La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) anunció este miércoles una nueva iniciativa para investigar si los nueve mayores bancos nacionales de Estados Unidos cumplieron las leyes federales de protección al consumidor, tras la publicación de un informe de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) que concluye que todas esas entidades mantuvieron prácticas capaces de excluir a clientes por sus creencias políticas o religiosas.

El informe final de la OCC cubre el período entre 2020 y septiembre de 2025 y examina a JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank, Wells Fargo, U.S. Bank, Capital One, PNC Bank, TD Bank y BMO Bank, instituciones que concentran 12,7 billones de dólares en activos, el 76% del total supervisado por la agencia.

Para elaborar sus conclusiones, la OCC analizó casi 100,000 quejas presentadas ante instituciones bajo su supervisión y revisó unos 50,000 documentos —aproximadamente 420,000 páginas— remitidos por los propios bancos.

El regulador identificó dos categorías principales de prácticas problemáticas: políticas de «riesgo reputacional» sin criterios objetivos basados en riesgo financiero, y restricciones sectoriales que limitaban el acceso a servicios en industrias como petróleo y gas, minería del carbón, armas de fuego, centros de detención, tabaco y activos digitales.

Entre los ejemplos concretos —sin identificar los bancos involucrados— figura el cierre, en febrero de 2021, de la cuenta de un vendedor de productos Trump/MAGA por un procesador de pagos perteneciente a un banco, y la negativa, en febrero de 2023, a prestar servicios a una organización educativa pública por el respaldo exclusivo a candidatos demócratas de su brazo político.

El Contralor Jonathan V. Gould presentó los hallazgos en una conferencia de prensa en Lexington, Kentucky. «Lo que comenzó como decisiones de ejecutivos para excluir a industrias en desgracia se convirtió en burocracias institucionalizadas y opacas que facultaron a empleados bancarios para cortar el acceso a servicios financieros», afirmó.

Gould precisó que la agencia no exige que los bancos atiendan a todos los clientes: «Los bancos deben evaluar a cada cliente con criterios objetivos basados en riesgo».

El informe no impone multas ni sanciones inmediatas. Según informó Reuters, el regulador señaló que podría considerar cambios normativos adicionales para desincentivar estas prácticas.

En paralelo, la CFPB abrirá investigaciones de cumplimiento sobre las instituciones señaladas y otras entidades financieras, con foco en la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito (ECOA), la Ley de Informes de Crédito Justos (FCRA) y las disposiciones sobre prácticas injustas, engañosas o abusivas (UDAAP).

La agencia actualizó su portal de reclamaciones para que cualquier consumidor que considere haber sido excluido indebidamente de servicios bancarios pueda presentar una queja formal.

Esta doble acción regulatoria se enmarca en la Orden Ejecutiva 14331, firmada por el presidente Trump en agosto de 2025, que ordenó a los reguladores bancarios federales revisar y eliminar el uso del «riesgo reputacional» en sus marcos de supervisión.

El Bank Policy Institute (BPI), que representa a los grandes bancos, respondió con una declaración en la que expresó su apoyo al acceso justo: «La industria bancaria respalda el acceso equitativo a los servicios bancarios y ha trabajado para garantizar que las regulaciones gubernamentales permitan a los bancos atender a clientes que cumplen la ley», indicó la asociación, que manifestó disposición a colaborar con el Gobierno y el Congreso.

Gould advirtió que, pese a ciertos esfuerzos de los bancos por corregir estas prácticas, no tiene la certeza de que sean suficientes: «La OCC evaluará cambios adicionales al marco regulatorio aplicable a las mayores entidades para reducir la probabilidad de que estas prácticas dañinas se repitan en el futuro».