Foto: José M. Correa
La nueva política de comercio de Cuba, respaldada por un conjunto de normas jurídicas publicadas el pasado viernes en la Gaceta Oficial, introduce cambios en la organización de las actividades, simplifica la emisión de licencias comerciales y establece regulaciones de obligatorio cumplimiento para todos los actores económicos.
Betsy Díaz Velázquez, titular del sector, explicó que la política tiene como principal expresión el Decreto 167 de 2026 «Del Comercio Interior», que define el alcance del comercio mayorista y minorista, integra disposiciones anteriormente dispersas y regula las diferentes modalidades de venta existentes en el país, incluido el comercio electrónico.
La norma actualiza también el alcance de los servicios gastronómicos, personales, técnicos y de uso doméstico, establece responsabilidades institucionales y fija principios para el desarrollo de la actividad comercial.
Sobre el Decreto 168/2026 «Del Registro Central Comercial», la Ministra explicó que se mantiene la inscripción obligatoria de los actores económicos que realizan actividades comerciales, pero se simplifican los procedimientos para obtener las licencias.
En lugar de emitir una licencia por cada actividad desarrollada dentro de un mismo establecimiento, será posible disponer de una licencia comercial única que comprenda las diferentes actividades autorizadas.
Asimismo, desaparece la diferenciación entre autorizaciones para operar en moneda nacional y licencias para operaciones en divisas, y el documento será denominado simplemente licencia comercial, aunque las tarifas correspondientes se establecerán de acuerdo con la moneda en que opere el actor económico.
Las normas presentan también la Resolución 24/2026 que establece los requisitos técnicos y formales para ejercer el comercio y la 23/2026 «Clasificador de establecimientos comerciales» que dispone un nuevo clasificador de establecimientos comerciales, el cual reduce de 109 a 33 las tipologías existentes.
Díaz Velázquez significó que con las nuevas disposiciones se deroga la Resolución 56 de 2024 del Ministerio de Comercio Interior, que establecía requisitos para desarrollar el comercio mayorista, y precisó que se mantiene la prohibición de ejercer esa actividad para los trabajadores por cuenta propia.
Aida González Grau, directora de Mercadotecnia del Mincin, explicó que, por primera vez, se incorpora un régimen de infracciones administrativas, cuya aplicación tendrá en cuenta la lesividad de las conductas.
Agregó que las cuantías anteriormente establecidas para determinadas infracciones habían quedado desactualizadas frente al actual contexto económico, por lo que el nuevo régimen busca reforzar el cumplimiento de las obligaciones de quienes ejercen actividades comerciales.
La Ministra aseguró que el reto será trasladar ahora ese ordenamiento jurídico a la práctica, simplificar los procedimientos para los actores económicos y, al mismo tiempo, reforzar las garantías y derechos de los consumidores.
