El presidente chileno Gabriel Boric movió ficha en la Asamblea General de Naciones Unidas y anunció que Chile presentará formalmente la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General del organismo, cargo al que aspira sucediendo a António Guterres en diciembre de 2026. La maniobra coloca de nuevo a una figura marcada por la militancia socialista y por sus viejos vínculos con la izquierda radical en el centro de una institución que arrastra años de complacencia con regímenes autoritarios.
Bachelet, de 73 años, ya conoce bien los pasillos de la ONU. Fue directora ejecutiva de ONU Mujeres y más tarde alta comisionada para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022. Ese paso, sin embargo, dejó críticas serias por su tibieza frente a abusos cometidos por gobiernos alineados con la izquierda, entre ellos Cuba y Venezuela. En un cargo de esa naturaleza, el silencio o la cautela ante la represión terminan pesando tanto como cualquier discurso sobre derechos humanos.
La trayectoria política de Bachelet también explica el rechazo que despierta su nombre en sectores que defienden la libertad y el orden constitucional. Tras el golpe de 1973, salió al exilio en la Alemania Oriental comunista, donde estudió medicina y se vinculó a círculos prosoviéticos. Luego, de regreso en Chile, militó en el MIR y mantuvo lazos con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, grupo armado vinculado al Partido Comunista que atentó contra Pinochet en 1986. Esa biografía no es un detalle menor cuando se habla de dirigir la principal organización internacional del planeta.
Su cercanía con Fidel Castro añade otra sombra pesada. En febrero de 2009, durante su presidencia, visitó Cuba y se reunió con el dictador convaleciente, sin acercarse a disidentes pese a las presiones de su propia coalición. Más tarde, tras la muerte de Castro en 2016, lo describió como un “líder por la dignidad y la justicia social”. Ese elogio resume con crudeza la indulgencia de cierta izquierda latinoamericana frente a una tiranía responsable de persecución, cárcel y miseria para el pueblo cubano.
Las objeciones a su eventual ascenso no salen solo de la retórica anticastrista. UN Watch cuestionó su historial por el respaldo a Cuba, Venezuela y Nicaragua, mientras Nikki Haley, exembajadora de Estados Unidos ante la ONU, le pidió mayor firmeza frente a los abusos en esos países. La postulación vuelve a abrir el debate sobre una burocracia internacional que suele premiar discursos progresistas mientras mira hacia otro lado ante las dictaduras amigas.
El anuncio de Boric llega, además, en un momento en que la ONU necesita autoridad moral, no más guiños ideológicos. Bachelet representa una línea política que ha convivido con el castrismo, ha tolerado la ambigüedad frente a regímenes represivos y ha convertido el lenguaje de los derechos humanos en una pieza selectiva. Para Cuba, donde el régimen sigue aplastando libertades elementales, la señal es clara: otra vez se intenta vestir de legitimidad internacional a figuras que nunca han roto con la órbita de la izquierda autoritaria.
Fundación Robert A. Paneque
