con armas nucleares, según cifras abordadas por la ONU. Imagen tomada de pl.
Foto: Tomada de Prensa Latina
El abuelo de Oemwa Johnson tenía 14 años cuando Estados Unidos y el Reino Unido comenzaron las pruebas nucleares llevadas a cabo entre 1957 y 1962, en el marco de la operación Grapple, en la isla de Kiritimati, que hoy forma parte de Kiribati.
Aun cuando, para aquel momento, la humanidad conocía sobradamente las consecuencias de una detonación nuclear, la escena que en 2025 la joven Oemwa contó a la ONU parece un acto de novatada imperdonable.
«Estaban todos reunidos en una pequeña pista de tenis y solo les dieron una manta fina, sin protección real (…) La usaban para cubrirse los ojos de los destellos de la explosión», dijo.
La representante juvenil de la República de Kiribati explicó entonces que la radiación a la que estuvo expuesto su abuelo le provocó pérdida de audición y deterioro cognitivo, secuelas que le acompañaron el resto de su vida y que afectan a sus descendientes hasta el día de hoy.
«Las dos hermanas mayores de mi padre nacieron prematuramente y fallecieron poco después –explicó ante la magna sala de la Asamblea General–. También se registraron casos similares en otras familias de la comunidad». Y agregó: «Mi padre y yo también padecemos migrañas crónicas y otros problemas de salud inexplicables».
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«Que 20 no es nada», dijo Gardel en su famoso tango Volver. Pero, aunque para el recuerdo dos décadas parecen imperceptibles, cuando se trata de armas nucleares, la historia es otra.
Casi 30 años –desde 1996– lleva firmado el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE). Sin embargo, ese importantísimo instrumento internacional destinado a poner fin a todas las formas de ensayos nucleares, y así limitar la carrera armamentista, aún no ha entrado en vigor, pues hasta la fecha ha sido firmado por 185 países de un total de 196, y ratificado por 169.
Treinta años en los que la humanidad ha estado siempre bajo la posibilidad de que alguien olvide lo aprendido.
No se trata de que sea una normativa menos relevante que otras aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas –todo lo contrario–, o que ese retraso no implica el riesgo nuclear al que se expone la humanidad.
Pareciera una prueba de fuerza o la forma para no descartar la posibilidad de borrar a un enemigo de un plumazo –más bien un bombazo–, a sabiendas de sus riesgos catastróficos y duraderos.
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A pesar de ello, más de 2 000 pruebas se han realizado desde que el 16 de julio de 1945 comenzaron los ensayos con armas nucleares, según cifras abordadas por la ONU.
Se sabe que tales pruebas acarrean graves impactos en la salud humana. Como cáncer y daños congénitos; así como severos perjuicios ambientales y ecológicos, entre los que destacan la contaminación a largo plazo y las lluvias radioactivas.
No se trata de una información novedosa para el hombre. Quienes poseen y desarrollan hoy su poderío atómico, así como el resto de la humanidad, no han olvidado la catástrofe provocada por las bombas lanzadas por EE. UU. en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki.
Cuando la realidad de nuestros días amenaza con repetir, y agravar, los errores de un pasado que aún hoy continúa cobrando víctimas, frenar la carrera armamentista nuclear es una urgencia común, una alarma mundial.
A sabiendas de ello, la Asamblea General de la ONU, en su 64to. Periodo de sesiones, declaró el 29 de agosto como el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares mediante la adopción unánime de la Resolución 64/35, en conmemoración al cierre del polígono de ensayos nucleares de Semipalátinsk, ocurrido el 29 de agosto de 1991.
De acuerdo con la ONU, la resolución insta a fomentar la concienciación y la educación «sobre los efectos de las explosiones de ensayos con armas nucleares o cualquier otra explosión nuclear y la necesidad de ponerles fin como uno de los medios para lograr el objetivo de un mundo libre de armas nucleares».
