sobre sus obligaciones.

Entre las operaciones contempladas figuran la adquisición de participaciones de capital o contingent equity, la creación de empresas conjuntas, inversiones greenfield (establecimiento de operaciones o activos en el país de preocupación) y determinados financiamientos de deuda que otorguen derechos financieros o de gobernanza característicos de una inversión de capital.

El esquema distinguiría entre transacciones prohibidas y otras permitidas que exigirían informar al Tesoro, generalmente dentro de los 30 días posteriores a su realización. Los inversionistas tendrían que determinar si sus operaciones están sujetas a las reglas y efectuar una investigación razonable y diligente.

La propuesta también contempla excepciones para determinadas inversiones en valores cotizados y fondos, así como algunas transferencias internas entre empresas. Además, permitiría solicitar exenciones por interés nacional. El Tesoro aclara que el programa no pretende prohibir toda inversión en los países señalados y que otras leyes estadounidenses pueden imponer restricciones adicionales.

El programa original surgió de una orden ejecutiva de agosto de 2023 y sus regulaciones comenzaron a aplicarse en enero de 2025. La nueva propuesta permanecerá abierta a comentarios públicos hasta el 7 de diciembre. Posteriormente, el Tesoro deberá emitir un reglamento definitivo que establezca la fecha de entrada en vigor.