La actualización de los fines y principios de la educación, la definición de la enseñanza obligatoria, el reconocimiento de saberes adquiridos por distintas vías y el fortalecimiento de la protección de los derechos de niños y adolescentes figuran entre los principales contenidos del anteproyecto de Ley de Educación que será sometido a consideración de la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre.
Tal norma es resultado de un proceso de elaboración que involucra a más de 25 organismos, organizaciones, instituciones y centros de estudio, explicó la viceministra de Educación, Marlen Triana Mederos, durante una entrevista al diario Granma, en la que detalló los antecedentes, los objetivos y los próximos pasos de la propuesta legislativa. Desde 2023 se reconfiguró un grupo de trabajo temporal con la participación de organismos de la Administración Central del Estado, el Tribunal Supremo y centros de estudio, entre ellos el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, el Centro de Estudios de la Juventud y la Universidad de La Habana.
Uno de los cambios fundamentales que se propone es definir el periodo de escolarización obligatoria. «Esta ley viene a definir que será obligatoria la educación en Cuba desde el sexto año de vida de la primera infancia, que es el grado preescolar, hasta el noveno grado», precisó Triana Mederos. La norma también busca armonizar los derechos, deberes y responsabilidades relacionados con la educación con lo establecido en el Código de las Familias y el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes.
Entre las novedades del anteproyecto sobresale el reconocimiento y la certificación de saberes adquiridos mediante diferentes vías, incluso fuera de los procesos formales de enseñanza. La Viceministra ejemplificó que una persona que haya aprendido de manera autodidacta un oficio, como la soldadura, y pueda demostrar sus conocimientos, podrá recibir una titulación que los certifique. La propuesta incorpora, además, contenidos relacionados con la investigación, la transformación digital y la ciberseguridad, incluido el uso crítico y ético de la inteligencia artificial.
En materia de financiamiento, la norma refrenda la Transformación Económica y Social 67, que permite diversificar servicios educativos de posgrado, capacitación y cuidados. «Seguimos siendo presupuestados, pero vamos a poder hacer uso de financiamiento complementario para continuar favoreciendo los procesos educativos», afirmó Triana Mederos. La elaboración incluyó una consulta especializada con organismos formadores y un recorrido previsto por todas las provincias, con plenarias en las regiones oriental, central y occidental.
La versión disponible para consulta es la número 19, lo que refleja el trabajo desarrollado para construir una norma que responda a las necesidades actuales del sistema educativo. Para Triana Mederos, el alcance de la norma trasciende el funcionamiento de las instituciones educativas: «Necesariamente, si va a contribuir al desarrollo de la educación, esta ley también podrá contribuir al desarrollo del país y de los territorios». El anteproyecto está disponible en el sitio web del Ministerio de Educación y los criterios pueden enviarse a [email protected].
(Con información de Granma)
