«Cuba es pobre porque no es libre». Con esta afirmación, Roberto González, directivo de Human Rights Foundation (HRF), cuestionó el discurso del régimen cubano que atribuye al embargo estadounidense la responsabilidad principal de la crisis económica de la Isla, a pocos días de una nueva votación sobre las sanciones en Naciones Unidas.

En una columna de opinión publicada este miércoles en Miami Herald, González, director de incidencia política de HRF y profesor adjunto de Derecho en la Universidad de Fordham, sostuvo que el deterioro económico cubano responde fundamentalmente a un sistema político que concentra el poder, restringe las libertades y carece de mecanismos democráticos para corregir sus errores.

El análisis aparece una semana antes de que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) vuelva a pronunciarse sobre la resolución presentada anualmente por La Habana contra el embargo de Estados Unidos, cuya votación está prevista para el 28 de octubre de 2026.

González recordó que en 2025 la resolución recibió 165 votos favorables, siete contrarios y 12 abstenciones, un respaldo mayoritario que el Gobierno cubano presenta habitualmente como una condena internacional a la política estadounidense.

Para el especialista, esa votación se ha convertido en una herramienta política mediante la cual las autoridades cubanas responsabilizan a Washington de problemas que, a su juicio, tienen raíces mucho más profundas en la estructura económica y política del país.

El autor recordó que el canciller Bruno Rodríguez afirmó en septiembre que, según los cálculos oficiales de La Habana, las sanciones estadounidenses ocasionaron pérdidas de aproximadamente 8,000 millones de dólares durante el año concluido en febrero.

Sin embargo, González cuestionó que esa estimación pueda explicar por sí sola el empobrecimiento acumulado durante décadas.

«Cuba es pobre porque no es libre» («Cuba is poor because it is not free»), escribió, retomando una formulación del fallecido economista ghanés George Ayittey, quien había utilizado un argumento similar para analizar los problemas económicos y políticos de África.

El directivo de HRF describió a Cuba como un Estado autoritario de partido único, donde el Partido Comunista controla las principales instituciones, la economía y buena parte de la vida pública.

Como ejemplo, señaló que la empresa privada representaba aproximadamente el 9% de la producción cubana, según un informe de 2023, frente a una participación cercana al 60% en economías como China y Vietnam.

Esta diferencia, argumentó, evidencia las restricciones que el sistema cubano mantiene sobre la iniciativa privada y su dependencia de decisiones adoptadas desde el poder central.

González reconoció, no obstante, que el embargo estadounidense sí impone restricciones económicas reales, entre ellas limitaciones al financiamiento de las compras agrícolas y la prohibición del turismo ordinario desde Estados Unidos.

También mencionó las medidas adoptadas por Washington durante 2026 contra el suministro de combustible a Cuba y las sanciones dirigidas a determinadas empresas extranjeras vinculadas con los sectores energético y financiero de la Isla.

Pero rechazó que estas restricciones constituyan el cerco económico absoluto que describe la propaganda oficial cubana.

Para respaldar su argumento, sostuvo que las exportaciones estadounidenses de mercancías hacia Cuba superaron los 876 millones de dólares hasta agosto de 2026, una cifra que utilizó para ilustrar la continuidad de los intercambios comerciales entre ambos países pese al embargo.

El experto también citó una investigación publicada en septiembre en la revista académica Journal of Development Economics, titulada The forsaken road: Reassessing living standards following the Cuban Revolution and the American embargo (El camino abandonado: reevaluación del nivel de vida tras la Revolución cubana y el embargo estadounidense).

El estudio analiza la evolución económica de Cuba después de 1959 mediante estimaciones revisadas del producto interno bruto y métodos de comparación con economías similares.

Sus autores concluyen que el embargo estadounidense explica solo una parte limitada del deterioro económico cubano y atribuyen un peso considerablemente mayor a la transformación del sistema económico después de la Revolución.

González resumió el hallazgo señalando que el embargo perjudicó a Cuba, pero tuvo una importancia secundaria en su declive prolongado.

Otro argumento central de su columna está relacionado con la ausencia de mecanismos políticos para exigir responsabilidades por las decisiones económicas.

El especialista recordó que la Constitución cubana de 2019 reconoce al Partido Comunista como la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado, lo que impide la alternancia de poder mediante elecciones multipartidistas competitivas.

Según González, esa estructura permite que decisiones económicas fallidas se mantengan durante años sin que los ciudadanos puedan sustituir democráticamente a quienes las adoptan.

Como antecedente histórico, mencionó la fallida zafra de los 10 millones de toneladas de azúcar de 1970, impulsada por Fidel Castro mediante una enorme movilización de recursos y trabajadores, sin alcanzar la meta anunciada.

El autor contrastó aquel fracaso con la permanencia de Castro en el poder durante décadas y señaló que, en un sistema democrático, una decisión de semejante magnitud podría haber tenido consecuencias políticas para sus responsables.

La columna también cuestiona las prioridades de inversión del régimen cubano en medio del deterioro de la producción nacional de alimentos.

González citó estadísticas de 2024 según las cuales el 37,4% de la inversión estatal se destinó al sector turístico e inmobiliario, mientras apenas el 2,7% fue dirigido a la agricultura, pese a las dificultades de abastecimiento que enfrenta la población.

Para el experto, esas prioridades muestran que el Gobierno continúa destinando una parte considerable de sus recursos a construir instalaciones hoteleras, incluso cuando el sector turístico registra problemas de ocupación y el país depende de las importaciones para satisfacer necesidades alimentarias.

Uno de los señalamientos más contundentes está relacionado con el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias que administra importantes negocios vinculados con el turismo, el comercio y otros sectores económicos.

El directivo de Human Rights Foundation se refirió a documentos internos divulgados por el Miami Herald que atribuían a GAESA activos líquidos por hasta 18,000 millones de dólares.

González consideró que, de estar disponibles, recursos de semejante magnitud podrían contribuir a financiar la compra de medicamentos y la reparación del sistema eléctrico, dos de las necesidades más urgentes de la población cubana.

Sin embargo, esa cifra continúa siendo objeto de controversia debido a la ausencia de estados financieros públicos y auditorías independientes del conglomerado militar, por lo que no puede considerarse una cantidad plenamente comprobada de dinero disponible para su utilización inmediata.

El especialista también recordó que en 2024 la entonces contralora general de Cuba, Gladys Bejerano, reconoció las limitaciones de su organismo para auditar empresas vinculadas al sistema empresarial militar y que posteriormente dejó el cargo.

Para González, el caso ilustra la falta de transparencia y supervisión de uno de los grupos económicos más influyentes de Cuba.

La columna aborda igualmente las consecuencias políticas del sistema cubano, entre ellas el encarcelamiento de opositores y el éxodo de ciudadanos que buscan mejores condiciones de vida fuera de la Isla.

El autor citó los registros de la organización Prisoners Defenders, que contabilizó 1,339 presos políticos al cierre de agosto de 2026, y mencionó estadísticas oficiales según las cuales la población cubana se habría reducido un 16% desde 2017.

Su crítica culminó con una comparación entre las votaciones internacionales contra el embargo y las restricciones políticas internas de Cuba.

«El embargo se somete a votación cada año. El sistema comunista cubano nunca se ha enfrentado a unas elecciones libres» («The embargo gets a vote every year. Cuba’s communist system has never faced a free one»), escribió González al concluir su análisis.

El debate sobre el embargo ha adquirido especial intensidad en los días previos a la votación de Naciones Unidas.

El pasado 14 de octubre, una coalición internacional de organizaciones democráticas cubanas pidió a los países miembros de la ONU votar contra la resolución del régimen o abstenerse, mediante un llamamiento respaldado por más de 1,000 adhesiones de activistas y organizaciones dentro y fuera de la Isla.

Entre los promotores de esa iniciativa figuraron la Asamblea de la Resistencia Cubana y la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). Su líder, José Daniel Ferrer, argumentó que la resolución responsabiliza a Estados Unidos de problemas que atribuye al Gobierno cubano.

Ese mismo día, el canciller Bruno Rodríguez acusó al secretario de Estado Marco Rubio de presionar a gobiernos extranjeros para modificar su posición ante la votación anual sobre el embargo.

Las críticas de González a las prioridades económicas del régimen también coinciden con análisis publicados anteriormente por economistas cubanos.

En mayo, Pedro Monreal cuestionó el elevado volumen de inversiones turísticas mientras la producción agrícola continuaba deteriorándose, utilizando estadísticas oficiales de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

El economista señaló que en 2024 las inversiones relacionadas con el turismo alcanzaron 36,843.8 millones de pesos cubanos, frente a 2,645.5 millones destinados a la agricultura, una diferencia que consideró incompatible con la escasez alimentaria que enfrenta el país.