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Cuando en junio pasado la Asamblea Nacional aprobó las 176 medidas económicas, muchos, de forma legítima, se apresuraron a decir que estábamos virando al capitalismo. Por supuesto que cuando se adoptan medidas que no coinciden con los paradigmas creados y además nos falta preparación para el cambio, pueden existir las dudas. Sin embargo, una lección del marxismo nos ha enseñado que cuando las fuerzas productivas chocan con relaciones de producción que ya no les dan cauce, hay que ajustarlas.
El contexto lo exige. El bloqueo genocida de los Estados Unidos trata cada día de asfixiar a todo un pueblo: más de cinco meses sin que pueda entrar una gota de combustible al país, acecho financiero sin precedentes. Todo ello ha provocado no solo la contracción severa del PIB en los últimos 7 años y de la generación eléctrica. Unido a ello, la población pasó de 11,1 millones en 2020 a 9,6 millones en 2025. Pero hay un dato que duele aún más: la tasa de mortalidad infantil pasó de 4.0 muertes por cada mil nacidos vivos en 2018 a 9.9 por cada mil en 2025, según datos del Ministerio de Salud Pública. Un aumento de 148% en siete años. El genocidio es evidente.
Frente a esta realidad, mantener el modelo intacto no es opción. El presidente Díaz-Canel lo planteó con honestidad: no se trata de abandonar el socialismo, sino de preguntarnos cómo lo hacemos viable en este contexto. Esa pregunta no tiene respuesta fácil, pero Lenin nos enseñó que la teoría es guía para la acción, no recetario.
Las preguntas legítimas que debíamos hacernos, para no torcer el camino, serían entonces: ¿Qué cambia y qué no? y ¿Estamos realmente preparados para esos cambios? Primero, la propiedad de los medios fundamentales de producción sigue siendo estatal y social. Eso no se negocia. Lo que cambia es la gestión, la operativa. En el sector empresarial, las empresas estatales ya no estarán subordinadas a decisiones administrativas de los ministerios ni a un plan centralizado que determinaba cómo y dónde debían operar. Podrán seleccionar con mayor autonomía a sus proveedores, y los precios serán fijados por el mercado. Lo más audaz: se autoriza transformar empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones, abriendo la puerta a una participación accionaria de inversionistas extranjeros y nacionales no estatales.
En el sector privado, desaparece el límite máximo de 100 trabajadores. Se autorizan sociedades anónimas por acciones. Los inversores extranjeros ya no estarán limitados a crear empresas mixtas con el Estado, sino que también podrán invertir directamente en el sector privado. En el agro, se permite que empresas privadas reciban tierras estatales en usufructo por tiempo indefinido. Se eliminan los topes de precios. En el sistema bancario, se fomenta la inversión privada y, por primera vez, ciudadanos y empresas privadas podrán tener cuentas en divisas. Se autorizan casas de cambio privadas. En el sector energético, la inversión privada y extranjera podrá participar en la compra y venta de combustible.
¿Estamos preparados para esos cambios? La respuesta honesta es que no del todo. Los cuadros directivos han sido formados durante décadas en un sistema centralizado. Ahora se les pide que operen con autonomía, que negocien precios, que compitan. Eso requiere un cambio de mentalidad que no se decreta. Requiere capacitación, requiere desaprender viejos hábitos y aprender otros nuevos. Pero el problema no es solo de los cuadros. También los trabajadores, los consumidores, los ciudadanos en general, tendremos que adaptarnos a una realidad donde los precios fluctúan, donde la oferta y la demanda juegan un papel, donde el Estado ya no es el único proveedor ni el único empleador.
Aquí el debate se vuelve más complejo. Porque si bien la teoría nos dice que la ley del valor no desaparece mientras exista producción mercantil, la práctica nos muestra que subordinarla a la planificación es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo evitar que el mercado genere desigualdades que erosionen los logros sociales de la Revolución? ¿Cómo garantizar que los precios no se disparen y castiguen a los más vulnerables? El nuevo modelo responde con un Fondo de Protección Social y subsidios focalizados a las personas. Pero esos mecanismos requieren capacidad institucional y recursos que hoy son escasos.
El Estado sigue siendo propietario de los medios fundamentales de producción. El control político no se negocia. El Partido mantiene la rectoría del proceso. La planificación se reconfigura: deja de ser un sistema de asignación directa de recursos para convertirse en un sistema de regulación macroeconómica. Los servicios sociales esenciales siguen siendo gratuitos y universales. Los subsidios no desaparecen, se reorientan: en lugar de subsidiar productos, se subsidian a las personas.
Pero la pregunta de fondo persiste: ¿estamos realmente preparados para gestionar las contradicciones que inevitablemente emergerán? La experiencia internacional muestra que las transiciones de este tipo generan tensiones: concentración de riqueza, corrupción, captura del Estado por intereses privados. El Eje 23 crea un sistema de control reforzado para prevenir precisamente eso.
Y aquí aparece la segunda pregunta: ¿Qué legislación se requiere para regular la posible ocurrencia de nuevos delitos y evitar la impunidad? ¿Estamos preparados para el insider trading, blanqueo de capitales, fraude en licitaciones, competencia desleal, corrupción en asociaciones público-privadas o la facturación falsa, entre otros muchos? La no correspondencia entre el Código Penal y la nueva realidad jurídica es un problema que no puede aplazarse.
Pero la actualización legislativa no es suficiente. También tenemos que aprender nuevos conceptos. Por solo mencionar algunos: ¿Qué es una sociedad mercantil por acciones? Sabemos que el capital se divide en acciones, pero ¿qué derechos y obligaciones tienen los accionistas? o ¿Cómo funciona un salario indexado? Entendemos que se ajusta según la inflación, pero ¿cómo se regulará esa indexación? ¿Quién definirá los índices? ¿Qué implica el IVA? Sabemos que es un impuesto al consumo que grava cada etapa de la cadena productiva, pero ¿cuál será su efecto sobre los precios finales? ¿Cómo impactará a los sectores más vulnerables? ¿Qué son las facturas electrónicas? Conocemos que formalizan las transacciones, pero ¿cómo funcionarán en la práctica? ¿Qué pasará con los pequeños productores que no tienen acceso a la tecnología?
Estos conceptos no son meras definiciones. Son herramientas concretas que operarán en nuestra economía, afectarán los ingresos de las familias y el precio de los bienes. Si no los entendemos bien, no podremos decidir con criterio. Y la falta de comprensión puede generar rechazo y desconfianza hacia el proceso de transformación. Por eso necesitamos no solo leyes, sino también educación, divulgación, explicación. No podemos transformar la economía sin transformar también la cultura económica de nuestro pueblo.
Quienes ven en estas reformas el fin del socialismo se equivocan. Pero quienes creen que el socialismo puede seguir funcionando con los mismos mecanismos de los años 70 también se equivocan. Esto es una transformación sin precedentes: la construcción del socialismo en un entorno donde el mercado está presente, pero subordinado a la planificación y control político. El desafío es mayúsculo: gestionar la tensión entre la lógica socialista y la lógica capitalista, entre la planificación y el mercado, entre la igualdad y la eficiencia. Pero Cuba no es la primera que intenta este equilibrio. China y Vietnam han recorrido caminos similares.
El socialismo no es un dogma, es un método de análisis. Si aplicamos ese método a la realidad cubana actual, llegamos a una conclusión incómoda pero ineludible: nuestras relaciones de producción se habían quedado rezagadas frente al desarrollo de las fuerzas productivas. No porque los planificadores sean malos, sino porque el contexto cambió drásticamente. Las reformas de 2026 son la respuesta a ese desajuste y una continuidad a la actualización del modelo de desarrollo económico y social cubano. No son perfectas, tendrán contradicciones, pero es mejor avanzar con correcciones que quedarnos paralizados mientras el bloqueo nos asfixia. La pregunta no es si el socialismo sobrevivirá a estas reformas. La pregunta es si sobrevivirá sin ellas, y si seremos capaces de gestionar los riesgos que traen consigo. No es el fin del socialismo. Es su actualización. No es la rendición ante el capital. Es resiliencia.
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