Cuba conmemora este sábado el aniversario 158 del Grito de Yara con 1.339 personas incluidas en el registro de presos políticos de Prisoners Defenders al cierre de agosto de 2026. La lista consultable de la organización, actualizada en octubre, ya muestra 1.353 casos. Detrás de esas cifras hay personas que cumplen condenas de prisión, otras sometidas a restricciones de libertad y familias que denuncian dificultades para visitarlas o garantizarles atención médica. Entre los casos emblemáticos está el rapero Maykel Osorbo, coautor de «Patria y Vida», quien continúa encarcelado.

El 10 de octubre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes inició en La Demajagua el levantamiento contra el dominio español que abrió la Guerra de los Diez Años. Su manifiesto reclamaba representación política y libertades para los cubanos. El aniversario coincide ahora con un aumento de las personas registradas por una organización de derechos humanos como víctimas de encarcelamiento o sanciones de motivación política.

Qué significan las cifras de Prisoners Defenders

En su informe publicado el 10 de septiembre, Prisoners Defenders comunicó 19 incorporaciones y siete bajas en agosto, con un incremento neto de 12 casos. Un año antes, en agosto de 2025, contabilizaba 1.185: el aumento interanual fue de 154 personas. La cifra de 1.353 publicada en su sitio corresponde a una actualización dinámica de octubre y no sustituye, como cierre mensual, al informe detallado de agosto.

El registro de agosto distingue 807 convictos de conciencia, personas privadas de libertad por causas que la organización considera políticas; 495 condenados de conciencia, sometidos a limitaciones de libertad sin internamiento carcelario; y 37 otros presos políticos, privados de libertad en procesos que, según Prisoners Defenders, presentan graves vulneraciones de garantías por motivos políticos. Por tanto, hablar de más de 1.300 presos políticos no significa que todos se encuentren físicamente en una celda.

La lista incluía a 155 mujeres y a 38 personas detenidas cuando eran menores de edad, de las cuales 14 seguían encarceladas según el informe. La organización documentó también 217 manifestantes condenados por sedición, con una pena media de diez años de privación de libertad.

Maykel Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara: de la prisión al exilio

Maykel Castillo Pérez, conocido como Maykel Osorbo, es uno de los rostros de la represión contra artistas disidentes. El rapero y cofundador del Movimiento San Isidro —un colectivo que denunció la censura cultural y defendió la libertad de creación— fue detenido el 18 de mayo de 2021. El 24 de junio de 2022 recibió una condena de nueve años de cárcel por cargos que incluyeron atentado, desacato y desórdenes públicos. También es coautor e intérprete de Patria y Vida, canción que se convirtió en un himno de las protestas de 2021 y ganó dos Latin Grammy: Canción del Año y Mejor Canción Urbana.

En julio de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe que calificó su detención de ilegal y arbitraria, determinó que sufrió desaparición forzada entre el 18 y el 31 de mayo de 2021 y recomendó a Cuba dejar sin efecto su condena. Osorbo continúa registrado como privado de libertad en la prisión de Guanajay, Artemisa. En un audio difundido en agosto, aseguró que había aceptado la posibilidad de exiliarse, pero las autoridades cubanas no habían permitido su salida.

Su amigo y compañero de activismo, Luis Manuel Otero Alcántara, es un artista plástico y cofundador del Movimiento San Isidro que también convirtió sus performances y protestas en una denuncia de la censura. Fue detenido el 11 de julio de 2021 y condenado, el mismo día que Osorbo, a cinco años de prisión, por delitos como desacato, desórdenes públicos y ultraje a los símbolos patrios. A diferencia del rapero, Otero Alcántara salió de prisión el 18 de julio de 2026, tras cumplir su condena, pero se vio obligado a abandonar Cuba y se exilió en Miami. Amnistía Internacional, que reconoció a ambos como presos de conciencia, denunció que ese destierro prolonga el castigo contra las voces críticas. Otero Alcántara, por tanto, ya no es un preso político encarcelado, aunque su caso sigue siendo un ejemplo de persecución política.

Más de 300 kilómetros para una visita que no se produjo

El drama de las familias quedó reflejado esta semana en el caso de Wilber Aguilar Bravo. El jueves 8 de octubre viajó desde La Habana hasta la prisión Nieves Morejón, en Sancti Spíritus, para ver a su hijo, Walnier Luis Aguilar Rivera, encarcelado por las protestas del 11 de julio de 2021. Recorrió más de 300 kilómetros y, según su denuncia, las autoridades le impidieron entrar y entregar alimentos.

Aguilar aseguró que ese día se cumplían 84 días sin poder visitar a Walnier y que le habían comunicado una nueva fecha de visita para el 20 de noviembre. Su hijo fue condenado inicialmente a 23 años por sedición, pena reducida después a 12 años. El padre también ha denunciado vigilancia y hostigamiento por reclamar sus derechos.

La situación de ambos motivó decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que otorgó medidas cautelares a Walnier en 2022 y las concedió a su padre y familiares en enero de 2025 ante la gravedad y urgencia de los riesgos denunciados. En esta última decisión, la CIDH indicó que Cuba no le había suministrado información y pidió medidas de protección para la familia.

La salud de quienes permanecen encarcelados

Prisoners Defenders documentó, entre las personas que continuaban en prisión, 463 con patologías médicas graves y 54 con trastornos graves de salud mental. La organización denunció que la falta de alimentación adecuada, los malos tratos y la denegación de asistencia sanitaria agravan sus condiciones.

El miércoles 7 de octubre, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos difundió una carta de Ana Ibis Tristá Padilla, encarcelada en la prisión de mujeres de Las Tunas. La mujer, condenada a 14 años tras un segundo juicio por delitos contra el orden constitucional y la seguridad del Estado, describió problemas renales, asma crónica y dificultades para caminar. «Apenas puedo caminar y mantengo dolores diarios», escribió, según la carta difundida por la organización, que reclamó atención médica urgente y su liberación.

El caso de Tristá fue especialmente controvertido: había sido absuelta en un primer juicio por insuficiencia de pruebas, pero la Fiscalía recurrió y se celebró otro proceso que terminó en condena. Su denuncia sanitaria no ha recibido, según la información disponible sobre el caso, una respuesta pública de las autoridades penitenciarias.

Los manifestantes del 11J que siguen presos

Una parte importante de los encarcelados por motivos políticos procede de las manifestaciones de julio de 2021. En un balance publicado el 10 de julio de 2026, Human Rights Watch señaló que, según las estimaciones de Justicia 11J y Prisoners Defenders, unos 800 presos políticos seguían físicamente encarcelados, casi la mitad vinculados a aquellas protestas.

Human Rights Watch sostuvo que tribunales cubanos castigaron en varios casos conductas amparadas por las libertades de expresión y asociación, mientras que en otros dictaron penas desproporcionadas apoyándose en pruebas no corroboradas o poco fiables. El informe citó a Juan Enrique Pérez Sánchez, condenado a ocho años por desacato, desórdenes públicos y sabotaje, para quien los fiscales utilizaron como prueba supuestas «huellas de olor» en piedras. Expertos forenses consultados por la organización cuestionaron la base científica de esa evidencia.

Las autoridades cubanas tramitan estos procesos bajo figuras penales como sedición, desacato o desórdenes públicos; las organizaciones de derechos humanos citadas cuestionan la aplicación de esos delitos a quienes protestaron pacíficamente y las garantías de los procedimientos. La clasificación de preso político procede de dichas organizaciones, no de un reconocimiento de las autoridades cubanas.