Por: Mario Muñoz Lozano
En entrevista exclusiva con Prensa Latina, el diplomático consideró que el respaldo internacional del próximo 28 de octubre responderá a una posición consolidada desde 1992 y al rechazo de las medidas coercitivas unilaterales, las sanciones secundarias y el recrudecimiento de las restricciones estadounidenses, con particular impacto en el suministro de combustibles durante los últimos meses.
Afirmó que el cerco energético agrava las dificultades de la población cubana y afecta a todos los sectores de la sociedad, por lo que estimó que la comunidad internacional no puede permanecer indiferente ante sus consecuencias.
El embajador rechazó las acusaciones de Washington que presentan a Cuba como una amenaza para la seguridad estadounidense y describió a la nación caribeña como un país de paz y cooperación, con participación en iniciativas internacionales en ámbitos como la medicina, la educación y la salud.
A su juicio, esas acusaciones buscan justificar la continuidad de una política de hostilidad que, sostuvo, perjudica el desarrollo del país y limita sus posibilidades de acceder a recursos esenciales.
Al referirse a la postura del Vaticano sobre el bloqueo de Washington, el diplomático recordó las críticas expresadas por san Juan Pablo II durante su visita a Cuba en 1998, cuando lo calificó de éticamente inaceptable.
Asimismo, destacó la intervención del secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin, ante el 81 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, en septiembre último, cuando manifestó la preocupación del Vaticano por la situación en Cuba y exhortó a promover un diálogo sincero y eficaz para evitar nuevas acciones que aumenten el sufrimiento del pueblo de la isla.
Esa posición, señaló Rodríguez Hernández, mantiene la continuidad de los llamados al entendimiento y a una relación respetuosa entre ambos países, frente al agravamiento de las restricciones económicas.
El embajador calificó de genocida el bloqueo y sostuvo que su propósito es doblegar a Cuba mediante las privaciones materiales. En particular, denunció las consecuencias del cerco energético, que atribuyó a las restricciones estadounidenses sobre el suministro de combustible.
Según explicó, la falta de carburantes repercute en la generación eléctrica, el funcionamiento de la industria, el transporte y los servicios hospitalarios, además de dificultar el abastecimiento de alimentos, medicamentos e insumos sanitarios.
Rodríguez Hernández advirtió sobre las consecuencias que esas limitaciones pueden tener para niños, ancianos, pacientes que necesitan intervenciones quirúrgicas y otras personas en situación de vulnerabilidad.
“Desde hace diez meses un solo barco ha podido entrar con combustible a Cuba, esto es genocida, ¿cuántos niños pueden morir?, ¿cuántos ancianos y personas vulnerables pueden morir por falta de medicina, por alimentos que se transportan o se deben transportar hacia Cuba”?, dijo.
“Se le niega a Cuba la posibilidad de tener los insumos, de tener los alimentos, las medicinas, los medicamentos; la industria no puede funcionar sin combustible, los hospitales sin electricidad”, advirtió el diplomático.
También señaló los obstáculos que enfrentan las empresas y los inversionistas extranjeros por las sanciones y las restricciones financieras.
El diplomático sostuvo que las dificultades energéticas y de abastecimiento no afectan únicamente a sectores determinados, sino al conjunto de la sociedad cubana, por lo que calificó al bloqueo como “un plan macabro para destruir una nación”.
Al explicar la capacidad de resistencia de Cuba ante esas circunstancias, Rodríguez Hernández destacó la organización de las instituciones públicas, el Gobierno y las organizaciones sociales para atender las necesidades de la población, en particular de los grupos más vulnerables.
El embajador recordó la experiencia acumulada en los años 90 del pasado siglo, durante la crisis conocida en Cuba como Período Especial, y afirmó que el país ha desarrollado mecanismos para afrontar las dificultades y buscar soluciones ante las presiones externas.
Pese a las limitaciones, aseguró que Cuba mantiene el funcionamiento de sus instituciones y los esfuerzos para garantizar servicios esenciales, entre ellos la educación y la salud.
“No se han cerrado escuelas, universidades, no se han cerrado hospitales, o sea, que hay un trabajo mancomunado del pueblo y su Gobierno”, comentó.
La votación prevista en Naciones Unidas el venidero 28 de octubre constituye, según el diplomático, una nueva oportunidad para que los Estados miembros expresen su posición frente a una política que La Habana considera contraria al desarrollo y al bienestar de su población.
La resolución anual contra el bloqueo cuenta históricamente con un respaldo mayoritario en la Asamblea General de la ONU, aunque su aprobación no pone fin por sí misma a las sanciones, cuya eliminación depende de decisiones de las autoridades estadounidenses.
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