Autonomistas vs. independentistas: ¿regresa el debate? – DIARIO DE CUBA

Mientras Cuba atraviesa la peor crisis económica de su historia, crece el debate sobre cuál debe ser el camino hacia la recuperación nacional. Para algunos, la prioridad consiste en reformar el modelo económico: ampliar los espacios para la empresa privada, liberalizar mercados, atraer inversiones y reducir el peso del Estado sobre la actividad productiva. Para otros, ninguna reforma económica podrá desplegar plenamente sus beneficios mientras permanezcan intactas las estructuras políticas que concentran el poder y limitan la capacidad de los ciudadanos para influir sobre las decisiones fundamentales del país.

Aunque las circunstancias son diferentes, este debate recuerda una de las grandes discusiones de la historia cubana. La historia no se repite exactamente, pero con frecuencia rima.

La lección de 1897

A finales del siglo XIX, los cubanos se dividían entre dos grandes corrientes políticas. Por un lado, estaban los autonomistas, quienes aspiraban a obtener mayores libertades económicas y políticas dentro de la soberanía española. Por otro, los independentistas, convencidos de que ninguna reforma sería suficiente mientras la soberanía última permaneciera en Madrid.

La Carta Autonómica, promulgada el 25 de noviembre de 1897, constituyó el mayor paquete de reformas jamás concedido por España a Cuba. Otorgó Parlamento propio, amplias facultades administrativas, mayor control presupuestario y una participación significativa en los asuntos económicos de la Isla. Sin embargo, la soberanía continuó residiendo en España. La defensa, la política exterior y la autoridad suprema permanecieron fuera del alcance de los cubanos.

Para los autonomistas, aquello representaba un avance histórico. Sin duda lo era. Para los independentistas, era insuficiente después de tantos años de lucha y sacrificios. Su argumento era sencillo: mientras el poder último permaneciera en manos de otro centro de decisión que no fuese el pueblo soberano de Cuba, cualquier concesión podía ser limitada, modificada o revertida.

El nuevo reformismo

Más de un siglo después, el debate cubano ante la actual crisis humanitaria —igual o peor que la de 1898— presenta ciertas similitudes.

Hoy existen quienes consideran que la solución a la crisis nacional pasa fundamentalmente por reformas económicas. Su aspiración es ampliar los espacios para la iniciativa privada, reconocer plenamente la pequeña y mediana empresa, liberalizar mercados, atraer inversiones y reducir la intervención estatal en la economía. En esencia, buscan en primera instancia un cambio del modelo económico que pudiera ser tolerado por el poder de la oligarquía y su Estado mafioso.

Sin embargo, otros sostienen que esas reformas nunca podrán alcanzar su potencial mientras subsista el sistema político actual. Según esta visión, el problema no es únicamente económico, sino esencialmente político e institucional. La ausencia de pluralismo político, la inexistencia de contrapesos al poder, la falta de independencia judicial y la concentración de todas las decisiones fundamentales en una sola estructura partidista constituyen obstáculos insalvables para cualquier transformación económica profunda. A ello se suma el peso económico de GAESA —verdadera «fuerza superior» de la sociedad cubana actual— que controla el 70% de los recursos y el 95% de las transacciones en moneda convertible.

La economía necesita instituciones políticas y jurídicas

La experiencia internacional ha demostrado que la prosperidad sostenible no suele descansar únicamente sobre mercados más libres, sino también sobre instituciones capaces de proteger derechos, garantizar reglas estables y limitar el poder arbitrario.

Los inversionistas buscan seguridad jurídica. Los emprendedores necesitan protección de la propiedad privada. Los ciudadanos requieren mecanismos para fiscalizar a quienes gobiernan. Ninguno de esos elementos depende exclusivamente de medidas económicas.

La analogía histórica resulta entonces evidente. Así como los autonomistas de finales del siglo XIX aspiraban a mayores libertades dentro de un marco político que permanecía esencialmente intacto, algunos reformistas actuales confían en que la liberalización económica pueda producirse sin una transformación sustancial del sistema político. Y así como los independentistas consideraban que la soberanía era la cuestión fundamental, muchos opositores contemporáneos creen que la clave reside en quién ejerce realmente el poder y bajo qué límites institucionales. 

En el siglo XIX la Carta Autonómica fue jugada en el último momento por España para evitar la intervención de EEUU —usada incluso por el papa León XIII para mediar con Washington y evitarla—, mientras que hoy el «reformismo autonómico» persigue un objetivo similar. Para colmo de ironías se dice que el presidente Donald Trump es un admirador del presidente William McKinley.  

La cuestión del poder

La diferencia, por supuesto, es que hoy no se debate la soberanía frente a una potencia colonial extranjera. El debate gira alrededor de la soberanía efectiva de los ciudadanos frente a un sistema político que concentra el poder en un único partido y carece de mecanismos competitivos para la alternancia, la soberanía ciudadana, esa que hoy el poder despótico de GAESA niega.

La pregunta de fondo sigue siendo la misma que dividió a los cubanos hace más de un siglo: ¿es posible alcanzar una transformación económica profunda sin modificar previamente la estructura política que determina las reglas del juego?

La historia de 1897 ofrece una advertencia. Las reformas pueden aliviar tensiones y abrir oportunidades. Sin embargo, cuando el problema según lo percibe una parte significativa de la sociedad es la concentración del poder mismo, las reformas económicas terminan siendo vistas como insuficientes.

Quizás esa sea la principal lección que nos deja el viejo debate entre autonomistas e independentistas: los modelos económicos importan, pero detrás de cada modelo económico siempre existe una pregunta política fundamental: ¿quién decide, bajo qué límites y en nombre de quién?

La soberanía del siglo XXI

La comparación entre autonomistas e independentistas no es ni puede ser perfecta, porque las circunstancias históricas son siempre distintas. Sin embargo, sí existe una semejanza fundamental: ambos debates giran alrededor de una misma pregunta: ¿Basta con reformar la administración y la economía, o es necesario transformar también la estructura política donde reside el poder?

Los autonomistas cubanos del siglo XIX creían que era posible alcanzar prosperidad, libertades y desarrollo dentro del marco político existente. Los independentistas respondían que mientras la soberanía permaneciera en manos ajenas, cualquier avance sería limitado, condicionado y potencialmente reversible. La historia terminó dándoles la razón a quienes consideraban que el problema fundamental era político antes que administrativo.

En la Cuba actual, el debate reaparece bajo nuevas formas. Unos apuestan por reformas económicas graduales dentro del sistema vigente. Otros sostienen que ningún cambio económico podrá consolidarse mientras persistan el monopolio político, la ausencia de contrapesos institucionales y la concentración del poder en un único partido, institución (GAESA) o grupo oligárquico. Para estos últimos, el verdadero problema no es quién administra la economía (por lo que Miguel Díaz-Canel aparece como un ser descartable e intrascendente), sino quién tiene la facultad exclusiva de decidir las reglas del juego.

Estos nuevos autonomistas-reformistas suponen que la ciudadanía no tiene fuerzas para imponerse al poder y que sería inmoral que acudiera a un actor externo para forjar una alianza con la cual derrotarlo (como tuvieron que hacer al final nuestros independentistas del siglo XIX). También están convencidos de que la nación —que dicen querer preservar frente a la posibilidad de una intervención extranjera— olvidará sus aspiraciones de libertad cuando, apremiada por el hambre, vea un camino más corto para salir de la crisis.

La «pacificación» de la población, suponen, no será tan amarga a los ciudadanos de a pie si se logra a cambio de nuevas alianzas entre los déspotas cubanos con inversionistas extranjeros. Aunque estos sean alérgicos a la democracia y a los derechos de los trabajadores, nuestros oligarcas apuestan a que una población desesperada y sumisa aceptará cualquier cosa siempre que a corto plazo se creen nuevas fuentes de trabajo y se arregle la crisis de la infraestructura de los servicios públicos. Al igual que nuestros autonomistas del siglo XIX, menosprecian al pueblo cubano y sus aspiraciones libertarias. Quizás esa lectura tenga su raíz en un marxismo economicista y dogmático mal aprendido.    

Las experiencias internacionales demuestran que la prosperidad duradera no depende únicamente de mercados más abiertos, sino también de instituciones que protejan derechos, garanticen seguridad jurídica, permitan la fiscalización ciudadana y limiten el poder arbitrario. Sin esos elementos, las reformas económicas suelen quedar a merced de decisiones políticas que pueden modificarlas o revertirlas en cualquier momento.

Por eso, la discusión esencial no es entre estatismo y mercado. La cuestión de fondo es si los ciudadanos poseen mecanismos efectivos para controlar a quienes gobiernan y para decidir pacíficamente el rumbo de su nación. En otras palabras, si la soberanía reside realmente en el pueblo o en una elite que ejerce el poder sin competencia ni rendición de cuentas.

Tal vez la lección vigente que nos deja el enfrentamiento entre autonomistas e independentistas sea precisamente esa: ningún modelo económico puede sustituir indefinidamente la necesidad de instituciones libres. Porque, al final, detrás de toda prosperidad sostenible existe siempre una condición previa: que el poder responda a los ciudadanos y no los ciudadanos al poder.