Cuba ocupa el cuarto lugar mundial en solicitudes de acción urgente registradas ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED), con 217 peticiones acumuladas desde 2012, una cifra solo superada por México, Irak y Colombia.

Los datos aparecen en el informe periódico CED/C/31/2, fechado el 30 de septiembre de 2026, que recoge las solicitudes de acción urgente recibidas por el Comité entre marzo y agosto y actualiza el acumulado desde que comenzó a funcionar este mecanismo. El documento fue citado este domingo por The Rio Times.

Según ese balance, México encabeza la lista con 877 solicitudes, seguido de Irak, con 670; Colombia, con 255; y Cuba, con 217. A gran distancia aparece Ecuador, con 43.

La cifra cubana está fuertemente marcada por las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.

De las 217 solicitudes registradas desde 2012, 188 corresponden a 2021, cuando cientos de personas fueron detenidas en distintas provincias del país y numerosas familias denunciaron durante horas o días que desconocían dónde se encontraban sus allegados.

El dato no significa que Naciones Unidas haya verificado 217 desapariciones forzadas permanentes en Cuba. La tabla contabiliza solicitudes de acción urgente recibidas por el Comité, un mecanismo que puede activarse cuando familiares o representantes denuncian que una persona detenida por agentes estatales no puede ser localizada o las autoridades se niegan a informar oficialmente sobre su paradero.

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas define este tipo de violación como una privación de libertad atribuible a agentes del Estado, seguida de la negativa a reconocer esa detención o de ocultar la suerte o el paradero de la persona.

En el caso cubano, muchas de las solicitudes terminaron cerrándose después de que los detenidos reaparecieran bajo custodia estatal. El informe contabiliza 173 solicitudes cerradas, 27 discontinuadas y 17 que permanecen abiertas.

La propia ONU señaló al cierre de su trigésimo primera sesión que, entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2026, recibió 181 nuevas solicitudes de acción urgente en todo el mundo.

Durante ese mismo período, 28 expedientes fueron cerrados tras localizarse a las personas desaparecidas, elevando a 574 el número total de personas localizadas desde que comenzó el procedimiento, 437 de ellas con vida. 

Cuba figura además entre los países con más nuevas solicitudes durante 2026. El informe registra 17 peticiones cubanas correspondientes a hechos ocurridos este año, una cifra solo inferior a la de México, que acumula 73.

Entre esos casos aparecen personas vinculadas a varios episodios ocurridos durante el año. Uno de ellos guarda relación con el incidente de febrero con una embarcación procedente de Florida interceptada por las Tropas Guardafronteras frente a las costas de Villa Clara.

Otro de los expedientes corresponde a Andrés Matos Alcántara, conocido como Matos MC K-LIBRE, quien fue detenido el 25 de junio después de acudir a una citación policial en la unidad de Siboney, en el municipio habanero de Playa.

El informe también recoge las detenciones relacionadas con el incendio ocurrido en junio en la Casa-Museo Orlando Pantoja Tamayo, en Maffo, municipio de Contramaestre. El inmueble ardió durante una jornada de protestas en Santiago de Cuba.

Entre los detenidos por esos hechos figuraban adolescentes. Posteriormente se documentó que al menos tres menores arrestados en junio estaban vinculados al proceso abierto tras el incendio del museo.

Otro de los casos incluidos en las acciones urgentes de 2026 es el del artista y opositor Luis Manuel Otero Alcántara. Agentes de la Seguridad del Estado lo sacaron en julio de la prisión de Guanajay sin informar inicialmente a su familia sobre su destino.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó entonces una acción urgente para localizar a Otero Alcántara, después de que su paradero permaneciera sin ser informado oficialmente.

Las autoridades cubanas han rechazado históricamente que la desaparición forzada constituya una práctica institucional en el país.

Durante las protestas del 11J, funcionarios del Ministerio del Interior negaron que existieran personas desaparecidas y atribuyeron las denuncias a desinformación.

El informe de 2026, sin embargo, muestra que Cuba continúa generando solicitudes urgentes ante el CED cinco años después del 11J, y que una parte de ellas sigue relacionada con períodos de incomunicación en los que las familias desconocen oficialmente dónde se encuentran los detenidos.