El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prorrogó por un año, hasta el 14 de septiembre de 2027, la aplicación de determinadas facultades previstas en la Ley de Comercio con el Enemigo (Trading With the Enemy Act, TWEA) respecto a Cuba.
La decisión aparece en un memorando presidencial firmado el 20 de agosto de 2026, en el que Trump determinó que la continuidad durante otro año de esas facultades “es de interés nacional de Estados Unidos”. El documento corresponde a la Determinación Presidencial No. 2026-21.
La medida mantiene vigentes las facultades respecto a Cuba implementadas a través del Reglamento de Control de Activos Cubanos (Cuban Assets Control Regulations), 31 C.F.R. Parte 515, el marco regulatorio utilizado por el Gobierno estadounidense para aplicar buena parte de las restricciones económicas y financieras contra el régimen de La Habana.
La prórroga evita que estas facultades expiraran el próximo 14 de septiembre de 2026, como estaba previsto según la determinación anterior firmada por Trump el 29 de agosto de 2025.
El memorando ordena además al secretario del Tesoro publicar la determinación en el Federal Register, el registro oficial del Gobierno federal estadounidense.
Una nueva señal de presión sobre el régimen cubano
La decisión se suma a la política de presión económica y financiera adoptada por la administración Trump durante 2026 contra el régimen cubano.
Desde enero, Washington ha ampliado sus herramientas para presionar a La Habana. El 29 de enero, Trump declaró una emergencia nacional respecto a Cuba y estableció un mecanismo que permite imponer aranceles adicionales a productos procedentes de países que suministren petróleo a la isla, como parte de una estrategia dirigida a reducir las fuentes externas de combustible del régimen.
La administración también ha dirigido su presión contra las estructuras económicas controladas por los militares cubanos. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha cuestionado reiteradamente el papel de GAESA, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas, al que Washington considera una pieza central de la economía estatal.
En declaraciones realizadas en febrero, Rubio sostuvo que GAESA es una empresa controlada por los militares que concentra una parte significativa de la economía cubana y afirmó que sus ingresos no llegan a financiar servicios públicos como escuelas, carreteras o alimentación para la población.
Estados Unidos ya había incorporado a GAESA a su régimen de sanciones. El Departamento del Tesoro describió al conglomerado como una empresa paraguas controlada por las Fuerzas Armadas cubanas con intereses en sectores como el turismo, las inversiones financieras, las importaciones y exportaciones y las remesas.
Washington apunta a las principales fuentes de ingresos
La estrategia estadounidense durante este segundo mandato de Trump ha buscado afectar las estructuras que Washington considera fundamentales para el sostenimiento económico del régimen, con especial atención a los sectores controlados directa o indirectamente por las Fuerzas Armadas.
En ese contexto, la política hacia Cuba ha combinado restricciones financieras, sanciones contra funcionarios y entidades vinculadas al Gobierno cubano y medidas dirigidas contra redes utilizadas para generar o movilizar recursos.
La renovación de las facultades bajo la TWEA mantiene precisamente uno de los principales instrumentos legales empleados por Washington para aplicar las restricciones económicas contra Cuba.
La medida, además, no constituye una nueva sanción individual contra una persona o empresa específica, sino una continuación del marco de facultades ya vigente respecto a la isla. El documento presidencial se limita a extenderlas por otros 12 meses, hasta septiembre de 2027.
La política de la actual administración también ha estado acompañada de acciones judiciales contra personas vinculadas con actividades relacionadas con el régimen cubano.
La decisión también mantiene abierta la posibilidad de que Estados Unidos continúe utilizando el Reglamento de Control de Activos Cubanos como base para aplicar y hacer cumplir las restricciones relacionadas con Cuba durante el próximo año.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, ya reaccionó a la decisión de Washington y rechazó la extensión de las facultades bajo la Ley de Comercio con el Enemigo. El ministro de Relaciones Exteriores del régimen calificó la medida como una “política genocida” y sostuvo que su renovación hasta septiembre de 2027 “no es un acto administrativo menor, sino la confirmación de que Washington persiste en su propósito de asfixiar a una nación entera”.
La nueva prórroga de la TWEA confirma así la continuidad de una política de presión económica y financiera sobre el régimen de La Habana, en lugar de una flexibilización de las restricciones existentes.
