La histórica Compañía Cubana de Electricidad (CEC) presentó el 29 de julio una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia contra la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) y Energas S.A., reclamando una compensación que, con daños triples e intereses acumulados desde 1960, asciende a aproximadamente 802.7 millones de dólares.

La acción legal fue interpuesta por la firma Atlas Holdings al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton.

La demanda y sus cifras

El monto base de la reclamación es $267,568,413.62 dólares, cifra certificada en 1970 por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de Estados Unidos (FCSC), más un 6% de interés anual desde el 6 de agosto de 1960, fecha en que el régimen de Fidel Castro confiscó la empresa.

Dado que el Título III de la Helms-Burton autoriza triplicar los daños en reclamaciones certificadas, la suma total -incluyendo honorarios y costos judiciales- se eleva a cerca de 802.7 millones de dólares.

El caso fue asignado al juez federal John D. Bates y presentado por el bufete neoyorquino Steptoe LLP, el mismo que obtuvo una victoria histórica ante la Corte Suprema en representación de Exxon Mobil, que estableció que la Helms-Burton desplaza la inmunidad soberana de las agencias cubanas.

¿Quién demanda y por qué?

Atlas Holdings, con sede en Greenwich, Connecticut, y propietaria de la cadena Office Depot, adquirió la reclamación certificada de la CEC ante la FCSC.

La compañía fue fundada en 1927 como subsidiaria de la estadounidense American & Foreign Power y llegó a controlar más del 90% de la generación eléctrica de Cuba, además del sistema de gas manufacturado de La Habana.

El texto de la demanda es contundente:

«En 1960, el régimen revolucionario de Fidel Castro confiscó ilegalmente dicha propiedad y otros numerosos activos -valorados en conjunto en más de $300 millones de dólares- a la parte demandante, sin causa justa ni indemnización. Como consecuencia directa de estas confiscaciones, la parte demandante fue despojada de sus inversiones, privada del uso y valor de su propiedad y obligada a cesar sus operaciones en Cuba».

Los demandados: La UNE y Energas

La demanda señala a la UNE como «una de las principales beneficiarias de la confiscación», que «posee, controla, gestiona, opera y obtiene beneficios de numerosos activos confiscados, incluidas importantes instalaciones de generación construidas sobre las instalaciones del demandante, tales como la Central Termoeléctrica Antonio Maceo (Renté), en Santiago de Cuba; la Central Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos; la subestación eléctrica y complejo de gas Melones, en la bahía de La Habana, y la Central Hidroeléctrica Guaso».

En cuanto a Energas, la reclamación afirma que esta empresa «obtiene beneficios y trafica con la propiedad confiscada del demandante a través de su participación en los sectores de generación de energía y procesamiento de gas natural de Cuba».

Asegura, además, que sus operaciones «dependen de -y están físicamente integradas con- instalaciones, infraestructura de transmisión y activos de distribución de gas confiscados a la Compañía Cubana de Electricidad».

Energas es una empresa conjunta entre la propia UNE, la petrolera estatal CUPET y la minera canadiense Sherritt International Corporation, que suspendió sus operaciones directas en Cuba en mayo pasado tras la expansión de sanciones estadounidenses.

Aunque Sherritt no figura como demandada directa, la reclamación la impacta de manera colateral.

El contexto legal y la estrategia

Desde la reactivación del Título III de la Helms-Burton en mayo de 2019, se han presentado al menos 47 demandas ante tribunales estadounidenses, y el régimen cubano solo ha respondido con representación legal en el caso de Exxon Mobil.

John Kavulich, presidente del Consejo Económico Comercial Cuba-EE.UU., explicó a Café Fuerte la lógica detrás del momento elegido.

«El gobierno cubano cuenta con opciones limitadas para articular una defensa y es más probable que busque un acuerdo extrajudicial, especialmente dado el riesgo de que la demanda afecte negativamente a la oferta de compra de Sherritt International Corporation, presentada recientemente por una empresa con sede en Texas», detalló al citado medio.

Kavulich añadió que Steptoe LLP tiene «un motivo adicional para aprovechar su representación de ambos clientes con el fin de lograr un acuerdo».

La FCSC ha certificado un total de 5,913 reclamaciones de ciudadanos y empresas estadounidenses contra Cuba por un valor aproximado de 7,000 millones de dólares, lo que anticipa que esta demanda podría ser solo una de las próximas en llegar a los tribunales federales.