Fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York preparan nuevos cargos contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por la presunta tortura de ciudadanos estadounidenses recluidos en prisiones venezolanas durante su gobierno, según una investigación exclusiva de CNN publicada este miércoles.

El anuncio formal podría producirse este jueves, de acuerdo con múltiples fuentes familiarizadas con la investigación, explicó la televisora.

Los nuevos cargos se sumarían a los ya existentes por conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína y delitos relacionados con armas, por los que ambos se declararon no culpables y permanecen detenidos sin fianza en Nueva York desde su captura en enero.

Las nuevas acusaciones se vinculan con la detención presuntamente ilegal y los malos tratos sufridos por más de una docena de ciudadanos estadounidenses en cárceles venezolanas mientras Maduro encabezaba el régimen chavista. Los investigadores también evalúan imputar a otras personas por su presunta participación en los abusos.

Entre los casos más documentados figuran el del exmarine Matthew Heath y el de Osman Khan, liberados en un intercambio de prisioneros en octubre de 2022 tras permanecer 752 y 259 días encarcelados, respectivamente.

En una demanda civil presentada en enero de 2025, ambos alegaron haber sido sometidos a ahogamiento simulado, descargas eléctricas, amenazas de agresión sexual, administración de drogas psicoactivas y confinamiento solitario en una celda conocida como «El Tigrito».

También están los casos del llamado «CITGO 6», seis ejecutivos petroleros con vínculos estadounidenses atraídos a Caracas con un señuelo empresarial en noviembre de 2017 y detenidos durante casi cinco años. Tres de ellos —Tomeu Vadell, Alirio José Zambrano y José Luis Zambrano— alegaron tortura física y psicológica en demandas presentadas contra su empleador, la empresa Citgo.

Todos los detenidos estuvieron recluidos en instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), organismo que un informe de Naciones Unidas describió como responsable de «detenciones arbitrarias, malos tratos y tortura de opositores políticos y sus familiares».

Según ese mismo informe, la DGCIM recurrió de forma habitual a descargas eléctricas, asfixia con bolsas plásticas, ahogamiento simulado, golpizas, violencia sexual, privación de agua y alimentos, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas para «obtener información y confesiones, intimidar y castigar a los detenidos».

Este jueves también está prevista una audiencia en la que el abogado de Flores solicitará que sea trasladada a arresto domiciliario antes del juicio, alegando problemas cardíacos. La Fiscalía se opuso formalmente a esa petición a finales de septiembre, calificando a Flores de «riesgo extremo de fuga».

En el plano procesal, la defensa de Maduro impugna la legalidad de su captura y argumenta que el expresidente goza de inmunidad como exjefe de Estado por tratarse de actos cometidos durante su mandato.

Sin embargo, según la Fiscalía, el gobierno venezolano actual no ha reclamado inmunidad en nombre de Maduro.

A comienzos de octubre, un fiscal clave del caso renunció y pidió ser retirado del expediente, en un movimiento que generó interrogantes sobre el desarrollo del proceso.

El juicio contra Maduro y Flores está fijado para el 1 de junio de 2027, y el juez Alvin K. Hellerstein tiene prevista una audiencia sobre las mociones de la defensa para el 17 de noviembre de 2026.