El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) anunció que su Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental ejecutó un ataque cinético letal contra una embarcación rápida que navegaba por rutas conocidas de narcotráfico en el mar Caribe, matando a cuatro personas a quienes calificó de «narcoterroristas».

El comunicado oficial, publicado en la cuenta de X del SOUTHCOM, señaló que «inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico» y que la operación —desarrollada el pasado 4 de octubre— «mató a cuatro narcoterroristas».

El mensaje también incluyó un video de cámara térmica infrarroja, marcado como desclasificado, que muestra la embarcación momentos antes de la explosión.

SOUTHCOM no proporcionó detalles sobre el arma o la aeronave empleadas, la ubicación exacta del ataque, ni la identidad o nacionalidad de los cuatro fallecidos, lo que impide cualquier verificación independiente de los hechos.

El operativo forma parte de la Operación Southern Spear, la campaña militar estadounidense iniciada en septiembre de 2025 que autoriza ataques letales directos contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, en lugar de las intercepciones y capturas que caracterizaban las operaciones antidrogas anteriores.

Según el recuento de InSight Crime al 4 de octubre, la campaña acumula al menos 238 muertos en 79 ataques.

CNN cifró al menos 221 muertos y 67 embarcaciones destruidas desde el inicio de la operación, que ha recibido numerosas críticas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos, luego de que familiares de las víctimas aseguraran que muchas de ellas eran simplemente pescadores en el Caribe.

En las semanas previas al ataque del domingo, el SOUTHCOM había reportado la muerte de cuatro personas en el Caribe el 19 de septiembre, y tres fallecidos en otra operación similar el 9 de ese mismo mes.

La base legal que invoca Washington es que los cárteles designados como organizaciones terroristas extranjeras son combatientes en un conflicto armado, lo que permitiría tratarlos como objetivos militares.

Un memorando del Departamento de Justicia, reportado en agosto de 2026, respalda esta interpretación y otorga al presidente amplias facultades para ordenar los ataques.

Sin embargo, la campaña enfrenta una creciente controversia jurídica internacional. El 21 de septiembre, Ben Saul, relator especial de la ONU sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo, concluyó que los ataques podrían constituir crímenes de lesa humanidad, al tratarse de ejecuciones extrajudiciales en serie bajo una política estatal.

«Existen motivos razonables para considerar que las muertes constituyeron el crimen de lesa humanidad de asesinato, conforme al derecho internacional consuetudinario», afirmó Saul, quien además advirtió que «el narcotráfico, incluso cuando involucre grupos designados como terroristas, no equivale por sí mismo a un ataque armado que permita ejercer la legítima defensa mediante fuerza militar».

Human Rights Watch registró 69 ataques presuntamente ilegales hasta el 2 de septiembre de 2026 y los calificó de ejecuciones extrajudiciales.

Una crítica recurrente de ambos organismos es que EE.UU. no presenta pruebas públicas de que las embarcaciones transporten drogas en el momento del ataque, lo que abre la posibilidad de que entre las víctimas haya pescadores u otras personas no vinculadas al narcotráfico.

La administración Trump, por su parte, mantiene que las operaciones son legítimas y necesarias. Entre octubre de 2025 y junio de 2026, el SOUTHCOM reportó la interceptación de más de 305 toneladas métricas de cocaína y pérdidas superiores a 7,700 millones de dólares para las redes narcotraficantes.