La Ciudad de Miami emitió esta semana un aviso de infracción contra The Club at Brickell Bay, un condominio de 43 pisos ubicado en Brickell Bay Drive, por operar presuntamente como un hotel sin permiso, según informó CBS News Miami.

Las autoridades municipales determinaron que más de 300 unidades del edificio estaban siendo anunciadas en plataformas de alquiler vacacional, cuando el certificado de uso del inmueble solo autoriza 30 unidades para ese fin.

El aviso fue dirigido a Brickell Bay Plaza Inc., la empresa titular del certificado de uso, cuyo agente registrado es Jerome Hollo, desarrollador del edificio y vicepresidente de Florida East Coast Realty.

La ciudad fijó el 30 de octubre como plazo para que el edificio alcance el cumplimiento. De no lograrlo, los responsables podrían enfrentar multas de hasta 5,000 dólares por día y una audiencia ante la Junta de Cumplimiento de Código prevista para el 9 de diciembre.

Este aviso llega meses después de que, en agosto, la ciudad ya hubiera enviado una carta de cese y desista que fue ignorada: al momento de publicarse la noticia, las reservas para noviembre seguían disponibles en línea.

Los residentes permanentes llevan años denunciando las consecuencias de vivir en lo que ellos mismos apodaron «Animal House». La propietaria Christina Lardon lo describió sin rodeos: «Detrás de mí hay un hotel ilegal y sin permiso. Y resulta que yo vivo ahí».

Lardon también expresó su preocupación por si los propietarios individuales podrían terminar pagando las multas: «¿Acaso yo también soy responsable? ¿De pagar sus multas, los crímenes que cometieron por no obedecer la orden de cese y desista de la ciudad? Eso no es justo».

Sin embargo, el caso está envuelto en un cruce de responsabilidades que complica la aplicación de sanciones.

Hollo sostuvo que su empresa no tiene control sobre las unidades residenciales y que el aviso fue emitido por error contra su edificio de oficinas en 1201 Brickell: «Florida East Coast Realty y nuestra corporación relacionada, Brickell Bay Plaza Inc., no tienen ninguna participación en la ocupación o el control de las unidades residenciales de The Club at Brickell Bay. La Asociación de Condóminos es la responsable».

Por su parte, el abogado de la asociación de condóminos afirmó que el aviso tampoco iba dirigido a esa entidad.

El caso tiene antecedentes que ilustran la dificultad de aplicar la ley: inspectores municipales ya habían emitido cinco citaciones previas a operadores individuales, pero todas fueron desestimadas después de que los anfitriones retiraron temporalmente sus anuncios de las plataformas.

Desde aproximadamente 2020, unas 500 de las 643 unidades del edificio —entre el 78% y el 85% del total— habrían sido convertidas en alquileres de corta duración, principalmente a través de Airbnb.

En respuesta al caso, el comisionado del Distrito 2, Damián Pardo, impulsa una ordenanza para crear un registro obligatorio de todos los alquileres a corto plazo en la ciudad, junto con un grupo de trabajo multidisciplinario que incluiría personal de cumplimiento de código, la oficina del abogado municipal, bomberos y policía. «Haremos todo lo que esté en nuestras manos dentro de la ley para detener esto», declaró.

El debate tiene implicaciones directas para miles de residentes de Miami, incluida una numerosa comunidad cubana que alquila o posee unidades en la zona, donde el alquiler mediano en Brickell rondó los 3,986 dólares mensuales en agosto de 2026.

La regulación, sin embargo, enfrenta un obstáculo legal de fondo: desde 2011, una ley estatal de Florida limita la capacidad de los gobiernos locales para imponer nuevas restricciones a los alquileres de corta duración, lo que obliga a la ciudad a actuar dentro de un margen legal estrecho.