Con 158 de las 176 transformaciones aprobadas en fase de implementación, el reto es convertir los cambios en resultados concretos para la población, en medio de la asfixia impuesta por Washington.

La iniciativa llega en un momento crítico. La extraterritorialidad de las hostilidades de Washington pesa sobre los proveedores de combustible y las compañías navieras dispuestas a operar con la isla. Limita aún más las posibilidades de atraer capital y desarrollar nuevas actividades productivas. 

Esta realidad es transversal a cada sector de la economía. Repercute en el transporte, la agricultura, la industria, la generación eléctrica y la distribución de alimentos, con consecuencias directas para la vida cotidiana. La transformación económica plantea, por tanto, una doble tarea: resistir las presiones externas y aprovechar los recursos nacionales con iniciativas propias.

La reforma del sistema empresarial cubano amplía las posibilidades de crecimiento de las mipymes, facilita su participación en el comercio exterior y abre nuevas vías de asociación con el capital extranjero. El desafío será convertir estas transformaciones en producción, empleo y desarrollo territorial, sin perder de vista las necesidades sociales del país.

El propósito, según las autoridades cubanas, no es privilegiar una forma de propiedad sobre otra, sino construir un sistema empresarial más articulado, en el que las diferentes formas de gestión contribuyan a las prioridades nacionales.

Durante un encuentro con representantes del sector privado, el presidente Miguel Díaz-Canel defendió la necesidad de establecer una relación entre las aspiraciones de los empresarios y los objetivos del país.

“Lo que estamos haciendo es para que Cuba crezca y para que haya una relación adecuada entre lo que ustedes pueden aspirar como empresarios y también lo que el país aspira, y que podamos conjugarlo en una matriz donde todo el mundo se beneficie”, afirmó.

La apuesta responde a una necesidad concreta: aumentar la producción nacional de alimentos, bienes y servicios, reducir los costos improductivos, incorporar tecnología e innovación y disminuir la dependencia de productos terminados procedentes del exterior.

En ese escenario, el sector privado adquiere un papel más amplio dentro de la estrategia económica cubana, aunque su expansión también plantea interrogantes sobre la regulación, la distribución de los beneficios y su contribución efectiva al bienestar colectivo.

Más espacio para crecer: las mipymes se transforman

Las nuevas disposiciones introducen modificaciones importantes en el funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) privadas. Entre los cambios destaca la eliminación o ampliación del límite anterior de 100 trabajadores, lo que permite a las empresas privadas crecer más allá de esa cifra. También se autoriza que una misma persona natural sea titular o socia de más de un negocio.

Otro cambio significativo es la reducción de las actividades económicas prohibidas. Según la información disponible, el Decreto 160 de 2026 disminuye la lista de 125 a 79 numerales, lo que abre la posibilidad de crear nuevos negocios bajo las condiciones y autorizaciones correspondientes.

Las reformas también flexibilizan el comercio mayorista, amplían las actividades que una empresa puede desarrollar y oficializan la posibilidad de pago en divisas extranjeras, siempre que se cumplan los requisitos de licitud bancaria.

A ello se suman nuevas posibilidades para importar con fines comerciales, participar en licitaciones públicas y establecer vínculos con capital extranjero y operaciones de comercio exterior.

La descentralización de las competencias para aprobar nuevas mipymes hacia los municipios es otra pieza del proceso. La medida busca delegar determinadas decisiones a los territorios. En conjunto, estos cambios buscan reducir obstáculos administrativos y ampliar el margen de acción de los empresarios privados.

Capital extranjero y comercio exterior: las nuevas oportunidades

Uno de los componentes más relevantes de las transformaciones es la apertura de nuevas vías para conectar a las empresas privadas cubanas con la inversión extranjera y los mercados internacionales.

El paquete contempla asociaciones entre empresarios privados nacionales y capital extranjero, así como la posibilidad de que las empresas privadas participen directamente en el comercio exterior sin intermediarios. Para el Gobierno cubano, estas oportunidades ayudarán a captar divisas, incorporar tecnología y acceder a materias primas, equipos y otros recursos que la economía necesita.

El vice primer ministro y ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, considera que las asociaciones con capital extranjero generarán nuevas dinámicas de crecimiento. También señaló que la participación directa de las empresas privadas en el comercio exterior permitirá simplificar trámites burocráticos.

La necesidad de divisas es uno de los principales desafíos de la economía cubana. El ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, advirtió que el país necesita recursos para adquirir combustible, tecnología e insumos que no produce internamente, y que todos los actores económicos, estatales y privados, deben contribuir a obtenerlos.

En paralelo, la nueva cartera de oportunidades de inversión presentada por el Gobierno incluye 426 proyectos en todo el país, con un valor conjunto superior a los 30.000 millones de dólares. Entre los sectores representados están el petróleo, el turismo, la industria azucarera, la producción de alimentos, la biofarmacéutica, las manufacturas y la minería.

El reto no consiste únicamente en atraer capital, sino en materializar los proyectos y conseguir que las inversiones se traduzcan en beneficios para las economías locales, justo cuando Washington diseña sus medidas para evitarlo.

¿Qué lugar debe ocupar el sector privado en el modelo económico cubano?

La ampliación de las posibilidades de actuación empresarial reabre una discusión central: ¿cómo integrar la iniciativa privada en un modelo de desarrollo que mantiene la dirección estatal de la economía y preserva sus objetivos sociales?. Para el economista y profesor Ayuban Gutiérrez, vicepresidente primero de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC), todas las formas de propiedad deben alinearse con un proyecto de desarrollo nacional.

Desde esa perspectiva, “el sector privado responde a una necesidad objetiva de la economía, pero su actividad debe articularse con las prioridades del país y las estrategias territoriales”, explicó durante el programa televisivo Cuadrando la caja.

El debate no se limita a cuánto puede crecer una empresa o cuánto capital puede acumular; sino qué produce, cuántos empleos genera, cómo se relaciona con otros actores económicos y qué contribución realiza al desarrollo de las comunidades.

Díaz-Canel ha insistido en que la efectividad de un proyecto económico no debe medirse exclusivamente por los ingresos que genera, sino también por su aporte a las familias, al empleo juvenil, al desarrollo de las comunidades y a la soberanía nacional. Este enfoque coloca sobre la mesa una cuestión fundamental: cómo conseguir que la expansión empresarial contribuya a resolver necesidades concretas de la población, en lugar de profundizar las desigualdades o aprovechar las carencias existentes.

Regular sin frenar la producción

La ampliación del sector privado exige también establecer reglas claras y mecanismos de supervisión que eviten prácticas especulativas, evasión fiscal, corrupción, acaparamiento y precios desconectados de las posibilidades de la población.

Durante el encuentro con empresarios, Díaz-Canel advirtió que el sector privado no puede convertirse en un espacio para las ilegalidades ni para prácticas que perjudiquen al conjunto de la sociedad. El desafío está en encontrar un equilibrio entre regulación e incentivos. Un marco normativo estable, reglas tributarias claras y mejores condiciones para el funcionamiento de los mercados de bienes, servicios y financiamiento estimulará la actividad productiva, al tiempo que facilitarán la supervisión estatal.

El economista e investigador Rafael Montejo ha subrayado la importancia de acompañar las transformaciones con regulaciones, iniciativas, fondos de desarrollo y mecanismos de financiamiento que permitan a los municipios impulsar sus propias economías. Por tanto, la descentralización necesita proyectos que conecten las potencialidades de cada territorio con las necesidades de la gente.

También exige preguntarse qué más se puede hacer.  Entre las propuestas planteadas en el debate cubano están avanzar hacia condiciones cambiarias más similares para los actores económicos, priorizar los subsidios dirigidos a las personas en lugar de a ciertos productos y fortalecer la participación del sector privado en los proyectos de desarrollo local.

Un ejemplo mencionado es la entrega de pensiones a jubilados por parte del sector privado en el municipio habanero de Playa. Aunque todavía no se ha generalizado, ilustra cómo las empresas pueden contribuir directamente a atender necesidades sociales desde el ámbito local.

El bloqueo estadounidense, otro obstáculo para los empresarios privados

Las medidas estadounidenses contra Cuba no se limitan a las instituciones estatales. También impactan en los emprendimientos privados que necesitan realizar pagos internacionales, adquirir mercancías o recibir recursos desde el exterior.

Las nuevas regulaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (aprobadas el 30 de septiembre pasado) restringen determinadas operaciones bancarias vinculadas con Cuba y eliminan las llamadas transacciones U-turn, que permitían procesar ciertos pagos internacionales a través del sistema financiero estadounidense.

Ahora, las restricciones dificultan los pagos de empresarios cubanos a proveedores internacionales y reducen las vías legales para que las familias envíen dinero a la Isla.

Estas limitaciones contrastan con el discurso de Washington sobre su supuesto respaldo a los emprendedores privados cubanos. En la práctica, las dificultades para acceder a servicios financieros y realizar transacciones internacionales pueden afectar la capacidad de las pequeñas empresas para importar materias primas, mantener sus operaciones y ampliar sus actividades.

La economista y profesora estadounidense Joy Gordon ha cuestionado el alcance de estas sanciones y sus efectos sobre sectores esenciales de la sociedad cubana. Sus investigaciones evidencian que estas medidas de presión “estrangulan de manera indiscriminada a la sociedad civil y a los sectores más avanzados de la isla”.

Bienestar de la población como prioridad

Las 176 medidas abren nuevas posibilidades para el crecimiento de las empresas privadas, la asociación con capital extranjero y la participación en el comercio exterior. Pero su éxito no dependerá únicamente del número de empresas autorizadas ni del volumen de inversión anunciado.

El reto será traducir las oportunidades legales y financieras en más alimentos, bienes y servicios producidos en el país; nuevos empleos; mejores salarios; mayor capacidad exportadora y una contribución efectiva al desarrollo local.

Como plantea el debate económico cubano, la transformación debe entenderse como un sistema en el que lo más importante son las personas. El éxito se medirá en cuánto contribuyan estos cambios a mejorar la vida de los cubanos, preservando la capacidad de Cuba para decidir su propio rumbo en la senda del socialismo.

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