El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla recurrió este lunes ante Naciones Unidas a la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986 para esgrimir un argumento trillado y despojado a estas alturas de toda credibilidad o capacidad de persuasión: Cuba ve obstaculizado su desarrollo por la política de Estados Unidos.

En su intervención durante la reunión de alto nivel convocada por la Asamblea General por el 40 aniversario de aquella Declaración, Rodríguez habló de un orden económico internacional «injusto por diseño», de «dependencia», «explotación», sanciones y del embargo estadounidense.

En resumen, el titular del MINREX presentó la situación cubana esencialmente como resultado de un cerco exterior y reivindicó el derecho del país a la libre determinación. Sin embargo, el problema para ese discurso aparece al leer completo el documento que el propio canciller escogió como referencia.

Porque los principios de la Declaración no apuntan solamente hacia Washington ni hacia el orden económico internacional. Aplicados a la realidad cubana, también señalan directamente al Estado que Rodríguez Parrilla representa.

El texto establece deberes dentro de cada país, coloca a la persona en el centro del proceso de desarrollo y vincula expresamente ese desarrollo con el conjunto de los derechos humanos. Y ahí comienza una contradicción difícil de esquivar para el régimen cubano.

Los derechos no se pueden escoger a la carta

El artículo 6 de la Declaración establece que «todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes» y reclama igual atención para los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

El mismo artículo sostiene que los Estados deben eliminar los obstáculos al desarrollo derivados del incumplimiento tanto de los derechos civiles y políticos como de los económicos, sociales y culturales.

La precisión resulta particularmente relevante en el caso cubano.

Durante décadas, el discurso oficial ha exhibido sus cuestionables resultados en educación y salud como prueba de legitimidad política y como respuesta a las denuncias por ausencia de pluralismo, restricciones a la libertad de expresión, persecución del disenso o encarcelamiento de opositores.

La Declaración invocada por Rodríguez impide precisamente establecer esa jerarquía.

La alfabetización no sustituye a la libertad de expresión. Una consulta médica no reemplaza el derecho de asociación. El acceso a la educación no compensa la ausencia de competencia política. Según el principio consagrado en el documento, los derechos sociales no cancelan los civiles y políticos ni estos pueden sacrificarse en nombre de aquellos.

No es una reinterpretación contemporánea del texto: estaba escrito en 1986.

La parte de la Declaración que Bruno omitió

Rodríguez Parrilla concentró su intervención en las responsabilidades internacionales. Esa dimensión existe y sería imposible ignorarla.

La Declaración reclama cooperación entre Estados y contempla la eliminación de obstáculos internacionales al desarrollo. Por tanto, discutir los efectos económicos de las sanciones estadounidenses sobre Cuba es compatible con el documento.

Lo que una lectura completa no permite es terminar ahí.

El artículo 8 exige a los Estados adoptar «a nivel nacional» las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho al desarrollo. Reclama igualdad de oportunidades para acceder a recursos básicos, educación, salud, alimentación, vivienda y empleo; una distribución justa de los ingresos; reformas económicas y sociales adecuadas; y participación popular en todas las esferas.

La propia ONU, al presentar la conmemoración del 40 aniversario, recordó que la Declaración exige que las personas puedan participar plena y libremente en las decisiones fundamentales y reclama igualdad de oportunidades y una distribución equitativa de los recursos económicos.

Aplicado ese principio a Cuba, la cuestión deja de ser exclusivamente qué responsabilidad tiene Washington y obliga a examinar también qué responsabilidad corresponde al Estado cubano por las condiciones políticas y económicas creadas dentro del país.

¿Participar en el desarrollo sin poder participar en la política?

La contradicción adquiere una dimensión concreta cuando se compara ese principio de participación con la realidad política cubana.

Human Rights Watch documentó en su Informe Mundial 2026 que el régimen continuó reprimiendo el disenso y la crítica pública, mantuvo encarcelados a cientos de críticos y manifestantes y restringió la libertad de expresión. La organización señala además el control estatal sobre los medios de comunicación y las restricciones al acceso a información exterior.

En julio de 2026, Human Rights Watch estimó, a partir de datos de organizaciones independientes, que alrededor de 800 presos políticos continuaban encarcelados en Cuba, casi la mitad vinculados con las protestas de julio de 2021. Según la organización Prisoners Defenders, ese mes el régimen cubano tenía 1,327 presos políticos, la cifra más alta jamás documentada.

Amnistía Internacional denunció también este año el uso del sistema penal para castigar la expresión disidente, al reclamar la liberación de los artistas Maykel Castillo y Luis Manuel Otero Alcántara.

El contraste es evidente: el derecho al desarrollo descrito por la Declaración no consiste simplemente en que el Estado proporcione determinadas prestaciones. Reconoce a las personas como sujetos activos del proceso.

Una crisis que tampoco puede explicarse solo desde Washington

La economía cubana plantea otra cuestión que quedó fuera de la intervención del canciller: el resultado de las políticas económicas aplicadas dentro del país.

La CEPAL prevé una nueva contracción de Cuba en 2026 y señala al país, junto con Haití, como uno de los factores que reducen significativamente el crecimiento promedio de Centroamérica.

La crisis eléctrica ha alcanzado dimensiones extraordinarias. Solo el 30 de julio, el déficit provocó una afectación máxima de 2.222 MW, mientras la generación disponible era de apenas 1.000 MW frente a una demanda prevista de 3.250 MW.

Al mismo tiempo, una de las grandes y polémicas apuestas inversionistas de las autoridades durante años —el turismo— atraviesa un desplome histórico. Cuba terminó 2025 con una ocupación hotelera del 18,9 %, según cifras de la Oficina Nacional de Estadística e Información, y recibió apenas 1,81 millones de visitantes internacionales.

En el primer trimestre de 2026, la ocupación cayó todavía más, hasta el 12,9 %, dejando un panorama económico marcado por la destrucción de 300.000 puestos de trabajos, casi el 5,1% de la población activa del país.

Estos resultados abren interrogantes sobre el modelo productivo, la planificación estatal, la política de inversiones y la asignación de recursos, incluidas las enormes inversiones realizadas durante años en infraestructura turística mientras se deterioraban sectores esenciales.

Reconocer el impacto de las sanciones estadounidenses no elimina esas responsabilidades internas. Y el propio concepto integral de desarrollo invocado por Rodríguez Parrilla obliga a examinarlas.

El incómodo caso de las misiones médicas

Incluso uno de los pilares tradicionales del discurso cubano sobre sus logros sociales —la exportación de servicios médicos— plantea problemas cuando se observa desde la perspectiva de la persona como sujeto del desarrollo.

En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe basado, entre otras fuentes, en testimonios de profesionales y documentó graves restricciones sufridas por trabajadores enviados al exterior, entre ellas retención de documentos y salarios, coerción y condiciones que el organismo vinculó con indicadores de trabajo forzoso.

El régimen cubano rechaza esas acusaciones y presenta las brigadas como expresión de solidaridad internacional.

Pero la controversia plantea una cuestión directamente relacionada con el documento citado en Naciones Unidas: si la persona es el sujeto central del desarrollo, sus derechos no pueden quedar subordinados automáticamente a los intereses económicos o políticos del Estado que administra el resultado de su trabajo.

Una Declaración de 1986 para un mundo que ya no existe

Hay además una paradoja histórica en la elección de Rodríguez Parrilla.

La Declaración fue aprobada el 4 de diciembre de 1986 por 146 votos a favor, uno en contra —Estados Unidos— y ocho abstenciones. No es un tratado internacional con obligaciones convencionales equivalentes a las de un pacto ratificado, sino una declaración adoptada mediante una resolución de la Asamblea General. La documentación jurídica de Naciones Unidas la describe como un instrumento de naturaleza programática que, pese a ello, ha ejercido una influencia considerable en la evolución del concepto del derecho al desarrollo.

El contexto internacional en el que nació era radicalmente diferente.

En 1986 existía la Unión Soviética, el Muro de Berlín seguía en pie, la Guerra Fría estructuraba las relaciones internacionales y Cuba estaba económica y políticamente integrada en el bloque socialista, del que recibía condiciones comerciales y apoyos extraordinariamente favorables.

Cuarenta años después, la Unión Soviética desapareció, el bloque socialista europeo dejó de existir y Rusia y China operan con sistemas económicos profundamente diferentes de las economías centralmente planificadas de aquella época.

El propio presidente de la Asamblea General reconoció durante la conmemoración que «el mundo ha cambiado profundamente desde 1986», aunque defendió la vigencia del compromiso con el derecho al desarrollo.

Por eso, el problema no es que Rodríguez Parrilla cite un documento de hace cuatro décadas. Muchos de sus principios sobre dignidad, participación, igualdad y derechos humanos conservan plena relevancia.

La paradoja es otra: que el régimen cubano recurra en 2026 a la lógica y lenguaje políticos de aquella época para explicar sus dificultades esencialmente a través de factores externos, después de cuarenta años de transformaciones mundiales y de decisiones económicas propias.

Una Declaración que exige mirar también hacia dentro

Bruno Rodríguez Parrilla utilizó el Derecho al Desarrollo para señalar a Estados Unidos. La Declaración de 1986 le proporciona cierta base argumental para que su apolillada retórica cuestione sanciones, desigualdades económicas y obstáculos internacionales.

Pero también establece algo que su intervención dejó fuera: los Estados tienen responsabilidades dentro de sus fronteras y el desarrollo exige derechos indivisibles, participación, igualdad de oportunidades y una distribución equitativa de sus beneficios.

Ese es el punto en el que la Declaración deja de ser cómoda para La Habana.

Porque si Cuba quiere invocar el derecho al desarrollo para explicar su crisis, el propio documento obliga a ampliar el examen: no solo hacia las políticas de Washington, sino hacia las decisiones económicas, las prioridades de inversión, la distribución de los recursos, las restricciones a las libertades y la exclusión de los ciudadanos de una participación política plural y efectiva.

Cuarenta años después de 1986, quizá esa sea la parte más incómoda de la Declaración para el Gobierno cubano: no permite exigir responsabilidades al mundo sin examinar también las propias.