Solicitan condena de 30 años para acusado de llevar armas a Cuba en jetski – CiberCuba
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Solicitan condena de 30 años para acusado de llevar armas a Cuba en jetski – CiberCuba

Solicitan condena de 30 años para acusado de llevar armas a Cuba en jetski

La Fiscalía de La Habana pide 30 años de cárcel para Ardenys García Álvarez, acusado de ingresar armas a Cuba en una moto acuática en octubre de 2023.

Ardenys García Álvarez © Captura de video YouTube / Canal Caribe
Ardenys García Álvarez Foto © Captura de video YouTube / Canal Caribe

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La Fiscalía Provincial de La Habana solicitó 30 años de prisión para Ardenys García Álvarez, el principal acusado de un supuesto plan de levantamiento armado contra el régimen cubano, junto a otras 29 personas que enfrentan penas de entre 10 y 25 años.

García Álvarez, de 40 años, natural de Cienfuegos y residente en Estados Unidos desde 2014, ingresó ilegalmente a Cuba el 31 de octubre de 2023 por la costa de Matanzas a bordo de una moto acuática, según el documento de acusación al que tuvo acceso Martí Noticias.

De acuerdo con la Fiscalía, el acusado transportó armas de fuego, municiones, armas blancas y equipos de radiocomunicación con el propósito de establecer células armadas en las provincias de Cienfuegos, Camagüey, Las Tunas y Santiago de Cuba.

La acusación señala que el plan fue promovido y financiado desde el exterior por la organización «La Nueva Nación Cubana en Armas», liderada por William Cabrera González, residente en Florida, a quien el régimen incluye en su lista de «terroristas», en coordinación con la entidad «Auto Defensa del Pueblo».

Según el pliego acusatorio, los implicados habrían planeado ejecutar atentados contra autoridades del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, sabotear cañaverales y centros turísticos, y forzar la renuncia de dirigentes gubernamentales mediante coacción.

El documento también detalla que los acusados recopilaron fotografías satelitales e información sobre unidades militares estratégicas en Cienfuegos, y localizaron los domicilios de altos jefes policiales para planes de contingencia.

La Fiscalía afirma que se emplearon miles de dólares y pesos cubanos para financiar la logística, adquirir insumos de uso militar y reclutar ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica. Entre los bienes incautados figuran cinco pistolas y municiones escondidas en un pomo.

Los 30 acusados enfrentan cargos de terrorismo, delitos contra el orden constitucional, espionaje, portación ilegal de armas, salida ilegal del territorio nacional y tráfico ilegal de divisas.

Sin embargo, la propia acusación fiscal reconoce que no queda claro si alguna de las actividades descritas llegó a concretarse en la práctica, un detalle que debilita la narrativa del régimen sobre la gravedad del supuesto complot.

La madre del acusado, Marta Álvarez, rechazó la versión oficial y defendió a su hijo ante Martí Noticias: «Llevaba viviendo en Estados Unidos casi 13 años. Regresó a Cuba en una bicicleta acuática, el 29 de octubre de 2023, y lleva trancado en una celda todo ese tiempo».

Cabrera González, por su parte, negó en julio de 2024 cualquier intención subversiva: «Provee entrenamiento militar, pero no con objetivos subversivos», declaró en una entrevista.

El caso tiene además una arista que el régimen omitió deliberadamente. Una investigación de Telemundo reveló que García Álvarez tenía cargos federales en Estados Unidos por «conspiración para transportar y albergar migrantes», dato que las autoridades cubanas no mencionaron en su presentación del caso.

El régimen anunció públicamente el caso en julio de 2024 a través del programa oficialista «Razones de Cuba», conducido por el vocero Humberto López, lo que desató una ola de memes en redes sociales que cuestionaron la credibilidad de la versión oficial.

El boxeador Yordenis Ugás también declaró haber sido contactado por García Álvarez para «unos planes», aunque no fue incluido entre los acusados. Ugás señaló que en su momento «pensó que era una trampa».

García Álvarez lleva detenido desde octubre de 2023, más de dos años y medio antes de que la Fiscalía presentara formalmente su petición de condena, lo que evidencia la lentitud del proceso judicial cubano en casos vinculados a la seguridad del Estado.

Preguntas frecuentes sobre el caso de acusación de terrorismo en Cuba

CiberCuba te lo explica:

¿Quién es Ardenys García Álvarez y de qué se le acusa?

Ardenys García Álvarez es un ciudadano cubano, residente en Estados Unidos desde 2014, acusado por la Fiscalía Provincial de La Habana de liderar un plan de levantamiento armado contra el régimen cubano. Se le acusa de transportar ilegalmente armas a Cuba con el fin de crear células armadas en varias provincias cubanas.

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¿Cuáles son los cargos contra los 30 acusados en este caso de terrorismo en Cuba?

Los 30 acusados, incluido García Álvarez, enfrentan cargos de terrorismo, delitos contra el orden constitucional, espionaje, portación ilegal de armas, salida ilegal del territorio nacional y tráfico ilegal de divisas. Las penas solicitadas van de 10 a 30 años de prisión.

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¿Qué dice la acusación sobre la supuesta organización detrás del plan en Cuba?

La acusación señala a la organización «La Nueva Nación Cubana en Armas», liderada por William Cabrera González, como promotora y financiadora del plan desde el exterior. Esta organización está en coordinación con «Auto Defensa del Pueblo» y Cabrera González ha sido calificado como «terrorista» por el régimen cubano.

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¿Qué ha manifestado la madre de Ardenys García Álvarez sobre las acusaciones?

Marta Álvarez, madre de Ardenys García Álvarez, ha rechazado la versión oficial del régimen cubano y defendido a su hijo, afirmando que él regresó a Cuba en una bicicleta acuática y ha estado detenido en condiciones que considera injustas.

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¿Cuál es la postura del régimen cubano ante las acusaciones de terrorismo y qué sanciones contempla?

El régimen cubano considera los actos asociados al terrorismo como delitos graves, sancionables con penas severas que van desde 10 a 30 años de prisión, cadena perpetua o incluso la pena de muerte. El caso de García Álvarez es presentado como un intento de subversión del orden estatal con apoyo extranjero.

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