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Con la implementación de las medidas del Banco Central de Cuba (BCC), cabe preguntarse: ¿se ha hecho lo suficiente para que una corrección no abra la puerta a una nueva distorsión? Esta pregunta no es retórica. Exige un examen de los mecanismos de control que acompañan a cada una de las nuevas disposiciones que emanaran de las 176 medidas aprobadas, y de la capacidad del Estado para anticiparse a la lógica del capital y del mercado. Porque el verdadero debate no está en el Banco Central. Está en saber si hemos asimilado que el control no puede ser un “después” que repara, sino un “antes” que previene.
Es aquí donde la teoría de Karl Marx sobre la tendencia del capital cobra una inquietante vigencia. El capital, escribió Marx, no es una cosa, sino una relación social que debe expandirse para no perecer. Su lógica interna es la acumulación incesante; no conoce límites morales ni voluntarios. “El capital es trabajo muerto que, como un vampiro, solo vive chupando trabajo vivo, y vive más cuanto más trabajo chupa”. Esta metáfora describe una ley de movimiento que opera con independencia de la voluntad de los capitalistas individuales. La competencia los obliga a acumular constantemente, a expandirse, a buscar nuevas fuentes de plusvalía. Quien no lo hace, es devorado por quienes sí lo hacen. Entonces, si se abren espacios al mercado sin una regulación firme y preventiva, el capital tiende a colonizarlos, a desbordar los controles y a imponer su propia dinámica. No se trata de mala fe de este o aquel actor económico; es la ley de movimiento del sistema. Por eso, apelar a la conciencia del capital es una utopía.
Si bien es cierto que la Resolución 74/2026 contiene avances innegables, pero adolece de una carencia clave: se elimina el tope de efectivo y se crean incentivos, pero no se exige, como se anuncia entre las medidas aprobadas, la facturación electrónica. El resultado es un desfase estructural: flexibilidad sin control, estímulos sin transparencia. Por eso, la apertura se adelantó a la regulación, y ese desfase no es un accidente; es la repetición de un patrón que ya conocemos con otros procesos anteriores, donde después se reconoció que se requerían regulaciones.
Es importante reconocer que el propio paquete de transformaciones, a través del Eje 23, reconoce la necesidad de rediseñar el sistema de control. En este se crea un grupo de trabajo de alto nivel, conducido por el Comité Central e integrado por la Fiscalía, la Contraloría, el Tribunal Supremo y los ministerios de Comunicaciones, Interior y Justicia. Esa es la dirección correcta. Pero el diseño no es suficiente; lo que importa es la implementación, gestionando los riesgos.
Los mecanismos de control existen, pero otros están en construcción. Por ejemplo, el vínculo entre pagos digitales y declaración fiscal, que sería el pilar fundamental, todavía no es obligatorio. La factura electrónica, que la medida 105 promueve “con incentivos”, aún no es una realidad generalizada. La acreditación en tiempo real es una promesa en proceso de implementación. El análisis de datos y perfiles de riesgo existen como marco regulatorio, pero no está dimensionado para el seguimiento de patrones anómalos en miles de pequeños actores económicos.
Es que sin facturación electrónica obligatoria, el vínculo entre lo que un comercio cobra y lo que declara es frágil; sin capacidad tecnológica, el análisis de los patrones anómalos es limitado; sin una banca ágil, la acreditación inmediata puede seguir siendo una excepción; y sin rigor para aplicar sanciones, el mejor sistema de control es inútil. Por eso, la factura electrónica debe cerrar el espacio para la doble contabilidad que hoy está presente, porque la información fiscal ya no fluye por la declaración voluntaria del contribuyente, sino que se genera automáticamente con cada operación comercial. Esa es su virtud central.
Algunos me han planteado que su implementación exigiría un marco legal, infraestructura y capacitación para su adopción por todos los actores económicos; de lo contrario, no resolvería el problema, lo trasladaría a otro plano. Eso es cierto y coincido con ellos. Por eso, lo razonable es diseñar una implementación gradual, que comience por los grandes contribuyentes y avance por etapas, con plazos y recursos asignados. La experiencia internacional —Chile, México, Colombia— muestra que esa gradualidad es la única vía para que la herramienta funcione sin generar caos. Sin embargo, la gradualidad debe tener un cronograma y metas verificables. Porque, en definitiva, es la herramienta que garantiza la calidad de todo el proceso. La vulnerabilidad principal no es solo técnica. Es también institucional y cultural.
El control no es una concesión a la lógica del mercado, sino el instrumento que permite subordinarla al interés general. Como han demostrado China y Vietnam, el mercado puede coexistir con la planificación siempre que el Estado mantenga las riendas del control. En ambos casos, la apertura económica no significó la renuncia a la rectoría estatal; por el contrario, el Estado se fortaleció como regulador y supervisor. Sin control, no hay planificación; sin planificación, no hay socialismo. El camino no es renunciar a los incentivos, sino blindarlos con controles que funcionen. La bonificación del 2% al comercio no es mala en sí misma; es mala si no va acompañada de la obligación de facturar electrónicamente y de que esa factura se cruce automáticamente con la declaración fiscal. La acreditación en tiempo real no es un favor; es un derecho del consumidor. Los incentivos son necesarios, pero deben enmarcarse en el principio de la planificación socialista.
Fidel lo dijo en los años 90, cuando las reformas eran inevitables: “Lo importante es que el pueblo tenga el poder, no importan las transformaciones que tenemos que hacer para defender la patria y nuestras conquistas”. Ese poder no es abstracto; es la capacidad de controlar, de participar, de decidir. En el terreno de los pagos digitales, el control popular se ejerce con información, transparencia y mecanismos de denuncia accesibles. Si un comercio se niega a aceptar pago digital o cobra precios diferenciados, el consumidor debe tener una vía clara para reportarlo, y las medidas deben ser severas. No es apelando a la conciencia del capital que se doma el mercado: eso es una utopía. Sin ese control popular, las medidas del BCC y el resto de las medidas y transformaciones propuestas, por más bien intencionadas que sean, quedarían cojas.
Las medidas del BCC son un paso adelante, pero debieron ir acompañadas o antecedidas de las medidas que permitan el control y la trazabilidad. La modernización del sistema de pagos no puede ser una excusa para la impunidad fiscal. El incentivo al comercio no puede ser un premio a la informalidad ni la flexibilidad sinónimo de falta de control. El socialismo se construye con eficiencia, pero también con transparencia. Y el control no se negocia.
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