La investigación, liderada por el especialista Yoelvis Bolaños Álvarez, integró a expertos del Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas de la Universidad de La Habana, el Centro de Investigaciones Pesqueras, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Federal de Bahía en Brasil y el Organismo Internacional de Energía Atómica.
Bolaños Álvarez destacó la trascendencia de los resultados. “Estos hallazgos ofrecen una línea de base crítica para Cuba, respaldan el monitoreo y los compromisos asumidos bajo el Convenio de Minamata sobre el Mercurio”, afirmó el autor principal, quien instó a futuras investigaciones sobre datos temporales, especiación química y procesos de bioacumulación en ecosistemas marinos.
El estudio analizó 15 zonas costeras y estableció por primera vez un valor de referencia nacional para el mercurio en el mar. Los resultados mostraron una variabilidad importante: desde niveles imperceptibles hasta concentraciones con diferencias de varios órdenes de magnitud, en especial en sitios con fuerte presencia industrial y urbana.
El río Sagua la Grande y la bahía de La Habana resultaron los lugares más afectados por la acumulación del metal. En esas áreas, los niveles superan con frecuencia los límites considerados dañinos para la vida acuática, reflejo del impacto de antiguas industrias y del crecimiento urbano.
Los investigadores aplicaron por vez primera un índice que relaciona la contaminación con factores sociales y económicos. Ese enfoque metodológico permite vincular la presión humana con la vulnerabilidad ambiental y amplía la utilidad del estudio más allá del ámbito científico.
El Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos (CEAC) lidera actualmente el proyecto “Fortalecimiento de las capacidades nacionales para la gestión del mercurio como soporte a la implementación del Convenio de Minamata en Cuba (MERGE)”, con financiamiento del Programa Específico Internacional de ese convenio y el acompañamiento de la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada (AENTA).
Cuba suscribió el Convenio de Minamata en 2013 y lo ratificó en 2017, compromiso que exige reducir el uso y las emisiones de mercurio. Este diagnóstico, el primero de su tipo en el archipiélago, provee una herramienta científica para cumplir ese acuerdo y orientar políticas de gestión ambiental en ecosistemas costeros vulnerables.
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