Armando Unsain Bartolomé llevaba años viviendo el sueño que muchos comunistas europeos idealizan desde lejos. El español de 42 años obtuvo la residencia permanente en Cuba en 2008 tras casarse con una ciudadana cubana. Poco después, se instaló en Miramar, La Habana.
Según confirmó el periodista Mario Pentón, Unsain vivía rodeado de privilegios en Cuba. Compró una vivienda que acondicionó como hotel boutique, conocido como “La Colonial 1861”, y la decoró con fotografías de Fidel Castro y el Che Guevara. En redes sociales se presentaba como “fidelista y defensor de la Revolución”. El 29 de marzo de 2021, el Ministerio del Interior cubano le retuvo el carnet de identidad y le entregó la Resolución 38. Tenía 30 días para abandonar el país voluntariamente o sería deportado.
Los cargos que Unsain negó y el juicio que nunca hubo
La resolución de expulsión señalaba que Unsain mantenía una conducta violenta hacia los vecinos y particularmente hacia su excónyuge, Thaymara García, a quien habría amenazado de muerte en varias ocasiones. Las acusaciones incluían además haber sido procesado por alteración del orden público e investigado como presunto autor de delitos de corrupción de menores y tráfico de drogas.
Unsain rechazó todos los cargos de forma categórica. Y planteó una pregunta que el régimen nunca respondió: si los delitos eran reales, ¿dónde estaba la sentencia judicial?
“Ante esta serie de mentiras y calumnias, de ser ciertas algunas de estas acusaciones, deberían existir sentencias por parte de los órganos de justicia en los que se me hubiera declarado culpable o inocente y, de habérseme declarado culpable, debiera estar cumpliendo condena”, denunció en redes sociales.
Ningún tribunal cubano emitió sentencia en su contra. La expulsión fue ejecutada mediante una resolución administrativa del Ministerio del Interior, sin juicio previo.
La disputa por los bienes y el divorcio que lo complicó todo
Unsain se casó con una ciudadana cubana, obtuvo la residencia en 2008 y compró un automóvil y una casa que rentaba a turistas. Tras el divorcio, su expareja lo denunció por varios delitos.
La cancelación de su licencia de trabajo por cuenta propia fue ejecutada por el Ministerio de Trabajo, pero sus razones no guardaban ninguna relación con la investigación por posibles delitos, según mostraba la propia resolución ministerial. Esa incongruencia fue señalada por medios independientes cubanos como una de las irregularidades del caso.
Unsain realizó una huelga de hambre para intentar evitar su deportación. No sirvió de nada. El régimen le concedió una semana adicional para abandonar el país y le retiró la condición de residente legal. Salió de Cuba sin recuperar sus propiedades.
Un caso que documenta el riesgo de invertir en Cuba
El caso de Unsain fue documentado como ejemplo de inseguridad jurídica en Cuba y del riesgo de expropiación arbitraria que enfrentan los extranjeros que invierten en la Isla.
El sistema cubano permite que ciudadanos extranjeros residan, inviertan y adquieran propiedades. No garantiza, sin embargo, que esas inversiones estén protegidas si surgen conflictos con ciudadanos cubanos con acceso al aparato del Estado. La expulsión puede ejecutarse por resolución administrativa, sin proceso judicial, sin sentencia y sin derecho de recurso efectivo.
Unsain llegó a Cuba como admirador declarado de la Revolución. Uno de muchos que defienden la bandera de la dictadura, muy lejos de los estragos del comunismo. Seguramente, hoy ya no está tan convencido de sus bondades. Sus bienes permanecen en la Isla. Él no.
