La Corte Suprema de Chile revocó una sentencia favorable de la Corte de Apelaciones de Iquique y confirmó la decisión de las autoridades migratorias de negar la residencia temporal extraordinaria solicitada por un ciudadano cubano, al considerar que su caso no reunía las condiciones excepcionales previstas por la legislación.

Con el fallo, el máximo tribunal dejó sin efecto la orden que obligaba a la Subsecretaría del Interior a emitir un nuevo pronunciamiento y ratificó que la autoridad actuó dentro de las facultades que le concede la Ley de Migración y Extranjería, informó Diario Constitucional.

El cubano había solicitado acogerse al procedimiento excepcional previsto en el artículo 155, numeral 9, de la Ley N.º 21.325, que permite otorgar permisos de residencia temporal en casos calificados o por razones humanitarias.

Sin embargo, la Subsecretaría del Interior rechazó la petición al concluir que los antecedentes presentados no acreditaban ninguna de esas circunstancias. Posteriormente, tanto ese organismo como el Servicio Nacional de Migraciones recurrieron ante la Corte Suprema para impugnar la decisión de la Corte de Apelaciones de Iquique, que había considerado insuficientemente fundamentada la negativa administrativa y ordenado revisar nuevamente el caso.

En la sentencia, correspondiente al Rol N.º 21.720-2026, la Corte Suprema concluyó que la resolución administrativa sí estaba debidamente motivada, ya que identificaba las normas aplicables y explicaba por qué los antecedentes del solicitante no configuraban un caso excepcional ni humanitario.

El tribunal sostuvo que «la facultad entregada a la Subsecretaría del Interior es excepcional, indelegable y eminentemente discrecional» y que su ejercicio corresponde exclusivamente a esa autoridad, dentro del marco establecido por la legislación y la política migratoria del país.

Asimismo, precisó que el recurso de protección «no constituye una instancia destinada a revisar la oportunidad, el mérito o la conveniencia de una decisión administrativa, sino únicamente su legalidad», por lo que los tribunales no pueden sustituir el criterio técnico de la administración cuando la decisión está debidamente fundamentada.

La decisión marca una diferencia con un precedente de julio de 2023, cuando la Segunda Sala de la Corte Suprema acogió un recurso presentado por dos ciudadanos cubanos en Valparaíso y ordenó otorgarles un plazo de 60 días para subsanar la documentación requerida. En aquella oportunidad, el tribunal estimó que la actuación de la Subsecretaría del Interior había sido arbitraria por falta de fundamentación, circunstancia que, según la sentencia actual, no se presenta en este caso.

Más allá de la situación particular del solicitante, el fallo refuerza el criterio de que los tribunales pueden controlar la legalidad de las decisiones migratorias, pero no reemplazar el juicio de la autoridad cuando esta ejerce una facultad discrecional conforme a la ley y justifica adecuadamente su decisión.

La resolución también adquiere relevancia para la comunidad cubana residente en Chile. Según datos del Servicio Nacional de Migraciones y del Instituto Nacional de Estadísticas, el país alberga a más de 21,300 ciudadanos cubanos, con una presencia significativa en la región de Tarapacá, donde se originó este caso. Entre 2014 y 2024, las autoridades chilenas concedieron 19,265 residencias temporales a nacionales cubanos, en un contexto de endurecimiento gradual de la política migratoria.

Con este fallo, la Corte Suprema fortalece el margen de decisión de la administración en la concesión de residencias extraordinarias y limita la intervención judicial a los casos en que pueda demostrarse una arbitrariedad manifiesta o una vulneración evidente de la ley.