El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos depositó este martes una regla provisional final que recortará de 30 a 10 días el tiempo que tiene un extranjero para contestar cuando el gobierno le notifica su intención de cancelar su estatus de refugiado.

El documento federal 2026-20956, firmado por el secretario Markwayne Mullin, fue registrado a las 08:45 y está programado para publicarse en el Registro Federal el miércoles 14 de octubre, fecha en que entraría en vigor de inmediato.

La norma modifica el 8 CFR § 207.9 y se aplicará a personas admitidas formalmente como refugiados principales bajo la sección 207 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), es decir, quienes ingresaron a través del Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos (USRAP) mediante el Formulario I-590 y aún no han ajustado su estatus a residencia permanente.

Importante para la comunidad cubana: esta regla no alcanza a quienes tienen parole humanitario, asilo, el formulario I-220A, residencia permanente ni ciudadanía. La gran mayoría de cubanos en Estados Unidos llegaron por esas vías, no como refugiados formales bajo el USRAP.

Este cambio es uno de los muchos que afectan el estatus migratorio de extranjeros en Estados Unidos. Sigue nuestra sección de Inmigración en EE.UU. para estar al tanto de las últimas novedades en visas, asilo, refugio y más.

El único fundamento legal para iniciar una terminación es que USCIS determine que el individuo no cumplía la definición de refugiado en el momento de su admisión.

Una vez recibido el aviso de intención de terminar (NOIT, por sus siglas en inglés), el afectado tendrá diez días naturales para presentar pruebas documentales por escrito o solicitar una entrevista oral.

El plazo corre de corrido, incluyendo fines de semana y festivos federales; si el último día cae en sábado, domingo o día feriado, se extiende al siguiente día hábil.

Quienes reciban la notificación por correo contarán con tres días adicionales, para un total de 13 días desde el envío postal.

DHS indicó que utilizará servicios de entrega urgente con rastreo y confirmación. Si el destinatario no responde dentro del plazo, se considera que renunció a rebatir la notificación y USCIS procede a cancelar el estatus. La norma no contempla apelación administrativa contra esa decisión.

Las consecuencias de la terminación son inmediatas: la autorización de empleo se cancela al mismo tiempo que el estatus, y USCIS inicia los procedimientos de remoción bajo las secciones 235, 240 y 241 de la INA.

En esos procedimientos, el afectado puede solicitar otras formas de protección ante un juez de inmigración. La terminación del refugiado principal puede extenderse también al cónyuge e hijos menores de 21 años incluidos como derivados.

DHS estima que alrededor de 186,000 casos de refugiados que ingresaron entre los años fiscales 2015 y 2025 y aún no han ajustado su estatus representan la población máxima potencialmente sujeta a esta regla.

El gobierno justifica la urgencia de la medida —que omite el proceso ordinario de propuesta y comentarios previos— en hallazgos de revisiones recientes.

Según el preámbulo del documento, una auditoría de casos en Minnesota concluyó que «en la mayoría de los casos revisados, la evidencia era insuficiente para establecer que el solicitante principal cumplía todos los elementos requeridos de la definición de refugiado».

Una revisión adicional de más de 14,500 casos de personas procedentes de Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela admitidas entre 2021 y 2024 identificó más de 1,500 expedientes con indicadores de posibles riesgos de seguridad pública, incluyendo presuntas afiliaciones a pandillas.

Organizaciones de defensa de refugiados rechazaron la norma. Naomi Steinberg, vicepresidenta de HIAS para política y defensa migratoria, calificó el plazo de diez días como «totalmente insuficiente» para conseguir un abogado, traducir documentos u obtener expedientes de los países de origen.

La organización advirtió además que algunos refugiados podrían no recibir la notificación antes de que venza el plazo, eliminando en la práctica su oportunidad de responder. World Relief también instó a DHS a revertir la norma, describiéndola como un despojo del debido proceso.

La regla provisional entra en vigor el 14 de octubre sin período de espera, aunque DHS abre un plazo de 30 días de comentarios públicos a partir de esa fecha; quienes deseen presentar observaciones deben hacerlo en inglés en regulations.gov, referenciando el expediente USCIS-2026-0397.

Esta medida se enmarca en una política migratoria de presión máxima que la administración Trump ha sostenido desde el inicio de su mandato.