El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba calificó este miércoles como “un mediocre panfleto de propaganda” el informe publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que se acusa a la isla de supuesta influencia subversiva contra ese país.
Según la declaración oficial, el documento busca reforzar la falsa narrativa de que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense, con el fin de justificar el “castigo colectivo y el genocidio contra el pueblo cubano” mediante el bloqueo económico.
La Cancillería cubana denuncia que se trata de una maniobra para fabricar consenso internacional ante una eventual agresión militar.
El texto critica la hipocresía de Washington al acusar a Cuba de subversión mientras destina decenas de millones de dólares anuales a programas de injerencia interna.
También rechaza la persistente calificación de Cuba como “Estado patrocinador del terrorismo”, señalando que se trata de una acusación sin pruebas y que Estados Unidos protege en su territorio a autores de actos violentos contra la isla.
La declaración subraya que el informe refleja “un complejo de inferioridad hacia un programa de país que prioriza al pueblo por encima de las élites”.
Cuba reafirma su compromiso con el derecho internacional y su disposición a mantener relaciones de amistad con el pueblo estadounidense, pese a la hostilidad de su gobierno.
El informe del Departamento de Estado, titulado “Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI”, acusa a La Habana de liderar durante casi siete décadas una campaña sistemática de espionaje, operaciones de influencia y apoyo a grupos de izquierda radical dentro de Estados Unidos.
Presentado por el secretario de Estado Marco Rubio, el documento afirma que Cuba ha infiltrado instituciones gubernamentales, ha mantenido vínculos con figuras políticas progresistas y ha promovido actividades destinadas a desestabilizar el orden interno estadounidense.
De acuerdo con versiones difundidas por medios internacionales y recogidas por la prensa cubana, el reporte menciona a legisladoras como Maxine Waters e Ilhan Omar, y a alcaldes como Zohran Mamdani y Karen Bass, entre otros, como parte de una supuesta red de influencia.
Funcionarios republicanos lo han celebrado como un acto de “transparencia histórica”, mientras que analistas y autoridades cubanas lo han descrito como una nueva ola de macartismo destinada a criminalizar la solidaridad y reprimir el disenso interno en Estados Unidos.
Este tipo de documentos se inscribe en una escalada retórica que coincide con el recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y energético impuesto por Washington, incluyendo sanciones secundarias contra terceros países y empresas que mantienen relaciones comerciales con Cuba.
La Cancillería cubana considera que tales acusaciones forman parte de una estrategia más amplia para aislar internacionalmente a la isla y justificar medidas de mayor presión, en un momento en que crece dentro de Estados Unidos —incluso entre sectores de la comunidad cubana y sus descendientes— la oposición al cerco y a las amenazas de agresión militar.
