
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) alertó sobre un recrudecimiento de la represión contra pastores, activistas y organizaciones cristianas en distintas provincias de Cuba. Según la organización, las autoridades han intensificado las citaciones, amenazas y acciones de vigilancia para limitar la actividad de comunidades religiosas que mantienen posiciones independientes del discurso oficial.
La denuncia sostiene que la Seguridad del Estado mantiene una presión constante sobre iglesias evangélicas y católicas cuyos líderes han respaldado iniciativas cívicas o han ofrecido espacios para el debate ciudadano. El patrón incluye intimidaciones personales, controles policiales y obstáculos administrativos dirigidos a desalentar cualquier manifestación pública ajena al control del régimen.
Uno de los episodios señalados ocurrió en Sancti Spíritus, donde fue interrumpida la marcha “Cuba Libre para Cristo”. Su organizador, el pastor Alian López Rodríguez, fue detenido en dos ocasiones en menos de 48 horas. El religioso denunció que tanto él como su congregación permanecen bajo vigilancia permanente, una situación que, según el OCDH, refleja el creciente control sobre las expresiones de fe con proyección social.
La organización también reportó la citación del pastor Rolando Pérez Lora y nuevas presiones contra integrantes del Centro de Estudios Convivencia, del colectivo Fuera de la Caja y contra la joven activista Anna Sofía Benítez Silvente. Asimismo, denunció que la Seguridad del Estado impidió al intelectual católico Dagoberto Valdés asistir a una recepción diplomática en La Habana.
El informe llega cuando se aproxima el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021. Para el OCDH, el régimen mantiene un dispositivo preventivo destinado a impedir cualquier manifestación pública mediante la vigilancia, las amenazas y la intimidación de sectores considerados independientes.
Yaxys Cires, representante del observatorio, advirtió que la persecución contra líderes religiosos trasciende la violación de libertades fundamentales. También afecta el trabajo comunitario que numerosas iglesias realizan en barrios golpeados por la escasez y la crisis económica, reduciendo uno de los pocos espacios de apoyo social que aún funcionan fuera de las estructuras oficiales.



