Con la derogación del Decreto 107, Cuba reduce las actividades prohibidas para el sector no estatal. La medida, anunciada por Lázara Mercedes López Acea, presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, elimina 46 actividades del listado de restricciones y modifica otras 35. Esta modificación amplía el espectro de acción para Mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia.
La actualización normativa responde a un proceso de escucha activa con los emprendedores cubanos, según explicó la funcionaria, quien enmarcó la decisión en el complejo escenario económico agravado por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense. El nuevo marco legal busca que el sector privado contribuya no solo con resultados económicos sino también a la mejora de servicios y ofertas para la población.
Los sectores más beneficiados incluyen industria, energía, transporte, comercio, salud y educación, con especial énfasis en la apertura de servicios farmacéuticos para Mipymes y cooperativas, y la creación de residencias de cuidados diurnos y permanentes para adultos mayores. En ambos casos, las autoridades enfatizaron que la atención médica sigue siendo competencia exclusiva del Estado.
En el ámbito del comercio, el MINCIN derogó las resoluciones 56 y 18, que limitaban la actividad comercial mayorista. Ahora, esta actividad podrá realizarse sin necesidad de vincularse contractualmente con entidades estatales y podrá ser tanto principal como secundaria, aunque se mantiene la prohibición para trabajadores por cuenta propia.
Por su parte, el Ministerio de Transporte autorizó la importación directa de vehículos eléctricos para personas jurídicas autorizadas, con exoneración de impuestos, siempre que incluyan estaciones de carga con fuentes renovables de energía. También flexibiliza la gestión de terminales de pasaje, carga y espigones portuarios que no sean de interés nacional.
El tejido empresarial cubano alcanza ya las 15.600 Mipymes aprobadas, con expectativas de llegar a 16.000 a finales de agosto. Las autoridades insistieron en que estas medidas no constituyen un proceso de privatización, sino una ampliación de la participación del sector no estatal en coherencia con las transformaciones económicas y sociales del país.
(Con información de Cubadebate)
