La Unión Eléctrica (UNE) emitió este viernes un comunicado oficial en Facebook que reconoce el incidente ocurrido la noche del jueves en Calabazar, municipio Boyeros de La Habana, en el que dos de sus linieros fueron sorprendidos por vecinos vendiendo ilegalmente el suministro eléctrico del barrio a cambio de dinero.

Según trascendió por relatos de los vecinos, los operarios fueron hallados en estado de embriaguez, con fajos de billetes y cajas de cerveza dentro de su vehículo de servicio, mientras priorizaban la electricidad a mipymes y negocios privados y dejaban al barrio residencial con apenas un rato de luz al día. Los propios lugareños los retuvieron hasta que llegaron las autoridades para detenerlos.

En su comunicado, la empresa estatal afirmó: «Reiteramos que ese proceder no se corresponde con la conducta, la ética y los valores que caracterizan a nuestros trabajadores, quienes día a día entregan su esfuerzo por llevar el servicio eléctrico a cada hogar cubano».

Sobre las consecuencias para los implicados, la UNE fue escueta pero directa: «Las autoridades ya están dando seguimiento al caso y se adoptarán las medidas que correspondan, conforme a la ley y a los procedimientos establecidos».

La empresa también expresó que lamenta «profundamente que acciones repudiables como esta empañen la labor de la gran mayoría de nuestra colectividad» y declaró su solidaridad con los afectados.

El incidente fue documentado y denunciado en Facebook por una residente del barrio, identificada como Isol G, quien describió la situación con una frase que se volvió viral: «se la ponen a quien paga». Su denuncia desencadenó la reacción vecinal que terminó con la retención de los linieros. Paralelamente, otros vecinos de Calabazar se concentraron frente a la sede del gobierno municipal para exigir respuestas ante los apagones prolongados, con presencia de fuerzas de seguridad en el lugar.

El comunicado de la UNE generó una avalancha de reacciones en redes sociales, y la mayoría de los cibernautas rechazó que el caso sea excepcional. «Vendrán nuevos hechos parecidos. Eso no solo ocurre en Calabazar. Guarden el comunicado para que no tengan que redactarlo otra vez, con cambiar el nombre del lugar bastará», escribió un internauta. Otro fue más contundente: «No son solo dos. Esos fueron los descubiertos… pero hay muchísimos más… y de más arriba. Así que a investigar».

Varios comentarios apuntaron a que la corrupción dentro del sistema eléctrico es un fenómeno extendido por toda la isla. «En serioooo? Eso es desde el Cabo San Antonio hasta la Punta de Maisí, dejen el chiste», escribió una usuaria. Otra persona señaló: «Eso pasa en toda Cuba, priorizan zonas de negocios». Un tercer comentario resumió el sentir general: «No se preocupen, aquí en Cuba la corrupción no empieza con los de abajo, termina con los de abajo».

Los internautas también mencionaron casos similares en Cojímar, Villa Clara, Cárdenas, San Antonio y Gibara, en Holguín, lo que refuerza la percepción de que el problema trasciende a Calabazar. «Querida UNE, sepa usted que hoy en día en este, nuestro decadente país, para lograr obtener un servicio con calidad por parte de sus trabajadores hay que pagar para que lo hagan de manera ágil […] Pero eso no es un hecho aislado, sucede en todo el país. No quieran tapar el sol con un dedo», escribió otro internauta.

El episodio se enmarca en la peor crisis eléctrica de la historia reciente de Cuba: en lo que va de 2026, el Sistema Electroenergético Nacional ha colapsado al menos cinco veces, los apagones en La Habana promedian entre 20 y 24 horas diarias, y el déficit de generación alcanzó ha superado varias veces los de 2.100 MW en las últimas semanas, dejando sin electricidad simultáneamente al 70% del país. En mayo de 2026, el Observatorio Cubano de Conflictos registró 1.311 protestas, la cifra más alta desde el 11 de julio de 2021.

Casos similares de venta ilegal de electricidad por parte de trabajadores de la UNE han sido documentados en Mantilla —donde se llegó a ofrecer luz por 200 dólares— y en Guantánamo y Sancti Spíritus, donde proliferaron negocios privados no autorizados conectados a circuitos priorizados.