Miguel Díaz-Canel reconoció este lunes que el régimen cubano ha tenido que recurrir a prácticas propias del capitalismo para enfrentar la crisis económica que atraviesa el país y admitió que esa decisión le provoca un conflicto personal porque contradice los principios en los que fue formado.

«Claro que me duele, primero porque va en contra de los conceptos en los que uno se ha forjado, se ha educado», afirmó durante una entrevista concedida al canal estatal ruso RT en Español.

La confesión surgió después de que el periodista Oliver Zamora le preguntara si, al igual que Fidel Castro durante el Período Especial de los años noventa, le resultaba doloroso adoptar medidas que incrementan la desigualdad social.

Díaz-Canel respondió apelando al legado del líder histórico de la Revolución para justificar el rumbo económico que sigue hoy el régimen.

Según explicó, Fidel Castro «sin tapujos reconocía lo doloroso que era» tener que aceptar «prácticas propias del capitalismo» durante el Período Especial, pero consideraba que el objetivo prioritario era preservar la Revolución.

«Por encima de todo estaba salvar la revolución», recordó el mandatario, quien añadió que Castro confiaba en lograrlo «siempre que existiera unidad en el pueblo y siempre que existiera una conducción, un control desde el Partido».

Díaz-Canel recordó algunas de las decisiones adoptadas en la década de 1990 que, según dijo, entonces parecían «un sacrilegio».

Entre ellas mencionó la despenalización de la tenencia de divisas, que —admitió— «empezó a crear desigualdades sociales», la apertura a la inversión extranjera y el impulso al turismo internacional.

También reconoció que esas medidas tuvieron efectos sociales que el régimen considera negativos.

«Entraron manifestaciones de droga que no teníamos en otro momento y que todavía estamos combatiendo. Proliferó la prostitución, que para nosotros, con todo el proceso de emancipación de la mujer que se ha vivido en la revolución, es un fenómeno muy doloroso que todavía estamos enfrentando», afirmó.

Durante la entrevista, el gobernante también admitió la histórica dependencia económica de Cuba respecto a otros aliados internacionales.

Mencionó primero a la antigua Unión Soviética y posteriormente a Venezuela y China, aunque aseguró que el objetivo es que el país pueda sostenerse con sus propios recursos.

«Ser capaces con nuestro propio esfuerzo, con nuestro propio talento, de no ser dependientes de nadie», expresó.

En ese contexto, reveló además el impacto que ha tenido la interrupción del suministro energético procedente de Venezuela.

«Hace seis meses que no llega un barco de combustible; solo llegó un barco ruso por ayuda humanitaria», dijo.

Reformas económicas sin renunciar al socialismo

Las declaraciones llegan pocas semanas después de que la Asamblea Nacional aprobara el mayor paquete de reformas económicas desde el Período Especial.

Las 176 medidas incluyen, entre otros cambios, la autorización de la banca privada por primera vez desde 1959, la eliminación del límite de 100 trabajadores para las mipymes y la apertura de nuevos espacios para la inversión extranjera directa en el sector privado.

Pese a reconocer la necesidad de incorporar mecanismos de mercado, Díaz-Canel insistió en que el Gobierno no está abandonando el modelo socialista.

Definió las reformas como «una creación, un proceso creativo de resistencia» y sostuvo que «el arte de la política» consiste en encontrar «mecanismos compensatorios para evitar que las brechas de desigualdad crezcan».

No obstante, diversos economistas han cuestionado el alcance del proceso. Mauricio de Miranda Parrondo, por ejemplo, ha advertido que las reformas podrían derivar en un «capitalismo autoritario patrimonial» controlado por el Partido Comunista.

El propio Díaz-Canel ya había intentado responder a esas críticas el pasado 4 de julio, durante el Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, al asegurar que «no hay traición a la construcción socialista, ni por principio, ni por convicción, ni por acción».

Según adelantó en la entrevista con RT, el Gobierno espera comenzar a aplicar antes de que termine julio 121 de las 176 medidas aprobadas, en medio de una crisis marcada por apagones de hasta 20 horas diarias y un déficit de generación eléctrica que alcanzó un récord de 2,208 megavatios el pasado 26 de junio.