El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este jueves una nueva norma que endurece nuevamente la evaluación de carga pública para quienes solicitan la residencia permanente en Estados Unidos, al derogar la regulación aprobada en 2022 por la administración de Joe Biden.

La medida que, según el comunicado oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026, permitirá a los funcionarios de la entidad volver a considerar, entre otros factores, el uso de determinados beneficios públicos —como Medicaid, cupones de alimentos o ayudas para la vivienda— al evaluar si un solicitante podría convertirse en una carga para el Estado.

La regla impulsada por la administración Biden limitaba la evaluación prácticamente a quienes recibían asistencia monetaria directa o atención institucional de larga duración financiada por el Gobierno.

Con la nueva normativa, los oficiales de USCIS recuperan un margen de evaluación más amplio y podrán analizar, caso por caso, factores como la edad, el estado de salud, la composición familiar, los ingresos, el patrimonio, la educación, las habilidades laborales y el historial de utilización de determinados beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos, agregó CBS News.

Según USCIS, el objetivo es reforzar el principio de autosuficiencia económica entre quienes buscan obtener beneficios migratorios.

«El gobierno federal reafirma la necesidad de la autosuficiencia, protege los recursos públicos y pone fin a las políticas que fomentaban la dependencia a costa de los contribuyentes estadounidenses», afirmó el director de USCIS, Joseph B. Edlow, en declaraciones citadas por CBS News.

En la misma línea, el portavoz de la agencia, Zach Kahler, aseguró que la administración Trump busca evitar que los contribuyentes financien a extranjeros que puedan depender de la asistencia pública.

¿A quiénes afecta?

La nueva regulación se aplicará a los extranjeros que soliciten un ajuste de estatus dentro de Estados Unidos, así como a quienes pidan ingresar al país como inmigrantes o, en determinados casos, como no inmigrantes.

Quedan excluidos de esta evaluación los grupos que el Congreso ha protegido expresamente, entre ellos los refugiados, asilados, menores inmigrantes especiales, determinadas víctimas de trata de personas o de delitos y quienes presentan solicitudes al amparo de la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA).

El DHS calcula que alrededor de 588,000 solicitudes de ajuste de estatus estarán sujetas cada año a esta revisión.

Temor a un efecto disuasorio

Aunque el Gobierno defiende la medida como una herramienta para proteger los recursos públicos, el propio DHS reconoce que podría provocar un importante «efecto disuasorio».

Según las estimaciones oficiales, cerca de 950,000 personas pertenecientes a hogares inmigrantes podrían renunciar a beneficios públicos o dejar de solicitarlos por temor a afectar sus procesos migratorios, incluso cuando ellas o sus hijos ciudadanos estadounidenses tengan derecho legal a recibir esa asistencia.

Pese al debate que genera esta política, las negativas de residencia por carga pública han sido históricamente poco frecuentes.

Datos oficiales muestran que entre los años fiscales 2020 y 2024 se registraron entre 41 y 95 denegaciones anuales por este motivo. Además, durante la vigencia de la regla de carga pública adoptada por Trump en 2019 solo se identificaron cinco casos de denegación o intención de denegar, todos ellos posteriormente reabiertos o revertidos.

También cambiará el Formulario I-485

Como parte de la implementación de la nueva norma, USCIS publicará una versión actualizada del Formulario I-485, utilizado para solicitar la residencia permanente o el ajuste de estatus.

A partir del 18 de septiembre, la agencia rechazará las versiones anteriores del formulario, incluso si fueron enviadas ese mismo día con matasellos posterior a la entrada en vigor de la norma. Por ello, los solicitantes deberán asegurarse de utilizar únicamente la versión vigente cuando presenten su expediente.