El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el estado de Florida vaciaron este martes el centro de detención conocido como Alligator Alcatraz, ubicado en los Everglades del sur de Florida, trasladando a todos sus detenidos a otras instalaciones ante el inicio de la temporada de huracanes.

«Al iniciarse la temporada de huracanes, el ICE y el estado de Florida han trasladado a los inmigrantes indocumentados desde la instalación de estructura flexible», confirmó la agencia federal, que justificó la medida como una garantía para «la seguridad de los detenidos indocumentados».

Las autoridades no precisaron cuántas personas fueron reubicadas ni a qué centros exactamente fueron enviadas.

El cierre llega después de meses de denuncias sobre las condiciones dentro del recinto y de un costo operativo que, según registros obtenidos por la organización ambiental Friends of the Everglades, ascendió a aproximadamente 1.2 millones de dólares al día, con un gasto total que supera los 1,100 millones de dólares hasta este mes de junio.

Entre quienes pasaron por Alligator Alcatraz hay un número significativo de cubanos, muchos de ellos personas mayores con décadas de residencia en Estados Unidos. Según un informe de Human Rights Watch publicado el 27 de mayo de 2026, titulado «Nos abandonan aquí a morir», entre enero de 2025 y marzo de 2026 fueron deportados a México 4,353 cubanos, el grupo nacional más numeroso entre los deportados a ese país.

De los 53 deportados entrevistados por HRW, 41 eran cubanos y 17 tenían 60 años o más; el mayor contaba con 83 años.

Casos documentados incluyen al cubano Rafael Enrique Migolla, de 73 años, que llegó a Estados Unidos en 1991 y fue deportado a México, donde vive en condición irregular en Villahermosa, Tabasco. También Felipe Muñoz, de 70 años con más de treinta años en el país, y Lázaro Romero León, de 59 años con igual tiempo de residencia, quien quedó en situación de calle en Tapachula tras ser deportado.

El centro fue construido en apenas ocho días mediante poderes de emergencia estatales e inaugurado por Trump y DeSantis en julio de 2025, en el antiguo Dade-Collier Training and Transition Airport, dentro del Big Cypress National Preserve. Aunque su capacidad anunciada era de entre 3,000 y 5,000 detenidos, en abril de 2026 albergó una población diaria promedio de alrededor de 1,400 personas.

Casi el 60% de los detenidos fueron clasificados por ICE como «sin amenaza», es decir, sin condenas penales previas, lo que contradice la justificación original de las autoridades para construir el recinto.

«Cuando se construyó sin participación pública, en pleno corazón de los Everglades el verano pasado, las autoridades dijeron que necesitaban ubicarlo allí porque iban a albergar a los peores de los peores. Y está claro que no es el caso», señaló Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades.

La organización presentó una demanda alegando que el estado no realizó la evaluación ambiental exigida por la normativa federal antes de abrir el centro, y que se colocaron al menos 20 acres de asfalto nuevo en los Everglades sin ningún proceso público.

Detenidos denunciaron condiciones inhumanas dentro del recinto: hacinamiento de entre 27 y 32 personas por jaula, agua no potable, comida insuficiente y demoras de hasta 72 horas para recibir atención médica.

Florida esperaba recibir más de 600 millones de dólares en reembolsos federales por la operación del centro, pero ese pago quedó atascado sin un calendario claro de pago.

Friends of the Everglades anunció que continuará litigando hasta lograr el cierre permanente de la instalación. «Creo que, cuando todo esté dicho y hecho, se verá como un capítulo oscuro en la historia de los Everglades», concluyó Samples.