La justicia argentina se pronunció a favor de la universidad pública y asestó un nuevo revés al presidente Javier Milei y a su controvertida política de ajuste fiscal.
La Corte Suprema de Justicia desestimó un recurso presentado por el gobierno contra un fallo que lo obligaba a cumplir con dos de los artículos de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya total implementación demandan diversos sectores de la sociedad argentina.
Es así que el máximo tribunal judicial instó al ejecutivo al cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la norma, aprobada por el Congreso en una primera ocasión en 2024, pero vetada por Milei, y sancionada una vez más por el órgano legislativo en octubre de 2025
Estos acápites disponen la recomposición salarial del personal docente y no docente, en función de la aplicación del Indice de Precios al Consumidor desde diciembre de 2023 hasta la aprobación el pasado año de la legislación, junto con la actualización de los mismos.
Sindicatos docentes han denunciado que en los últimos dos años los salarios cayeron 40% y se produjo la renuncia de cientos de profesores.
El fallo igualmente estipula la actualización automática y por inflación de todas las becas estudiantiles, entre ellas Progresar, Manuel Belgrano y de Enfermería, que por los ajustes del gobierno han sufrido fuertes recortes.
Larga ha sido la batalla en torno a la Ley de Financiamiento Universitario. Tras su aprobación por el Congreso, el gobierno dictó un decreto de promulgación, pero en una nueva maniobra incluyó una aclaración: se suspendía su ejecución hasta que el órgano legislativo indicara las fuentes de financiamiento.
Esto llevó a que el Consejo Interuniversitario Nacional iniciara una demanda en la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal para que se declare inconstitucional el decreto, y solicitara una cautelar para que se cumpliera con los artículos 5 y 6 mientras se resuelve la cuestión de fondo.
Las autoridades de las universidades públicas argentinas celebraron el pronunciamiento de la Corte Suprema que además, estimó que el ahorro derivado de no aplicar la legislación no era significativo para el presupuesto de la Administración Pública Nacional.
Numerosas protestas con amplia participación popular, entre ellas cuatro marchas universitarias, y paros se han registrado en territorio argentino en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya implementación evita el gobierno de Milei, atentando contra el derecho a enseñar y aprender.
Fundación Robert A. Paneque
