Una nueva ola de publicaciones en redes sociales ha puesto bajo escrutinio el entorno familiar de Zamira Marrero Morgado, presidenta del Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este y magistrada que presidió el juicio contra la creadora de contenido Anna Bensi.
En redes, se difundió una captura de un perfil de Facebook identificado con el nombre Jennifer Ramírez, hija de Marrero Morgado y su pareja actual. La joven, según diversos posts, se prepara para salir de Cuba junto a su madre. El señalamiento aparece mientras otros activistas aseguran que el destino final de la magistrada sería Uruguay, donde pretende reunirse con su pareja.
El nuevo episodio amplía la polémica alrededor de una jueza cuyo historial fue repasado recientemente por Periódico Cubano, al documentar su participación en causas del 11J y en el proceso contra Bensi.
Jennifer Ramírez entra en el foco tras el juicio de Anna Bensi
Las publicaciones no precisan una fecha para el supuesto viaje, pero sostienen que Jennifer también formaría parte de la salida familiar. En la captura difundida, el perfil aparece identificado con ese nombre y señala residencia en La Habana.
El comunicador y divulgador cubano Eliecer El Bayardo también ha divulgado información sobre el entorno de la magistrada. Según escribió, mientras Marrero ocupa un importante cargo judicial, su pareja, Osbel Ramírez, ya se encuentra fuera de Cuba y la jueza tendría planes de reunirse con él.
“Funcionarios que ejercen el poder dentro del sistema mientras construyen o proyectan su propia vida fuera de él”, escribió El Bayardo, quien calificó la situación como una muestra de “doble moral” entre funcionarios cubanos.
Osbel Ramírez está en Guyana y apunta a Uruguay
El Bayardo informó este 2 de octubre que el propio Osbel Ramírez ha publicado fotografías junto a Zamira Marrero y que el 20 de septiembre compartió una despedida desde el aeropuerto de La Habana antes de volar a Guyana. En comentarios posteriores indicó que se encontraba en ese país y que esperaba a su pareja para continuar juntos hacia Uruguay.
El mismo reporte recoge que Ramírez publicó el 28 de julio un anuncio ofreciendo gasolina en Centro Habana a 4,50 dólares el litro. Activistas como El Bayardo han presentado esa actividad como parte del mercado informal de combustible, un sector que durante años ha estado sujeto a fuertes controles estatales.
La información sobre la posible salida de Marrero surge apenas después del proceso contra Anna Bensi. Periódico Cubano ha seguido el caso desde marzo, cuando Anna y su madre quedaron sometidas a medidas cautelares a raíz de la grabación de un agente que acudió a su vivienda para entregar una citación de la Seguridad del Estado.
Semanas antes del juicio, incluso el Tribunal Supremo Popular difundió una advertencia sobre la publicación de imágenes ajenas en redes sociales, un pronunciamiento que volvió a colocar el artículo penal utilizado contra Bensi bajo la atención pública.
El historial de Zamira Marrero en los juicios del 11J
Marrero Morgado no llegó al caso Bensi sin antecedentes en procesos de fuerte repercusión política. Su nombre figura entre los cinco jueces que integraron el tribunal de la causa EFP 145, celebrada los días 20 y 21 de diciembre de 2021 contra 17 manifestantes de La Güinera.
Ese proceso fue uno de los seis juicios contra 129 personas vinculadas a las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 en La Güinera y Toyo. Las sanciones impuestas en el conjunto de esas causas llegaron hasta 30 años de privación de libertad. Periódico Cubano documentó en 2022 las severas condenas dictadas contra los manifestantes del 11J.
En abril de 2025, Marrero defendió además una tesis de maestría en Derecho Judicial sobre el “interés superior del niño comisor de delito”, un dato recuperado por activistas al cuestionar su trayectoria y su participación posterior en procesos de alto perfil.
El 1 de octubre de 2026, el tribunal presidido por Marrero declaró culpables a Anna Bensi, de 21 años, y a su madre, Caridad Silvente, por “actos contra la intimidad personal y familiar”. La causa nació después de que ambas grabaran y difundieran imágenes de un agente del Ministerio del Interior que acudió a su domicilio.
Durante la vista, la Fiscalía solicitó dos años de prisión para Bensi y arresto domiciliario para su madre, petición que fue conocida al concluir el juicio. Finalmente, el tribunal impuso a ambas dos años de limitación de libertad, sanción que no equivale a encarcelamiento, pero establece restricciones de movimiento y de salida del país.
