El pasado 20 de julio el Departamento de Estado de Estados Unidos —bajo la conducción del secretario Marco Rubio— publicó un extenso informe que busca modificar de raíz la forma en que Washington entiende a Cuba.
El documento, titulado “Cuba: The Capital of 21st Century Communism”, no se limita a describir la situación política, económica o humanitaria de la isla. Su propósito central es reclasificar al régimen cubano como una amenaza directa para la seguridad nacional estadounidense y construir, a partir de esa definición, una nueva justificación para una política de máxima presión, sanciones económicas, acciones de contrainteligencia y sin descartar una intervención militar.
El cambio de enfoque
Durante décadas, Estados Unidos trató a Cuba como un adversario contenido, una dictadura autoritaria, hostil, pero profundamente debilitada y limitada en sus capacidades militares. El paradigma dominante consistía en aislarla, desgastarla e impedir que ampliara su influencia regional. El nuevo informe rompe con esa lectura. Ya no presenta a Cuba como un residuo de la Guerra Fría, sino como un nodo activo de guerra asimétrica, espionaje, penetración institucional, influencia ideológica y articulación de adversarios internacionales.
El propio documento admite que La Habana nunca tuvo capacidad para derrotar a Estados Unidos mediante una guerra convencional. Su tesis es que Cuba construyó una estrategia distinta, basada en “espionaje, infiltración, sabotaje, redes de intermediarios” y una infraestructura revolucionaria diseñada para “volver a Estados Unidos contra sí mismo”. El peligro cubano no residiría, por tanto, en su tamaño económico o militar, sino en la capacidad para operar de manera indirecta, prolongada y clandestina.
En ese cambio de enfoque, si Cuba es apenas un régimen empobrecido y autoritario, las sanciones pueden discutirse como un instrumento político más. Pero si se le redefine como una plataforma de agresión permanente contra Estados Unidos, las sanciones dejan de aparecer como castigo y pasan a presentarse como defensa.
La misma lógica permite justificar una vigilancia o una intervención más intensa sobre organizaciones, redes académicas, movimientos sociales, fuentes de financiamiento y gobiernos extranjeros que mantengan relaciones estrechas con La Habana.
El informe, además presenta a Cuba como una potencia, no desde lo material, sino como una potencia ideológica y articuladora. En su conclusión sostiene que confundir la pobreza cubana con inocuidad significa “malinterpretar por completo la amenaza”, porque su poder habría sido siempre “ideológico, subversivo y parasitario”. Su capacidad estaría en conectar actores, formar redes, ofrecer un lenguaje político común y convertir conflictos dispersos en una visión compartida de oposición a Estados Unidos y al orden occidental.
Un relato histórico para justificar
El reporte desarrolla esa acusación en varios planos. Primero, reconstruye la historia del apoyo cubano a guerrillas y movimientos revolucionarios en América Latina. Menciona a los sandinistas en Nicaragua, los Montoneros en Argentina, los Tupamaros en Uruguay, el ELN y el M-19 en Colombia, etc. La victoria sandinista de 1979 aparece como uno de los grandes ejemplos de la capacidad de Cuba para transformar una insurgencia local en parte de una red continental de armas, formación política, propaganda, entrenamiento e inteligencia.
Luego, el texto se concentra en el “imperio del espionaje” que constuyó la isla. Presenta a la inteligencia cubana como un aparato capaz de penetrar durante décadas instituciones como el Departamento de Estado, el Pentágono o el Consejo de Seguridad Nacional. Casos como los de Ana Belén Montes o el exembajador Manuel Rocha aparecen como prueba de que La Habana, pese a sus limitaciones económicas, pudo identificar convicciones personales, reclutar agentes y aprovechar esas motivaciones para acceder a información estratégica.
Pero el núcleo más importante del informe no está en las guerrillas ni en los espías. Está en la dimensión cultural e ideológica. El documento acusa a Cuba de haber contribuido a formar una conciencia política capaz de interpretar a Estados Unidos no como una democracia imperfecta, sino como una potencia imperial, colonial, racista y opresora. El reporte sostiene que el ataque cubano nunca fue únicamente una disputa sobre economía, soberanía o territorio: “Fue una revolución contra la propia civilización occidental”.
En esa lectura, La Habana no solo habría intentado influir desde fuera, sino intervenir en la manera en que sectores estadounidenses comprenden su propia historia, sus instituciones y su identidad nacional. El método habría consistido en persuadir a “los hijos de Occidente” para que se volvieran contra su propia herencia y, de esta forma, atacar a Estados Unidos “no desde fuera, sino desde dentro”.
Por eso, el informe establece vínculos entre Cuba y movimientos como las Panteras Negras, Weather Underground, Black Lives Matter, Antifa, organizaciones propalestinas, colectivos contra las deportaciones y otras. La acusación es que muchos habrían reproducido categorías políticas vinculadas a la tradición revolucionaria cubana, antiimperialismo, anticolonialismo, lucha racial y solidaridad transnacional.
Así, la palabra “revolución” adquiere un sentido mucho más amplio. Ya no se refiere solamente a guerrillas, armas o golpes contra el Estado. También incluye universidades, organizaciones sociales, redes culturales, movimientos antirracistas, espacios de formación política y grupos que cuestionan la legitimidad del orden estadounidense. La amenaza revolucionaria consistiría en debilitar la confianza interna en Estados Unidos y convertir sus divisiones sociales en una conciencia política contraria al Estado.
Sin embargo, el principal problema del documento no está necesariamente en que todos sus antecedentes sean falsos. Cuba efectivamente respaldó movimientos armados, desarrolló operaciones de inteligencia y buscó difundir una visión revolucionaria en América Latina. La inconsistencia aparece en la forma en que conecta esos hechos. Acciones ocurridas hace décadas se presentan como pruebas de una estructura que seguiría operando hoy con capacidades similares.
La realidad material del país es irremediablemente distinta. No solo ha perdido a sus aliados regionales y está limitado frente a los más lejanos. Se enfrenta a una multiplicidad de crisis que desafía su propia existencia como Estado. Y en el centro de ello, el principal causante es Estados Unidos, que históricamente ha aplicado una doctrina, mucho más intensa de intervención de la que acusa a Cuba de estar llevando a cabo contra EE.UU.
Un mapa regional: construir legitimidad para intervenir
El informe entra en el contexto de la reorientación hemisférica que impulsa Washington bajo “el corolario Trump a la Doctrina Monroe”. Estados Unidos busca reafirmar que América Latina constituye una zona prioritaria de seguridad, recursos estratégicos y control geopolítico, su patrio trasero.
Cuba aparece como la pieza que conecta dos dimensiones. Por un lado, sería el centro histórico de la izquierda revolucionaria latinoamericana. Por otro, funcionaría como plataforma regional para potencias rivales. El informe la define como el “tejido conectivo” de una coalición antiestadounidense y como un punto donde convergen las ambiciones de Moscú, Beijing y Teherán con movimientos radicales que actúan dentro del propio territorio estadounidense.
Esta definición también sirve para ordenar una ofensiva más amplia contra las izquierdas de la región. El objetivo no consiste únicamente en aislar a La Habana. También busca reducir la legitimidad de los gobiernos y movimientos que cuestionan el liderazgo estadounidense, mantienen relaciones estrechas con China o defienden posiciones soberanistas. Bajo esta lógica, un proyecto progresista deja de ser leído solamente como una expresión política local y puede ser presentado como parte de una red de influencia impulsada desde Cuba.
Por eso, el informe cumple una función disciplinante. Envía al continente el mensaje de que el margen para la neutralidad geopolítica se reduce. Comerciar intensamente con Beijing, recibir inversiones estratégicas chinas, fortalecer vínculos con Rusia o mantener una relación política estrecha con Cuba puede tener costos diplomáticos y financieros. La clasificación de la isla como amenaza permite, además, presentar una ofensiva regional más amplia como una política de protección hemisférica.
Marco Rubio construyó buena parte de su carrera política sobre la confrontación con el castrismo, y el endurecimiento contra Cuba conserva una fuerte rentabilidad electoral entre sectores cubanos, venezolanos y nicaragüenses en Estados Unidos. Presentar una eventual caída del régimen en el hemisferio podría transformarse en una victoria histórica para la administración.
Cuba no aparece solo como un país a sancionar, sino como el símbolo y el centro narrativo de una nueva lucha regional. Una lucha destinada a reafirmar el control estadounidense sobre el continente, contener la presencia de potencias rivales y deslegitimar a las izquierdas que Washington considera capaces de alterar el equilibrio político del hemisferio.
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