Jeffrey A. Bartos, representante de Estados Unidos para la Gestión y Reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denunció ante el Consejo de Seguridad del organismo los privilegios de los líderes del régimen cubana mientras la población de la isla enfrenta escasez alimentaria y energética. El diplomático afirmó que “las escandalosas acusaciones de Cuba son un intento de eludir la responsabilidad por décadas de corrupción y mala gestión económica” y subrayó que, mientras el pueblo padece carencias, “las élites del régimen viven estilos de vida opulentos y el gobierno continúa dilapidando recursos en complejos turísticos de lujo y hoteles que permanecen vacíos”. El embajador de EEUU apuntó directamente contra el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas cubanas, citando investigaciones que estiman en más de USD 18.000 millones los fondos acumulados por la entidad y sus filiales en cuentas extranjeras. Según documentos financieros analizados por la BBC y el Miami Herald, los activos del grupo ascendían en marzo de 2024 a USD 17.894 millones de dólares, con 14.467 millones depositados en bancos. La Misión estadounidense ante Naciones Unidas resumió la posición de Washington: “Mientras el pueblo cubano se muere de hambre, los líderes de Cuba continúan viviendo estilos de vida opulentos”. Bartos insistió en que Estados Unidos sigue siendo uno de los principales proveedores de ayuda alimentaria y humanitaria para la isla, y acusó al régimen cubano de mentir en la ONU para evadir su responsabilidad por décadas de mala gestión. “No es de extrañar que Cuba continúe eludiendo la responsabilidad por décadas de brutal mala gestión económica mintiendo en la ONU”, concluyó. La intervención se produjo durante el foro Alimentos bajo fuego: el papel del Consejo de Seguridad en la mitigación de las crisis alimentarias globales y locales, convocado por Dinamarca. La reciente ofensiva diplomática de la administración Trump contra La Habana intensifica las tensiones en los principales foros internacionales. El último episodio más notorio ocurrió el pasado 7 de julio, durante una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU, donde las delegaciones de Estados Unidos denunciaron la situación de los derechos humanos en la isla. El embajador Bartos y su colega Mike Waltz centraron sus intervenciones en los cortes de energía y en la existencia de más de 800 presos políticos en territorio cubano. Durante la sesión, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla intentó frenar ambas exposiciones a través de mociones de orden, aunque estas no prosperaron en el recinto. La votación que siguió marcó un hecho inédito: 136 países respaldaron la apertura del debate sobre el embargo a Cuba, frente a nueve votos en contra y 30 abstenciones. Se trata del apoyo más bajo para La Habana en más de treinta años de deliberaciones sobre el tema. En el mes de agosto, el Comando Sur de EEUU dio un nuevo giro a la presión internacional al identificar a GAESA como una amenaza regional. Paralelamente, legisladores estadounidenses solicitaron el congelamiento de los activos de este conglomerado militar cubano, posicionándolo como uno de los principales objetivos de la estrategia estadounidense. La campaña de sanciones alcanzó su punto más alto el 7 de mayo, cuando el secretario de Estado Marco Rubio anunció medidas punitivas contra GAESA y su presidenta ejecutiva, la general Ania Guillermina Lastres Morera. Las sanciones se ampararon en la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo, que apuntó a los responsables de la represión interna y de las amenazas a la seguridad nacional de EEUU. El jefe de la diplomacia estadounidense definió a GAESA como “el corazón del sistema comunista cleptócrata de Cuba”, destacando su control sobre entre el 40% y el 70% de la economía formal isleña. El funcionario detalló que la influencia de GAESA abarca sectores clave como hoteles, puertos, remesas y comercio exterior, convirtiéndola en el centro de gravedad económico del régimen. La decisión de la Asamblea General de la ONU y el endurecimiento de las medidas estadounidenses configuran un escenario de aislamiento sin precedentes para el régimen cubano desde la década de 1990. Mientras tanto, la presión internacional y las sanciones económicas sitúan a GAESA y a su directiva en el centro del debate sobre el futuro político y económico de la isla.
