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El ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, ordenó hoy el cumplimiento inmediato de las penas impuestas a los condenados por el asesinato de la concejal Marielle Franco y su conductor Anderson Gomes.
La decisión fue adoptada tras declarar firme la sentencia del proceso penal, al considerar que el último recurso presentado por las defensas tenía carácter meramente dilatorio y solo buscaba postergar el inicio de las condenas.
En febrero pasado, la Primera Sala del STF condenó al exconsejero del Tribunal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro Domingos Brazão y a su hermano, el exdiputado federal Chiquinho Brazão, a 76 años y tres meses de prisión, al considerarlos los autores intelectuales del crimen.
También fueron condenados el exjefe de la Policía Civil de Río de Janeiro Rivaldo Barbosa, sentenciado a 18 años de cárcel por obstrucción de la justicia y corrupción pasiva; el expolicía militar Ronald Paulo Alves Pereira (56 años); y Robson Calixto Fonseca (nueve).
Todos deberán cumplir las penas en régimen cerrado, excepto Chiquinho Brazão, quien permanecerá en prisión domiciliaria humanitaria debido a su estado de salud, pues, según su defensa, padece enfermedad coronaria crónica, diabetes tipo 2, nefropatía e hipertensión.
Moraes determinó que ese beneficio tenga una duración inicial de 90 días, tras los cuales la situación será reevaluada.
A lo largo de la permanencia en su residencia, el exparlamentario deberá portar un dispositivo de vigilancia electrónica y tendrá prohibido recibir visitas o utilizar redes sociales.
El asesinato de Franco y Gomes ocurrió el 14 de marzo de 2018, cuando ambos fueron emboscados a tiros en el centro de Río de Janeiro tras participar en una actividad pública, recordó agencia Brasil.
Tal crimen provocó una amplia repercusión nacional e internacional y se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia política, las milicias y la impunidad en Brasil. Durante años, las investigaciones avanzaron lentamente hasta que, en marzo de 2024, la Procuraduría General de la República denunció a los hermanos Brazão y a Rivaldo Barbosa como responsables de planificar y facilitar el asesinato.
El proceso fue asumido por el STF debido al fuero parlamentario de uno de los acusados.
Según la acusación aceptada por el Supremo, el crimen estuvo motivado por la actuación de Marielle contra intereses vinculados a la ocupación irregular de tierras en la zona oeste de Río de Janeiro.
Los hermanos Brazão consideraban que la labor política de la concejal afectaba sus intereses económicos y políticos en esa región.
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