La convocatoria a elecciones para el próximo diciembre pretende proyectar una ilusión de institucionalidad en un país, Haití, arrasado por el control de las pandillas, la injerencia extranjera y la impunidad del magnicidio de Jovenel Moïse
Haití vuelve a intentar el viejo guion de convocar a elecciones como si el país fuera una democracia funcional en pausa y no una nación bajo el yugo del caos.
El reciente anuncio del Consejo Electoral Provisional, que fijó la primera vuelta de los comicios presidenciales y legislativos para el 13 de diciembre, se presenta ante la comunidad internacional como una ruta hacia la normalización institucional. Sin embargo, en la práctica, la promesa de ir a las urnas suena más a un formalismo dictado desde fuera que a una salida real para el sufrimiento del pueblo haitiano.
El propio órgano electoral aceptó la realidad y condicionó el proceso a la consecución de un “ambiente de seguridad aceptable”. Una salvedad poco probable si se tiene en cuenta que el país no celebra elecciones desde 2016.
Tras una década de parálisis política y el magnicidio de Jovenel Moïse, en 2021, la estructura estatal sencillamente dejó de existir. Hoy, más del 80 por ciento de Puerto Príncipe y las principales arterias viales de la nación no están bajo el mando del gobierno interino, sino bajo el dominio absoluto de bandas armadas que imponen su propia ley de sangre, secuestros y extorsión.
Resulta difícil imaginar cómo instalarán colegios electorales o movilizarán a una ciudadanía aterrorizada en zonas convertidas en territorios de guerra. La Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, promovida por la ONU y liderada sobre el terreno por tropas extranjeras, no ha logrado pacificar los barrios ni arrebatarles el control a los grupos criminales. Tampoco ha podido enderezar un escenario con más de un millón y medio de desplazados internos y una crisis de hambre desgarradora.
La sombra de la impunidad y el hilo externo
A este panorama de violencia cotidiana se suma la llaga abierta de la impunidad y la injerencia. El juicio que se sigue en tribunales de Estados Unidos por el asesinato de Moïse ha dejado al desnudo cómo se tejió la conspiración para derrocar al mandatario.
Recientes condenas en el sur de Florida a actores que utilizaron de manera fraudulenta fondos de ayuda económica con el propósito de financiar la compra de armas y la logística del magnicidio, confirman que la tragedia haitiana siempre ha tenido hilos movidos desde el exterior, con firmas de seguridad y financieras operando a sus anchas desde suelo estadounidense.
Sin un control territorial efectivo, con graves carencias de seguridad y en medio de las tensiones que atraviesan al Ejecutivo de transición, la convocatoria electoral para diciembre corre el riesgo de convertirse en un trámite desconectado de la realidad nacional.
Pretender un ejercicio electoral bajo las armas y sin tutelaje internacional no devolverá la estabilidad a Haití; solo mantendrá a la primera república independiente de Nuestra América atrapada en un ciclo interminable de intervención, violencia y desamparo.
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