El plan del Pentágono de retransmitir en directo el fusilamiento de un exmilitar condenado por asesinato ha desatado críticas dentro y fuera de Estados Unidos. Naciones Unidas, legisladores de ambos partidos, sobrevivientes de la masacre de Fort Hood y representantes religiosos cuestionan una iniciativa que recupera una práctica abandonada hace casi un siglo. El papa León XIV se ha sumado al debate con una firme condena a la pena de muerte.
Estados Unidos vuelve a enfrentarse a una pregunta que parecía haber quedado atrás en su historia: ¿puede un Estado convertir la ejecución de una persona en un espectáculo para millones de espectadores? El anuncio del secretario de Defensa, Pete Hegseth, de retransmitir públicamente el fusilamiento de un ciudadano estadounidense ha provocado una ola de rechazo que trasciende las diferencias partidistas y alcanza a instituciones internacionales, organizaciones religiosas y defensores de los derechos humanos.
La controversia comenzó el jueves 8 de octubre, cuando Hegseth anunció que el Pentágono planeaba transmitir en directo la ejecución de Nidal Malik Hasan, un expsiquiatra del Ejército condenado por asesinar a 13 personas y herir a otras 32 durante un tiroteo ocurrido en 2009 en la base militar de Fort Hood, Texas.
Hasan, que permanece encarcelado desde entonces, tiene programada su ejecución por un pelotón de fusilamiento para el próximo 3 de diciembre. Sería la primera ejecución militar estadounidense mediante este procedimiento desde 1945 y la primera ejecución realizada por las Fuerzas Armadas desde 1961. La retransmisión, de materializarse, constituiría además un precedente sin equivalente en la historia moderna de la justicia estadounidense.
El secretario de Defensa ha defendido la exposición pública del castigo como una manera de demostrar las consecuencias de los actos de violencia extrema. Sin embargo, sus críticos advierten que existe una diferencia fundamental entre aplicar una sentencia judicial y transformar deliberadamente la muerte de una persona en un acontecimiento audiovisual.
La propuesta tampoco está definitivamente aprobada. Aunque la ejecución cuenta con autorización presidencial, Donald Trump declaró posteriormente que aún no había decidido si permitiría su retransmisión. El propio vicepresidente JD Vance expresó dudas sobre la conveniencia de la iniciativa y aseguró que no la vería.
Una práctica abandonada hace casi un siglo
La idea de exhibir públicamente la muerte de una persona condenada tiene profundas raíces en la historia de Estados Unidos. Durante los siglos XVIII y XIX, los ahorcamientos públicos reunían a multitudes y eran presentados como actos ejemplarizantes destinados a disuadir a posibles delincuentes.
Las ejecuciones se realizaban en plazas, terrenos abiertos y espacios comunitarios. En algunas ocasiones estaban acompañadas de discursos religiosos, vendedores ambulantes y una atmósfera de entretenimiento que convertía el castigo en un acontecimiento social.
Uno de los episodios más recordados ocurrió el 14 de agosto de 1936, cuando Rainey Bethea, un joven afroestadounidense, fue ahorcado en Owensboro, Kentucky, ante una multitud estimada en unas 20.000 personas.
La ejecución provocó una enorme cobertura periodística y fuertes críticas por el ambiente de espectáculo que rodeó la muerte del condenado. Aunque existen registros de ejecuciones posteriores con presencia limitada de público, el caso de Bethea es ampliamente considerado el último gran ahorcamiento público de Estados Unidos.
La polémica contribuyó a consolidar una transformación que ya estaba en marcha: trasladar las ejecuciones al interior de los establecimientos penitenciarios y restringir su observación a funcionarios, familiares, representantes de las víctimas y determinados testigos.
Casi noventa años después, el Pentágono propone invertir aquella evolución histórica, pero utilizando herramientas que multiplican extraordinariamente su alcance. Ya no sería necesario reunir a miles de personas alrededor de un patíbulo. Bastaría una conexión a Internet para llevar las imágenes de una ejecución a pantallas de todo el planeta.
La tecnología permitiría, además, que la grabación circulara indefinidamente por redes sociales, plataformas de video y servicios de mensajería. El antiguo espectáculo presencial se convertiría así en un contenido susceptible de reproducción, edición y difusión masiva.
El rechazo llega también desde dentro de Estados Unidos
La propuesta ha generado críticas tanto entre demócratas como entre republicanos, incluidos representantes que no cuestionan necesariamente la sentencia impuesta a Hasan, pero rechazan convertir su cumplimiento en una exhibición pública.
El representante demócrata Adam Smith consideró perturbadora la iniciativa y advirtió de que socava la seriedad del sistema judicial. Desde el Partido Republicano, el congresista Austin Scott cuestionó la conveniencia de recurrir a prácticas que evocan los métodos de grupos extremistas.
Las objeciones también han llegado de personas directamente afectadas por la masacre de Fort Hood.
Alonzo Lunsford, sobreviviente del ataque y herido de siete disparos, expresó su preocupación por la posibilidad de que la ejecución se convierta en un espectáculo. Su posición resulta particularmente significativa porque procede de alguien que sufrió directamente la violencia por la que Hasan fue condenado.
La discusión, por tanto, no se limita a una confrontación entre defensores y detractores de la pena capital. También enfrenta dos concepciones sobre la aplicación de la justicia: una que considera legítimo mostrar públicamente el castigo como advertencia y otra que entiende que esa exposición puede degradar la dignidad de las instituciones y trivializar la violencia.
El rechazo ha adquirido igualmente una dimensión internacional. Organizaciones de derechos humanos, dirigentes religiosos y observadores extranjeros han advertido de que una ejecución retransmitida públicamente acercaría a Estados Unidos a prácticas que sus propios representantes han cuestionado durante décadas en otros países.
Las críticas han sido recogidas, entre otros medios, por The Guardian, que documentó el alcance de la condena internacional y las dudas jurídicas que suscita el plan.
La ONU advierte de una posible violación de la prohibición de la tortura
Una de las condenas más contundentes llegó desde Naciones Unidas. El 9 de octubre, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos advirtió de que transmitir en directo una ejecución equivaldría a realizarla públicamente y podría constituir una violación de las normas internacionales contra la tortura.
La portavoz del organismo, Ravina Shamdasani, recordó que las ejecuciones públicas han sido denunciadas por Naciones Unidas otros países, por considerarlas formas de trato o castigo cruel, inhumano o degradante.
Según explicó, una retransmisión en directo vulneraría la prohibición absoluta de la tortura y podría convertir la ejecución en una privación arbitraria de la vida. Las declaraciones fueron recogidas por la agencia EFE.
El pronunciamiento introduce una cuestión particularmente delicada para Washington. Durante décadas, Estados Unidos ha cuestionado las ejecuciones públicas practicadas por otros gobiernos y ha utilizado la defensa de los derechos humanos como uno de los fundamentos de su política exterior. Ahora, una propuesta de su propio Departamento de Defensa recibe críticas basadas en los mismos principios internacionales.
La discusión también afecta al papel de las plataformas digitales. La circulación de imágenes de una ejecución plantea interrogantes sobre los límites de la difusión de contenidos violentos, la protección de menores y el posible aprovechamiento de esas grabaciones por organizaciones extremistas.
El papa León XIV: la pena de muerte atenta contra la dignidad humana
El debate adquirió una nueva dimensión este sábado 10 de octubre, cuando el papa León XIV reafirmó públicamente el rechazo de la Iglesia católica a la pena capital.
En un mensaje publicado con motivo de la Jornada Mundial contra la Pena de Muerte, el pontífice, primer estadounidense en ocupar la jefatura de la Iglesia católica, señaló que la ejecución de una persona no constituye una necesidad para garantizar la justicia ni la seguridad de la sociedad.
«La pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona», afirmó León XIV, según la traducción difundida por Vatican News.
El Papa defendió además que los sistemas penitenciarios modernos permiten proteger a la sociedad sin privar definitivamente a los condenados de la posibilidad de redención.
Aunque su mensaje no mencionó expresamente el caso de Hasan ni el anuncio del Pentágono, se produjo en medio de la controversia y un día después de que altos representantes de la Iglesia se pronunciaran directamente contra la ejecución pública.
El secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, fue particularmente claro al rechazar los planes estadounidenses.
«Es verdaderamente incomprensible que alguien quiera recurrir a este método en los tiempos que vivimos», declaró. Parolin consideró inaceptable convertir la muerte de una persona en un espectáculo, independientemente de la gravedad de los delitos cometidos.
Por su parte, el arzobispo Paul Coakley, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, expresó su conmoción y pidió reconsiderar la decisión. Calificó la propuesta como una promoción bárbara de una cultura de la muerte y advirtió que una ejecución pública podría debilitar los fundamentos morales de la nación.
Los pronunciamientos sitúan a la Iglesia católica estadounidense y al Vaticano entre las voces que han expresado una oposición explícita al proyecto del Pentágono, aunque desde una postura más amplia de rechazo a la pena capital.
Cuando la violencia estatal se convierte en contenido digital
Más allá del caso judicial, la iniciativa plantea un debate sobre la relación entre violencia, poder político y comunicación pública.
Durante siglos, las ejecuciones públicas fueron utilizadas para exhibir la capacidad del Estado de castigar. La presencia de multitudes formaba parte del mensaje. El castigo debía ser visto, recordado y asociado a la autoridad de quienes lo ordenaban.
La propuesta del Pentágono recupera esa lógica en un entorno tecnológico completamente diferente. Las redes sociales permitirían que la ejecución dejara de ser un acontecimiento limitado a un espacio físico y adquiriera una audiencia potencialmente mundial.
Un análisis publicado por Axios sitúa la controversia en el contexto de una cultura digital en la que las imágenes violentas se viralizan con rapidez. El texto examina cómo la retransmisión de una ejecución podría ampliar la exposición pública a la violencia y modificar la manera en que el Gobierno estadounidense comunica el ejercicio de su autoridad.
Los defensores de la transmisión alegan que permitiría observar directamente el cumplimiento de la sentencia y reforzaría su efecto disuasorio. Sus detractores cuestionan esa justificación y advierten que la difusión del fusilamiento podría convertir un acto judicial en una representación de violencia organizada por el propio Estado.
Hay, además, una diferencia sustancial entre documentar una ejecución para garantizar la supervisión pública y organizar su retransmisión como un acontecimiento destinado al consumo masivo. Esa distinción constituye uno de los puntos centrales de la controversia.
La ejecución de Hasan todavía podría enfrentar nuevos procedimientos legales. Tampoco está confirmada la transmisión. Pero el anuncio ya ha reabierto una discusión que Estados Unidos parecía haber cerrado cuando comenzó a retirar las ejecuciones de sus plazas públicas.
Casi noventa años después del ahorcamiento de Rainey Bethea ante miles de espectadores, la posibilidad de que una ejecución sea transmitida a millones de pantallas ha provocado un rechazo que alcanza a sobrevivientes de la violencia, legisladores, organismos internacionales y autoridades religiosas.
En el centro de esa reacción aparece una preocupación compartida, aunque expresada desde posiciones distintas: la gravedad de un delito y la legitimidad de una sentencia no resuelven la cuestión de si un Estado debe convertir la muerte de una persona en un espectáculo público.
El pronunciamiento del papa León XIV y las advertencias de Naciones Unidas han llevado esa pregunta más allá de la política estadounidense. Lo que está en discusión no es solamente cómo se ejecuta una condena, sino qué significa para una sociedad que la muerte administrada por el Estado vuelva a presentarse ante el público como una demostración de poder.
