El régimen cubano recibe más de 4,2 millones de dólares al año por el trabajo de unos 90 médicos y profesionales sanitarios enviados a Botsuana, mientras los colaboradores reciben menos de una cuarta parte de lo que el país africano paga por sus servicios.

Una investigación de Prisoners Defenders, publicada este martes, revela que Botsuana paga 3,500 euros mensuales —unos 4,095 dólares— por cada especialista cubano, pero el profesional recibe apenas 1,000 dólares.

Los restantes 3,095 dólares, equivalentes al 75,58% del pago, son transferidos a la estructura estatal cubana a través de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC).

Con unos 90 profesionales desplegados actualmente, el esquema deja en manos del Estado cubano aproximadamente 350,500 dólares mensuales y 4,2 millones de dólares anuales, según los cálculos de la organización.

Botsuana sabe cuánto recibe cada médico

Prisoners Defenders sostiene que el gobierno de Botsuana, encabezado por Duma Boko, conoce cómo se distribuye el dinero.

El convenio obliga a la parte cubana a emitir facturas mensuales que diferencian el importe destinado a los profesionales del que se transfiere a La Habana. Además, documentos administrativos del Princess Marina Hospital, con copia al Ministerio de Finanzas botsuanés, registran desde al menos 2020 los estipendios pagados a los médicos.

Para la organización, estas evidencias demuestran que las autoridades del país africano conocen las condiciones económicas del programa.

«El gobierno actual de Duma Boko sostiene materialmente y con pleno conocimiento la arquitectura económica que permite un esquema de esclavitud moderna», denunció Prisoners Defenders.

Restricciones para moverse, recibir visitas y hasta conducir

La investigación también publica una regulación interna firmada el 3 de julio de 2026 en Gaborone por el jefe de la misión médica cubana en Botsuana, Pablo Ricardo Betancourt Álvarez, que establece fuertes restricciones sobre la vida de los colaboradores.

«Queda limitada la salida de los colaboradores de sus distritos sólo para asuntos profesionales o de salud, y siempre previa consulta con el Jefe de la Brigada Médica Cubana en Botsuana», establece el documento.

Las normas también restringen recibir visitas de personas ajenas a la brigada, dormir fuera de la vivienda asignada, visitar a cubanos que no formen parte del contingente, adquirir o conducir vehículos y salir a altas horas de la noche sin autorización.

La regulación considera además una infracción grave la «generación, tergiversación, manipulación o divulgación de información sensible» relacionada con la brigada y establece la realización de «controles sorpresivos».

Los testimonios recopilados por Prisoners Defenders dibujan un escenario todavía más severo. Según la organización, ninguno de los médicos entrevistados participó voluntariamente en la misión ni recibió copia de su contrato, mientras todos denunciaron la retención de sus pasaportes.

También afirmaron haber sido advertidos de que, si abandonaban la misión, se les impediría regresar a Cuba durante ocho años. Las jornadas laborales documentadas oscilaron entre 56 y 64 horas semanales, con un promedio de 57,6 horas.

El Código Penal cubano añade otra herramienta de presión. Su artículo 176.1 contempla penas de tres a ocho años de prisión para determinados funcionarios públicos que abandonen una misión en el exterior o se nieguen a regresar a Cuba.

Las misiones médicas cubanas bajo creciente escrutinio

Las condiciones de estos programas han recibido un creciente cuestionamiento internacional.

En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe de 199 páginas que identificó indicios graves de trabajo forzoso en las misiones médicas cubanas y recomendó a los países americanos retirarse del programa mientras no existan garantías laborales.

En julio, Estados Unidos sancionó al ministro cubano de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, así como a la directora de la Unidad Central de Cooperación Médica, Gretza Sánchez Padrón, y a las entidades UCCM y CSMC S.A.

Prisoners Defenders resume el funcionamiento del convenio de Botsuana con una conclusión contundente:

«Botsuana no paga al profesional por el trabajo que presta en sus hospitales: paga a la estructura estatal cubana que decide cuánto le paga, cuánto le retiene y qué sanciones personales tendrá que soportar si rompe el vínculo laboral».